El Consejo de Ministros aprobará este martes la oferta de empleo público para 2020, que contará con 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año pasado (la mayor de los últimos diez años), si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización.

Además, la OEP de este año incluye 18.266 plazas para la Administración General del Estado (AGE), que incluye 8.996 plazas de promoción interna, la mayor de la historia, y 9.279 plazas de nuevo ingreso.

Los sindicatos no respaldaron la semana pasada el acuerdo para las plazas de la AGE al considerarla «insuficiente».

Además, se aprobará la misma tasa de reposición existente en los Presupuestos de 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla del gasto y será del 100% con carácter general, del 110% en sanidad y educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y del 115% en fuerzas y cuerpos de seguridad.

La última y definitiva propuesta de empleo público para este año del Gobierno para la AGE es de 18.266 plazas, frente a las 19.688 plazas de la anterior oferta de empleo (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).

LOS SINDICATOS LA VEN «INSUFICIENTE» Y PIDEN UN PLAN A MEDIO PLAZO

Fuentes de CSIF denunciaron que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos.

Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está, por tanto, a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de «colapso» en la AGE en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF planteó un plan plurianual que quedó en «saco roto».

De igual forma, CC.OO. no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública «vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía».

En este sentido, CC.OO. explica que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, si bien la OEP propuesta es de 9.270 puestos, por lo que «se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas del 6%», y en su lugar exige una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, de un 26% sobre la tasa de reposición.

Con respecto a la distribución en grupos, critica que la propuesta «descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral», efectivos que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía.

En su lugar, propone evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y sobre estos dos análisis, desarrollar un modelo de Administración y adecuar la OEP a estas necesidades, así como impulsar una OEP extraordinaria reconociendo los déficit de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía -SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación o Instituciones Penitenciarias-.

Por su parte, el responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, explicó a Europa Press que la última reunión de la negociación de la OEP de 2020 fue «razonablemente bien», pero «no lo suficientemente bien», ya que, aunque se elevó la oferta a 9.270 en las plazas de turno libre, superando los efectivos perdidos este año (8.054), y se eleva al récord de 8.996 plazas en promoción interna, es «insuficiente» para paliar el déficit estructural que se arrastra de la anterior crisis.

UGT insiste en que se necesita un pacto para la legislatura que aborde las necesidades de empleo público a medio plazo, y espera que pronto se convoque la Mesa General de la AGE para tratar también el asunto de los salarios.

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para llevar este martes el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación al Consejo de Ministros.

Concretamente, se ha alcanzado un pacto para regular el precio de los alquileres en un horizonte temporal de cuatro meses y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM). El contenido concreto del acuerdo será detallado este martes.

Con ello, se desatascan los últimos flecos que mantenían los dos socios de coalición al atenderse dos reivindicaciones que desde la formación morada se habían planteado como fundamentales para validar las cuentas públicas.

Por tanto y una vez alcanzado ese consenso, el borrador se aprobará en la fecha prevista inicialmente y no a finales de semana. De hecho, diversas fuentes conocedoras de los contactos incidieron la semana pasada en que el acuerdo debía obtener refrendo tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

La negociación se había tensionado en las últimas horas. Unidas Podemos había indicado por la tarde que aún no había acuerdo cerrado sobre los Presupuestos, demandando compromisos concretos para la limitación del precio del alquiler y avances en el Ingreso Mínimo Vital.

Esa postura contratastaba con lo manifestado por la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó en la Conferencia de Presidentes autonómicos que iban a aprobarse en la fecha prevista un anteproyecto de cuentas públicas para 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.

Las mejoras en el IVM es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir la regulación del precio del alquiler, compromiso del acuerdo de gobierno, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia.

Pero además, en Unidas Podemos apostaba por la regulación del alquiler como elemento clave para facilitar la aprobación de los propios Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.

Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma «urgente», suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos. De hecho, en Madrid la formación ha registrado una Proposición No de Ley para que se adopten medidas que regulen el precio del arrendamiento.

Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo abogaban por esperar: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su homólogo de Transportes, José Luis Ábalos, remitían a la nueva Ley de Vivienda, aunque en los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.

MEDIDAS DE LOS PGE

Lo que sí estaba despejado es el Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas.

El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos ‘verdes’, a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas, las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y cambios en imposición directa e indirecta, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.

La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Entre las medidas que recogerá el proyecto de Presupuestos figura un nuevo impuesto a los envases de plástico, la subida del 10% al 21% del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, cambios y novedades en fiscalidad verde y en imposición directa a indirecta.

También recogerán la eliminación de los incentivos fiscales en el IRPF a planes de pensiones privados y un impulso de los planes de empresa y parece haberse descartado la eliminación de las exenciones del IVA a los servicios educativos y sanitarios privados que barajaba el Gobierno y que habría supuesto una implantación de un 21% de IVA a la educación y sanidad privada.

TRAMITACIÓN

Una vez remitido el anteproyecto de Presupuestos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.

Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.

Tras recibir los Presupuestos, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto.

La contratación de oficinas en Madrid ha mostrado signos de reactivación entre julio y septiembre, y la demanda potencial en Barcelona ha dado señales de una mayor actividad con el inicio de la desescalada, según el estudio ‘Office Pulse’ de Savills Aguirre Newman.

En el estudio, la consultora constata una reactivación del sector de las oficinas en un mercado donde la disponibilidad se mantiene en niveles bajos (4,98%), ha informado este lunes en un comunicado.

Para elaborar el estudio, expertos de la compañía han compartido datos del comportamiento de los nueve primeros meses del año, tendencias del mercado y previsiones de futuro.

Durante el tercer trimestre del año, la contratación ha ascendido a más de 96.000 metros cuadrados de oficinas en Madrid y 35.000 metros cuadrados en Barcelona: las rentas se han mantenido en niveles altos similares a los de principios de año, aunque con ajustes puntuales.

La disponibilidad ha subido ligeramente en ambas ciudades y la previsión, según Savills Aguirre Newman, es que «siga aumentando de forma moderada por la entrada de obra nueva», rehabilitaciones y por desocupación de segunda mano.

En el mercado de inversión, el acumulado en el tercer trimestre es de 1.500 millones de euros hasta octubre, impulsado principalmente por capital extranjero, con un 65% en Madrid y un 35% en Barcelona, como fue habitual en los últimos años.

FUTURO OPTIMISTA

A pesar de que actualmente hay pocos procesos oficiales de inversión en estas capitales, Savills Aguirre Newman constata que existe una gran actividad ‘off market’, lo que permite ser optimistas de cara al futuro próximo.

«Tanto en Barcelona como en Madrid existe un ‘pipeline’ por valor de 700 y 1.000 millones de euros, respectivamente, que se está negociando, por lo que podríamos cerrar el año con unos niveles de inversión negociados de entre 2.200 y 2.300 millones, que no es mala cifra en la situación en la que estamos», ha augurado el director ejecutivo de la división de oficinas de la consultora, Hipólito Sánchez.

MERCADO DE BARCELONA

La contratación en Barcelona hasta octubre se ha situado en torno a los 123.000 metros cuadrados, si bien se ha reducido «notablemente» el volumen de contratación en comparación con el mismo periodo de 2019 como consecuencia de la pandemia.

Hay tener en cuenta que el 63% de la nueva superficie disponible en 2020 ya estaba prealquilada y el 21% de la superficie de cara al año que viene también se ha prearrendado, lo que ayuda a mantener un nivel de desocupación que, aunque se ha incrementado hasta el 4,98%, sigue todavía «muy bajo».

La directora asociada de leasing de oficinas de Savills Aguirre Newman Barcelona, Natalia Montal, ha destacado que el mercado de Barcelona crecerá su oferta en 2021, pero sobre todo en 2022.

