La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el nuevo Plan Renove 2020, dotado de 250 millones de euros para la adquisición de vehículos a cambio de achatarrar uno antiguo, ha recibido ya más de 110.000 solicitudes desde su puesta en marcha el pasado mes de julio.

Así lo ha señalado en el Congreso de los Diputados tras ser preguntada por Idoia Sagastizabal, diputada del grupo parlamentario Vasco, por las acciones que está realizando el Gobierno para ayudar al sector de la automoción.

En este sentido, Maroto ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado «con hechos» su apoyo al sector, al cual ha «protegido» con un plan de 3.750 millones de euros para relanzar la industria del vehículo española.

Además de las 110.000 solicitudes de ayudas para la compra de un vehículo nuevo, Maroto ha señalado que su departamento ha movilizado 500 millones de euros a través de la línea ICO de vehículos de transporte por carretera profesional e industria y se han aprobado ya 2.000 operaciones por importe de 118 millones.

Sin embargo, Sagastizabal ha acusado a Maroto de realizar «marketing» y una «gran campaña de publicidad» donde solo hay «envoltorio pero no producto final». Por eso se ha referido a la anunciada Mesa de la Automoción, que solo se ha reunido una vez y «sin ningún avance».

La titular de Industria ha replicado que la Mesa de la Automoción se volverá a reunir «en las próximas semanas» y que esta espera para convocarla se debe a que se están poniendo en marcha las medidas del plan de impulso y se pretendía hacer una evaluación en la mesa.

«Una mesa que va a suponer una cogobernanza con las comunidades autónomas, con todos los gentes del sector donde vamos a poder evaluar todos los proyectos europeos. Sí, la mesa se convocará y va a ser sin duda una mesa de cogobernanza teniéndole la mano a todas las comunidades y a los agentes del sector para que pasemos de las palabras a los hechos», ha reivindicado Maroto.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un presupuesto específico para reforzar las medidas preventivas que eviten la entrada de la Peste Porcina Africana (PPA) en España, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis, ha remitido un documento de medidas al Departamento que lidera Luis Planas, en el que muestra la preocupación del sector ante el avance de los casos de PPA en varios países europeos.

«Venimos observando con cierto inquietud como desde la Administración, tanto central como autonómica, no se está destinando el esfuerzo necesario para evitar la entrada de la enfermedad. El pasado 10 de septiembre se detectó el primer positivo de PPA en Alemania en jabalí silvestre», ha indicado.

Bernis considera que es «necesario actuar ya, cuando por el momento no tenemos la enfermedad en España». «Más vale prevenir que curar. Estamos hablando de un sector, el porcino, que genera el 1,4% del PIB nacional y el 14% del PIB Industrial de España, en un contexto económico y social muy delicada por los terribles efectos de la pandemia por el coronavirus», ha señalado.

De esta forma, la organización agraria reclama una partida presupuestaria que esté dedicada a la prevención de la PPA, que sea soportada por todas las partes implicadas, por una parte la administración y por otra el sector en su conjunto, tanto industria como producción.

COAG considera que ese presupuesto específico debería priorizar en medidas como la gestión de la población de jabalíes, el instaurar y reforzar el control de entrada en frontera, especialmente en Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, debido al importante número de lechones que se importan procedentes de la UE, así como el control y seguimiento de los centros de concentración de lechones de importación.

También cree es que preciso reforzar la bioseguridad mejorando la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales a la salida de los mataderos, extremar las medidas y requerimientos de bioseguridad en las explotaciones ganaderas, además de tener en cuenta el alquiler o compra de un sistema para sacrificio masivo en caso de que apareciera un foco de animales positivos a la PPA.

Por último, COAG considera que hay que seguir insistiendo en las negociaciones con terceros países para reconocer el sistema de regionalización de la Unión Europea puesto en marcha para controlar la propagación de la peste porcina africana.

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha acogido con «moderada satisfacción» el acuerdo de prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), pero considera que será «insuficiente» sin un plan de reactivación para salvar al sector.

Los comerciantes han valorado positivamente que el Ejecutivo haya renunciado finalmente a la sectorialización de estas ayudas, una postura que había mantenido hasta unas horas antes de la reunión y que suponía dejar fuera de la extensión de los ERTEs a algunos sectores como el comercio, uno de los más afectados por la pandemia.

