Ha sido Housers, la plataforma de financiación participativa, la que se ha encargado de dar voz a estas empresas que llevan pidiendo desde que se aprobaron los avales públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que les dejen entrar. Y esto fue en marzo.
Una vez más, la startup ha resaltado la importancia de que las compañías dedicadas a financiar a empresas a través del crowdfunding o el crowdlending puedan colaborar en los próximos tramos del programa. Hace unos días se aprobó el cuarto y en total, ya están circulando 84.500 millones de los 100.000 que el Ejecutivo tiene previsto desbloquear.
La denuncia es clara, estas líneas de avales se han canalizado a través de bancos, establecimientos financieros de crédito y entidades de pagos supervisadas por el Banco de España, y piden que se incluya a entidades como las plataformas de financiación participativa (PFP), que operan bajo la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
DEMOCRATIZAR LA FINANCIACIÓN
Las plataformas de financiación participativa como Housers tienen la ventaja “de la capilaridad, de la agilidad y de ser completamente digitales”. No solo quieren democratizar la inversión, también el acceso a la financiación, explica el consejero delegado, Juan Antonio Balcázar.
La empresa se ha puesto a disposición del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Tesoro Público y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ofrecer su solución tecnológica de cara a ayudar a repartir mejor las ayudas públicas. Si bien, los inversores de estas plataformas podrían realizar préstamos a empresas y pymes, sabiendo que hasta un 80% de su préstamo está avalado por el Estado, a través del ICO.
Pero no son los únicos, desde que se aprobó esta medida extraordinaria a raíz del coronavirus, todas las fintech y demás entidades financieras han reclamado poder tener acceso a estas líneas de financiación y ser parte de la solución en esta crisis.
LA BANCA ACAPARA EL MERCADO
Los 100.000 millones de euros destinados a estos créditos se distribuyen entre cada entidad financiera en función de su cuota de mercado a cierre de 2019, de manera que los seis grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter) disponen de la mitad del presupuesto.
Las startups quieren formar parte de este negocio y no solo para conceder financiación, algunas quieren ponerse del otro lado y acceder a estos créditos para tener liquidez. En este sentido, Paco Navas, CFO de Bnext explica a MERCA2 que la labor del ICO está siendo “muy buena” para reactivar la economía, pero a las fintech no se les está incluyendo porque se les consideran empresas financieras y no entran dentro de los protocolos para que los bancos les den financiación.
“Nos consideran un banco como puede ser el Santander, pero somos una startup, una empresa innovadora que está empezando”. Además, incluso empresas que están dentro del paraguas de lo que se considera financiable no están accediendo a la línea de garantía “porque los bancos se están quedando sin línea de crédito para conceder todos los préstamos”.
APRENDER DE FUERA
El ecosistema pide que se mire lo que ocurre en otros países, donde estas plataformas si pueden acceder a estos programas de un lado y de otro, algo que ocurre por ejemplo en Italia, Francia y Holanda.
La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) también ha sido muy activa estos días y reclama la creación de un fondo de coinversión público-privado para préstamos que se convertirán en capital si no se reembolsan.
El ecosistema piensa que en España, la ley está en su contra. Para poder acceder necesitan ser contempladas como pymes y eso implica cambios en la norma. Por ejemplo, la exención de determinados criterios de facturación establecidos en el Real Decreto del 18 de marzo, dado que las fintechs y las startups de base tecnológica no poseen los mismos ratios que las pymes tradicionales.
Pero el tiempo corre en su contra, solo faltan por desbloquear 15.500 millones de euros. Y aunque en estos días, las Asociaciones han tenido reuniones con miembros del Ejecutivo para pedirles instrumentos concretos que sean accesibles para ellas, o en general, cualquier iniciativa que aumente su liquidez, de momento, no han tenido respuesta.