CONTENER EL VOLUMEN

De los cerca de 400.000 metros cuadrados previstos para entregarse en 2022, calculan que unos 85.000 metros cuadrados «muy probablemente» retrasarán su entrega al 2023 o incluso años posteriores, lo que ayudará a contener el volumen de incorporación de nueva oferta para ese año.

Las rentas en Barcelona han experimentado un ligero ajuste de sus valores teóricos el 2020, y aún así, siguen «siendo más altas que hace un año, lo que demuestra que el mercado sigue acusando cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda».

MERCADO EN MADRID

En Madrid, la contratación acumulada hasta el tercer trimestre es de 265.000 metros cuadrados, 96.000 de ellos en el último trimestre, casi el doble que en el segundo trimestre del año, y la mayor parte de las operaciones se han concentrado en áreas de la periferia cercana, entre la M30 y la M40.

A cierre de septiembre, el ‘stock’ total para oficinas en Madrid superaba los 13.713.000 metros cuadrados y sumando los proyectos de obra nueva y rehabilitación que están en marcha, «se prevé que aumente esta superficie» en más de 420.000 metros cuadrados de cara a lo que queda de 2020 y 2021.

El Gobierno de coalición aprobará este martes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y, una vez remitidos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.

Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.

Tras recibir los Presupuestos, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Además, el órgano de gobierno del Congreso abrirá un plazo hasta el día 30 de octubre para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos con el fin de que expliquen las cuentas de los distintos departamentos.

COMPARECENCIAS DE ALTOS CARGOS LA PRÓXIMA SEMANA

Tras la ronda de comparecencias, prevista para la primera semana de noviembre, los grupos deberán decidir si presentan o no enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el plazo para la presentación de estas enmiendas de devolución finalizará a las 14 horas del viernes 6 de noviembre, y a la semana siguiente sería su debate y votación.

En ese debate de totalidad, los días 11 y 12 de noviembre, la ministra de Hacienda defenderá su proyecto ante el Pleno del Congreso y, tras el debate, las enmiendas de totalidad se votarán de una tacada, es decir, en una única votación, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno. No se necesitan mayorías reforzada, sino que bastan más votos a favor que en contra.

En esa primera votación cayeron los Presupuestos Generales de 2019 que el PSOE y Unidas Podemos habían pactado en enero de ese año, provocando la disolución de las Cortes y la celebración de las elecciones del 28 de abril.

Si superan ese examen, los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de cada una de las secciones de los Presupuestos (las cuentas de cada Ministerio). Ahí el Gobierno no puede perder votaciones porque el derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto.

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha reclamado este lunes cambios legales y más medios humanos y materiales en la Inspección de Trabajo para evitar la utilización de falsos autónomos en relaciones laborales.

Así, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y Compromís han aprobado una proposición no de ley de Compromís, finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos que exige «poner fin a la proliferación de la figura de los falsos autónomos». Vox ha votado en contra y el PP y Ciudadanos se han abstenido.

Concretamente, el texto sometido a votación reclama regular en el marco del diálogo social el trabajo realizado a través de medios tecnológicos o digitales con el fin de evitar su utilización para ocultar la existencia de relaciones laborales y poner fin a esta figura de los falsos autónomos.

Asimismo, la iniciativa reclama aumentar la eficacia de las actuaciones en la Inspección de Trabajo, dotándola de más recursos humanos y económicos, para garantizar la empleabilidad adecuada por parte de las plataformas digitales y no bajo la figura de falsos autónomos.

También el cumplimiento de los derechos en materia de jornada, salarios, períodos de descanso y vacaciones, salud, seguridad laboral, negociación colectiva para formar sindicatos y cooperativas, y el acceso a formación y capacitación profesional.

En su defensa de la iniciativa, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado las sentencias favorables a las reclamaciones de los trabajadores falsos autónomos, aplaudiendo la organización de los mismos, y ha reclamado la regulación de estas relaciones entre empresas y trabajadores.