Sin embargo, desde CEC han mostrado su preocupación con otros puntos del acuerdo como es la no exoneración en las cuotas de la Seguridad Social para los ERTEs que se encuentran actualmente vigentes, a diferencia de los nuevos expedientes, para los que sí se contemplan exenciones decrecientes en función del mes y número de trabajadores.

Para la Confederación, en un contexto tan complicado como el actual, es de «vital importancia» para el comercio que todos los negocios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad puedan contar con esta protección.

La patronal del comercio ha subrayado que el clima general de incertidumbre, con los rebrotes y la delicada situación económica, ha provocado una «drástica» ralentización del consumo en el sector, que está registrando una reducción de la actividad de hasta el 50% en muchos subsectores y previsiones de cierre que alcanzan al 50% del sector a final de año, lo que supone la desaparición de casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo.

La CEC ha mostrado además su preocupación por la efectividad de este acuerdo que, pese a suponer «indudablemente» un avance, «por sí solo difícilmente podrá frenar los cierres en cascada que ya se están produciendo en el comercio», por lo que ha insistido en reclamar que, junto a estas nuevas medidas, se ponga en marcha también de forma urgente un plan estratégico de reactivación que «evite una catástrofe en el sector».

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha iniciado el expediente de devolución de 4.000 euros a cada autónomo societario al que se le denegó la tarifa plana previa reclamación, según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el mes de septiembre, la Seguridad Social cambió de criterio, tras tres sentencias del Tribunal Supremo, y estableció que los autónomos societarios tenían derecho a solicitar y beneficiarse de la bonificación de cuotas de la tarifa plana, según estimaciones de ATA, hay más de 100.000 autónomos societarios que se pueden beneficiar de esta reclamación.

Este cambio de criterio figuró en una nota emitida por el área de impugnaciones de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, que notificó a los departamentos regionales de impugnación la orden para que se tramitasen todas las solicitudes de la tarifa plana, tanto de personas físicas como de autónomos societarios.

El Supremo dio la razón a los autónomos que denunciaron que la Seguridad Social les impedía acceder a la tarifa plana para autónomos por su condición de societario en tres sentencias, al resolver que no podía «impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, a los trabajadores que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas».

Asimismo, dictó providencias del Alto Tribunal que inadmitían los recursos de casación interpuestos por la Tesorería General sobre este asunto al considerar que la cuestión objeto de debate ya quedó resuelta por la sentencia del 3 de diciembre.

Por ello, al existir ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el precepto, la Tesorería señaló que procedía «modificar el criterio que ha venido manteniendo de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 2/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo».

En cuanto a las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de los incentivos, señaló que únicamente procederá su revisión si se insta expresamente por los interesados, cuya tramitación y resolución, en su caso, corresponderá al órgano que dictó el acto originario.

El consumo de combustibles de automoción ralentizó su recuperación en agosto y cayó un 9% respecto al mes de julio y un 12,4% frente al mismo mes del año pasado, situándose en 2,2 millones de toneladas, según datos de Cores.

Este parón en la recuperación que venía registrando el consumo de estos combustibles en los últimos meses, tras el confinamiento por el Covid-19, se produjo a pesar de ser un mes en el que tradicionalmente se registran el mayor número de desplazamientos en coche por el periodo vacacional, aunque este año el comportamiento en el periodo estival ha estado también marcado por la crisis sanitaria.

En concreto, las gasolinas cayeron un 10,2% frente a agosto de 2019, con 472.000 toneladas, un consumo similar al agosto de 2017, aunque tuvieron un mejor comportamiento que los gasóleos de automoción, que descendieron un 13,0% con respecto al mismo mes del año pasado, registrando los menores consumos (1,727 millones de toneladas) para un mes de agosto desde 2003.

En el acumulado del año, el consumo de los combustibles de automoción registra un desplome del 21,0% frente a los ocho primeros meses de 2019, siendo mayor la caída en las gasolinas (-24,4%) que en los gasóleos de automoción (-20,2%).

En agosto, descendieron interanualmente el consumo de todos los grupos de productos, con los querosenos con la mayor caída (-64,6%), seguidos de fuelóleos (-28,9%), GLP (-10,8%), gasolinas (-10,2%) y gasóleos (-9,7%).

En el acumulado del año también presentan descensos todos los grupos de productos, con descensos del GLP (-18,3%), gasolinas (-24,4%), querosenos (-61,3%), gasóleos (-11,4%) y fuelóleos (-35,5%).