Esther Peña, del PSOE, y Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, han recordado que el Gobierno ya ha iniciado los cauces para abordar una regulación «que acabe con el fraude» y recordando que España es el país con más trabajadores en estas plataformas.

La diputada de Esquerra Republicana Marta Rosique ha asegurado que «no se trata de una cuzada» contra el trabajo en plataformas digitales, sino contra las situaciones de fraude, mientras que por el PNV Iñigo Barandiaran ha destacado cómo estas nuevas formas de trabajo serán mayoritarias y ha defendido la laboralidad de las existentes.

EL PP, VOX Y Cs SE DESMARCAN DE LA PROPUESTA

Por el PP, Javier Bas ha lamentado que la propuesta no atienda reivindicaciones de todos los autónomos –«No a las de otros que quieren seguir siendo autónomos», ha asegurado– por lo que ha defendido que los trabajadoras puedan elegir su régimen en la reforma que prepara el Gobierno.

Para María Muñoz, de Cs, las reivindicaciones de la iniciativa ponen «en el disparadero» todos los empleos de estas plataformas, y ha rechazado que la solución sea «instrumentalizar a la Inspección como si fuera un sabueso», defendiendo una definición «con más precisión» de estos servicios que se prestan bajo demanda.

«El aroma que se desprende es de mayor presión a las empresas», ha asegurado Juan José Aizcorbe, de Vox, que ha criticado que se insita en inspecciones y en regular, y ha justificado su rechazo en que el Gobierno ya ha anunciado una ley para ello y, por tanto, «no tiene encaje en esta Comisión».

La Unión Europea finalmente apoyará a la candidata nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), frente a la otra finalista, la surcoreana Yoo Myung-hee, y ello tras superar las diferencias de criterio de los gobiernos europeos, que en una primera fase no lograron consensuar un candidato europeo y que en esta última etapa han defendido posiciones divergentes hasta el último momento.

El asunto llegó a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno europeos que se reunieron en una cumbre los pasados jueves y viernes en Bruselas, pero las dudas de una decena de delegaciones obligaron a aplazar la decisión para dar más tiempo a las discusiones entre capitales.

Finalmente, la candidata nigeriana «tiene el apoyo de la Unión», según han informado fuentes europeas, tan solo un día antes de que concluya la tercera y definitiva fase de consultas entre los miembros de la OMC para elegir al relevo del brasileño Roberto Azevedo.

El consenso a Veintisiete tardó en llegar porque varias delegaciones defendían que la candidata más adecuada era la surcoreana –cerca de una decena según fuente diplomáticas–, aunque finalmente una mayoría de ellas se mostró dispuesta a levantar sus reservas en aras de la unidad a Veintisiete.

Pese a ello, al menos cinco países, entre ellos los más reticentes –Hungría y Letonia–, harán constar en las actas de la decisión que respaldan a Ngozi Okonjo-Iweala para mantener la unidad del bloque comunitario a pesar de que su preferencia era la otra aspirante.

Una vez cerrada la última etapa del proceso de selección este martes, la troika encargada de coordinar la elección de la nueva directora general de la OMC entregará su evaluación sobre cuál de las dos candidatas tiene más probabilidades de obtener el consenso de los miembros.

Con posteridad, el presidente del consejo general de la OMC convocaría un Consejo General formal y presentaría la recomendación de la troika a los miembros para la adopción de una decisión formal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado este lunes que estudiará convocar movilizaciones si no se abre una negociación de legislatura para mejorar las plantillas de las administraciones públicas y sus salarios.

Así lo ha señalado en un comunicado tras reunirse junto con los demás sindicatos del área de la Función Pública con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En este encuentro, se les ha presentado a los sindicatos las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia de salarios y de oferta de empleo público (OPE).

Tras la reunión, el sindicato que lidera Miguel Borra ha señalado que rechaza tanto la oferta de empleo público como la propuesta de subida salarial.

De hecho, cree que el incremento de los salarios de los empleados públicos del 0,9% para 2021 «no reconoce ni la labor realizada frente a la pandemia ni de lejos la pérdida de poder adquisitivo desde 2010».

Además, considera que la OPE de 2021 es «insuficiente» porque «no cubre ni la urgencia de la situación (las personas aspirantes se incorporarán como pronto en año y medio) ni las necesidades estructurales que ha puesto en evidencia la pandemia».

El sindicato ha pedido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público y realizar una planificación de las necesidades de las plantillas de los distintos cuerpos.

También ha denunciado las carencias en las plantillas de Policía Local para garantizar las restricciones a la movilidad nocturna, así como en Sanidad, «donde apenas se han producido refuerzos durante el último mes», pese a la entrada en vigor del Real Decreto Ley que contemplaba la contratación de 10.000 nuevos efectivos.

Asimismo, ha recordado que continúan los problemas en la gestión de las prestaciones en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o en la Seguridad Social, pero también las dificultades en educación o el incremento de asuntos en la administración de justicia.

REFUERZO DE PLANTILLAS Y SUBIDA SALARIAL DEL 3% CADA AÑO

Por ello, ha pedido un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años para «afrontar las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia» y ha recordado que se necesita un plan adicional en sanidad, con 289.235 plazas nuevas entre este año y el que viene.

Por otro lado, CSIF ha reclamado que se ponga en marcha un acuerdo salarial a varios años que permita que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2010, que oscila entre el 12,9% y el 17,9% en función de los diferentes grupos profesionales. Así, considera que este acuerdo supondría un incremento del 3% cada año.

La redacción de una nueva Constitución en Chile generará incertidumbre hasta su conclusión en 2022 y podría afectar «negativamente» tanto al sentimiento de los inversores como a las tendencias del gasto público, según ha señalado la agencia calificadora Moody’s.

La firma considera que la introducción de cambios institucionales importantes en el nuevo texto constitucional es poco probable, ya que existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como es el mercado libre, los derechos de propiedad privada y un banco central independiente.

El pasado 25 de octubre un 78% de chilenos aprobó mediante un plebiscito la redacción de una nueva constitución en el país andino para sustituir su anterior carta magna, que databa del 1980 y estaba vinculada a la dictadura de Augusto Pinochet.

Los ciudadanos también decidieron (con el 79% de los votos) realizarla sobre una convención constitucional, esto es, de modo que la convención encargada de redactar el nuevo texto estará compuesta en su totalidad por 155 miembros elegidos por la ciudadanía.

La opción alternativa era una convención mixta, que estaría conformada por 86 miembros seleccionados por el Congreso y 86 miembros elegidos por el pueblo. La convención constitucional comenzará a redactar la nueva constitución en junio de 2021 y tendrá hasta mayo de 2022 para finalizar la nueva constitución, que estaría sujeta a otro plebiscito.

«Observamos que el resultado del proceso reflejará las opiniones de la mayoría del órgano constitucional porque al menos dos tercios de los miembros redactores son necesarios para aprobar la constitución», apunta Moody’s.

Sin embargo, la agencia explica que existe el riesgo de que la convención constitucional pueda establecer prioridades políticas en la redacción del texto. De su lado, la calificadora observa varios riesgos en materia de gasto público e intervención estatal en la economía.

De este modo, Moody’s cree que la convención podría impulsar el gasto para expandir significativamente los derechos sociales garantizados, una medida que aumentaría materialmente gasto del gobierno por mandato constitucional.

A su vez, la convención podría definir un papel más activo del Gobierno en la economía, lo que puede conducir a un aumento sustancial de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y competitividad», apostilla.

La agencia también considera que la redacción de una nueva Constitución canalizará el descontento social del país de manera institucional, lo que ayudará a abordar demandas que han sido fuente de protestas persistentes, aunque, sin embargo, presenta riesgos a medio plazo.