EL GAS NATURAL CAE

En lo que respecto al consumo de gas natural, registró una caída del 9,1% en agosto frente al mismo mes del año pasado, situándose en los 29.964 gigavatios hora (GWh).

Este mes repuntaron tanto el consumo convencional (+3,6%), como el GNL de consumo directo (+7,0%), mientras que disminuyó considerablemente el destinado a generación eléctrica (-24,5%).

En el acumulado anual, el consumo de gas natural registra una caída del 11%, con descensos del consumo convencional (-7,7%) y el destinado a generación eléctrica (-20,7%), mientras que aumenta el GNL de consumo directo (+5,1%).

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido este miércoles en que la recuperación económica «está en marcha» y todos los organismos prevén un crecimiento «intenso» de la economía superior al 10% el tercer trimestre, si bien ha remarcado que hay que controlar los rebrotes, poner en marcha el Plan de Recuperación y aprobar «cuanto antes» unos Presupuestos para 2021 para «seguir en la senda positiva».

Así lo ha señalado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Mario Garcés sobre si se reafirma en que la recuperación económica ya está en marcha, algo que la vicepresidenta ha vuelto a aseverar.

Calviño ha insistido en que la recuperación «está en marcha» y ha mantenido que la economía crecerá por encima del 10% entre julio y septiembre según las previsiones de todos los organismos, pero ha apuntado que hay que controlar los rebrotes, poner en marcha el Plan de Recuperación que ultima el Gobierno en el que se proyectarán proyectos de los fondos europeos y aprobar «cuanto antes» los Presupuestos del próximo año para continuar con la «senda positiva».

Ante las críticas de Garcés (PP) por los datos económicos y por «estar en manos del peor Gobierno«, Calviño ha pedido «actitud constructiva» y dejar de lado los «insultos», apelando actuar «con rigor», lo que empieza por «tener un buen diagnóstico de la situación y abandonar situaciones milagrosas como esa especie de bajada de impuestos mágicas» que plantean los ‘populares.

Asimismo, también ha apelado al diálogo y a la búsqueda del «máximo consenso», como el logrado para la Ley del Teletrabajo, la extensión de los ERTE o las prestaciones para autónomos, para lo que ha pedido el apoyo del PP de cara a su convalidación en el Congreso.

De igual forma, ha remarcado su apuesta por defender el interés general «con lealtad» y trabajar «intensamente» para defender ese interés general y la imagen de España «protegiendo el presente y el futuro de los ciudadanos», al tiempo que ha afeado a Garcés que su «jefe», en alusión a Pablo Casado, levante «dudas» sobre España en los socios europeos en un momento «tan delicado» de negociación sobre los fondos europeos de recuperación.

«El patriotismos no consiste en agitar banderas ni gritar viva el rey, sino en trabajar defendiendo el interés general de todos los ciudadanos, es justo lo contrario de lo que están haciendo, que tiene muchos nombres y ninguno de ellos es bonito», ha enfatizado Calviño, quien ha instado a Garcés a «arrimar el hombro y dejar de poner palos en la rueda para impulsar la recuperación por el bien de todos, por el bien de España».

EL PP LE PIDE QUE RENUNCIE

Por su parte, Garcés (PP) ha subrayado que «no hay ningún plano de comparación» respecto al «desmoronamiento» de la economía, el tejido productivo y social, ya que en el segundo trimestre se registró una caída del 21,5% del PIB, la mayor de entre los 27 países de la UE, por lo que ha defendido que «no es un dato fragmentario» como dijo Calviño, sino «real.

En este sentido, ha recordado que las peores caídas trimestrales se registraron en 1993 y 2008 con el exministro socialista Pedro Solbes. «Usted le está haciendo bueno a Pedro Solbes, es su réplica insustancial», ha apostillado Garcés, quien ha reprochado a Calviño que el ritmo de destrucción de empleo, del 7,5%, sea el triple que la media de la UE.

Por ello, le ha pedido que «renuncie» y le ha recordado que Solbes en 2008 admitió que se había equivocado porque «tenía que haber abandonado ese tren», por lo que le ha indicado que «tiene la posibilidad», teniendo en cuenta, además, que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cada vez que ejerce su poder verborreico hay una pérdida constante de capitales y de esa manera no se va a poder prosperar».

Los hogares españoles gastaron en el segundo trimestre, periodo que coincidió prácticamente con el estado de alarma por el Covid, menos de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro se situara en el 31,1%, su valor más alto de toda la serie, iniciada en 1999, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa supera en más de diez puntos el anterior máximo, del 20,1%, alcanzado durante el segundo trimestre de 2009, en la anterior crisis económica.

En términos desestacionalizados, la tasa de ahorro de los hogares también marcó máximos históricos al situarse en el 22,5% de su renta disponible. En sólo tres meses, esta tasa ha subido más de 12 puntos.

Entre abril y junio de este año los hogares recortaron su renta disponible bruta un 8,8%, hasta los 193.460 millones de euros, y su gasto en consumo se situó por debajo de esta cantidad, en 133.222 millones de euros, un 23,9% menos, de forma que su ahorro fue positivo.

En concreto, el ahorro de los hogares se situó en 60.204 millones de euros, frente a los 36.856 millones de euros del segundo trimestre de 2019.

Los hogares dedicaron el segundo trimestre 3.728 millones a inversiones, un 57,1% menos que en igual periodo de 2019. Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto a las transferencias de capital recibidas por el sector, se obtiene que los hogares mostraron una capacidad de financiación de 56.146 millones de euros en el segundo trimestre, más del doble que la del mismo periodo de 2019 (27.431 millones).

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

En el segundo trimestre, la economía española registró una capacidad de financiación de 2.144 millones de euros, el 0,9% del PIB, por debajo de los 11.737 millones de euros del mismo periodo del año pasado (3,7% del PIB).

El resultado del segundo trimestre de este año es consecuencia de la capacidad de financiación registrada por los hogares, las instituciones financieras y las sociedades no financieras, frente a la necesidad de financiación que mostraron las Administraciones Públicas, del 13,2% del PIB, máximo en 21 años.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la economía nacional registró una capacidad de financiación del 0,2% del PIB, cifra 1,6 puntos inferior a la del trimestre anterior.

La renta nacional bruta alcanzó entre abril y junio los 250.701 millones de euros, un 20,3% menos que en igual trimestre de 2019, tras reducirse un 23,1% el excedente de explotación de las unidades productivas, hasta los 105.422 millones de euros, y bajar un 14% la remuneración percibida por los asalariados, hasta los 125.607 millones de euros.

La renta nacional disponible bruta se situó en el segundo trimestre en 247.928 millones de euros, un 20,6% menos que en igual periodo de 2019. En datos desestacionalizados, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible retrocedieron un 17,3% y un 17,6%, respectivamente, en relación al trimestre anterior.

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS AAPP

De acuerdo con esta estadística, las Administraciones Públicas registraron en el segundo trimestre una necesidad de financiación de 61.589 millones de euros, casi el triple que el mismo periodo de 2019 (22.531 millones) y la mayor en cualquier trimestre desde que arrancó la serie.

Este fuerte repunte de la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas, motivado por la crisis sanitaria, se produjo tras reducirse su renta disponible en un 79,5%, hasta los 9.167 millones de euros, y aumentar su gasto en consumo en un 5,5%, hasta los 63.875 millones de euros.

Con todo ello, el sector registró un ahorro bruto negativo de 54.708 millones de euros, frente a los -16.372 millones del segundo trimestre de 2019. Este resultado, unido al saldo neto de transferencias de capital y a unas inversiones por valor de 6.866 millones de euros (+2,4%), llevaron a las Administraciones Públicas a registrar una necesidad de financiación de 61.589 millones en el segundo trimestre.

SOCIEDADES NO FINANCIERAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Por lo que respecta a las sociedades no financieras, su renta disponible bajó en el segundo trimestre un 17,4%, como consecuencia del descenso en un 16,7% del saldo de rentas primarias del sector, derivado a su vez del retroceso en un 31,4% de su excedente de explotación bruto.

No obstante, la renta disponible del sector, junto con su saldo de transferencias de capital, fue suficiente para financiar el volumen de inversión del sector (37.003 millones de euros, un 24,7% menos interanual) y obtener una capacidad de financiación de 3.497 millones de euros, frente a los 296 millones de euros del segundo trimestre de 2019.

Finalmente, las instituciones financieras presentaron una capacidad de financiación de 4.090 millones de euros, frente a los 6.541 millones del segundo trimestre de 2019.

La renta disponible bruta de las instituciones financieras alcanzó los 4.933 millones de euros entre abril y junio, un 23,5% menos que en el mismo periodo de 2019, tras disminuir su excedente de explotación bruto un 16,9% respecto al de un año antes.

El Instituto BBVA de Pensiones advierte en un estudio de que elevar la base máxima de cotización sin subir en paralelo la pensión máxima quebraría la contributividad del sistema en el caso de las rentas altas.

La base máxima de cotización este año se sitúa en 4.070,10 euros mensuales (48.841,2 euros anuales), de forma que las rentas que superan esta cantidad no cotizan a la Seguridad Social. La pensión máxima, por su parte, asciende este año a 2.683,34 euros mensuales (37.566,76 euros al año).

De esta forma, la actual relación entre la base máxima y la pensión máxima es del 77%, de manera que están cotizando más de lo que posteriormente perciben en forma de pensión, pues ésta se encuentra topada por ley.

También el Banco de España ha señalado recientemente que es necesario mantener el carácter contributivo del sistema para que exista una relación adecuada entre lo que aportan los participantes y lo que esperan recibir a cambio.

«La relación entre la base de cotización y la pensión es un elemento clave en la redistribución intrageneracional del sistema de pensiones. Los trabajadores que más cotizan ya están aportando solidaridad al sistema con esta parte de pensión no percibida. La cuestión es que, para mantener la contributividad del sistema, un aumento de las bases máximas debería ir acompañado de un incremento de la pensión máxima», explica el director del Instituto BBVA de Pensiones, Luis Vadillo.

Sin embargo, el problema es que si sube la base máxima en paralelo a la pensión máxima se neutralizaría el objetivo de incrementar los ingresos y reducir los gastos de la Seguridad Social, apunta Vadillo.

En opinión del Instituto, la subida de las bases máximas tendría dos consecuencias negativas. Para los trabajadores de mayores rentas supondría cotizar más sin obtener una pensión mayor, siempre y cuando no se aumentara de manera proporcional la pensión máxima. Para las empresas, los costes salariales subirían, pues tendrían que cotizar más por los empleados que excedan estos niveles de rentas.

Actualmente, la empresa se hace cargo del 23,6% de la base de contingencias comunes del trabajador, mientras que el trabajador asume el 4,7% de dicha base. «A largo plazo, esta medida puede tener perniciosos efectos sobre el mercado laboral, dado que las empresas perderían competitividad frente a competidores de otros países con costes laborales más contenidos», explica el Instituto.

«Al desincentivar la contributividad se pueden fomentar prácticas que busquen reducir o eludir las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que a la larga puede ocasionar un problema de mayor magnitud», argumenta Vadillo.

El Instituto BBVA de Pensiones recuerda que el sistema de la Seguridad Social se basa en España en varios principios y uno de ellos es la proporcionalidad contributiva, es decir, que las prestaciones que se perciben están directamente relacionadas con las aportaciones que se efectúan a través de las cotizaciones sociales, con las excepciones de los complementos a mínimos y rentas elevadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso que planteará una revisión de la legislación para agilizar la ejecución de los fondos europeos, y ha anunciado que, para ello, instalará una unidad de seguimiento en Moncloa.

Asimismo, ha asegurado que él mismo presidirá una Comisión interministerial y que las comunidades autónomas participarán también en otra Comisión presidida por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Por otro lado, el Ejecutivo propondrá el control parlamentario de estos fondos y su evaluación a través de la Comisión Mixta para las relaciones con la Unión Europea, integrada por diputados y senadores.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha informado de que en la última reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron la celebración de una conferencia de presidentes autonómicos a finales de octubre o principios de noviembre junto con la presidenta para hablar de este fondo de recuperación.

BAJA EJECUCIÓN

Todo ello ante la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso le ha advertido de que entre 2014 y 2020 apenas se han ejecutado un 30% de los fondos procedentes de la Unión Europea, y le ha preguntado por la gestión que piensa hacer.

Así, le ha instado a «articular una nueva legislación específica» para tramitar los fondos «si se quiere ser efectivo». «Tal y como está la legislación actual, no llegaríamos nunca, sería un auténtico cuello de botella», le ha alertado, animando al Gobierno a «ser imaginativo» y anticipar cambios legales que «puedan servir para un nuevo modelo de gestión».

Esteban también ha incidido en que la industria «tiene que tener una presencia relevante si se quiere ser verdaderamente transformador y poner las bases para una economía diferente. En este sentido, ha lamentado que «sorprende el limitado énfasis» al sector en los planteamientos iniciales por parte de España.

Asimismo, ha advertido al presidente de que «no puede ni debe gobernar en exclusiva o cuasi exclusiva» estos fondos, pidiéndole que cuente con las comunidades «en su diseño, pero también en su gestión si realmente se quiere llegar más allá de la gran empresa» y que los proyectos sean «aquellos que cambien el modelo productivo» y «donde haya tejidos suficientes para llevarlos a cabo». «Los clústers son fundamentales», ha apostillado.

Frente a ello, Sánchez ha comprometido una «revisión de la legislación básica para garantizar esa ejecución», y ha compartido con el portavoz del PNV en el Congreso la importancia de la industria, así como el compromiso de «cogobernanza» de estos fondos.

Así, ha asegurado que ya en la última Conferencia de Presidentes les trasladó que la voluntad del Gobierno es «cogobernar» estos fondos, dadas las competencias transferidas que tienen las administraciones autonómicas en aspectos como la renovación urbana, la rehabilitación de viviendas o la movilidad sostenible.

El precio medio de la vivienda en España registró una caída del 0,4% en el tercer trimestre de este año, lo que supone el primer descenso interanual desde el tercer trimestre de 2015, al tiempo que experimentó un descenso del 1,6% durante la crisis sanitaria, entre el primer y el tercer trimestre, hasta situarse en 1.361 euros por metro cuadrado, según las tasaciones de vivienda nueva y usada realizadas por Tinsa.

En concreto, Tinsa constata un ajuste generalizado de valores en el tercer trimestre de este año, después de un segundo trimestre en el que el confinamiento alteró la dinámica del mercado y la obtención de valores medios representativos.

El precio medio en España es un 13,7% superior al mínimo registrado en la crisis anterior y se mantiene un 33,6% por debajo del nivel máximo alcanzado durante el ‘boom’ inmobiliario, en 2007.

En todas las comunidades autónomas el precio medio de la vivienda fue inferior al que registraban al cierre del primer trimestre, cuando se decretó el estado de alarma. Los mayores ajustes durante la crisis, por encima del 8%, se registraron en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En tasa interanual, Baleares y Canarias (+0,4%) y el Principado de Asturias (+3,0 %) fueron las únicas regiones que mantuvieron incrementos en tasa interanual. Los mayores descensos en los últimos doce meses se localizaron en La Rioja, Extremadura y Andalucía, con caídas superiores al 5%.

El ajuste sufrido en los últimos meses situó el precio medio en Castilla y León, Extremadura y Galicia en su nivel mínimo desde que estallara la crisis financiera en 2008. En el extremo contrario, la Comunidad de Madrid mantuvo un valor medio un 36,5% superior al mínimo que marcó durante la crisis financiera.

En Cataluña, por su parte, el aumento desde su mínimo alcanzó el 28% y el 24,7% en Navarra.

«Las distintas cifras regionales comparten el signo negativo en sus tasas de variación respecto al primer trimestre del año y son mayoritarios los descensos interanuales. El hecho de que estos descensos sean la tónica actual, más allá de las distintas cifras registradas, apunta al comienzo de una nueva tendencia que, en los próximos meses, podrá evidenciar la intensidad del ajuste y la posible heterogeneidad geográfica que se produzca», ha resaltado el director del Servicio de Estudios de Tinsa, Rafael Gil.

Según Tinsa, mercados del interior peninsular son los que más han acusado el ajuste de valores durante en los seis meses de crisis sanitaria.

Así, septiembre se caracterizó por una tendencia de ajuste de precios, tras un agosto relativamente estable. Pese a ello, todavía 13 provincias y 18 capitales mantienen precios superiores a los que tenían hace un año.

Las capitales del interior peninsular concentraron los descensos más significativos durante la crisis sanitaria y nueve ciudades mostraron descensos superiores al 10% desde el primer trimestre de este año, destacando Ourense, Zamora y Valladolid con los ajustes más intensos.

Entre las cinco mayores capitales españolas, Zaragoza es la que más ha visto reducido su valor medio desde el primer trimestre del año (-7,9%).

En Barcelona, por su parte, el ajuste desde el inicio de la crisis sanitaria es del 4,3% (-4,7% interanual), mientras que en Madrid el valor se ha reducido un 5,8% desde el primer trimestre del año y un 3,6% en tasa interanual.

Madrid no registraba caídas interanuales en el precio medio de la vivienda nueva y usada desde el primer trimestre de 2015, al tiempo que en Barcelona los descensos interanuales comenzaron hace ya un año, en el tercer trimestre de 2019.