Unidas Podemos asegura que no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación en el Consejo de Ministros, según han indicado fuentes de la formación.

Esta visión contrasta con lo manifestado ya esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había avanzado en la Conferencia de Presidentas autonómicos que el anteproyecto de los PGE será presentado por el Ejecutivo este martes y aprobado en el Consejo de Ministros.

Por tanto, se mantienen aún ciertas discrepancias entre los socios de coalición para cerrar las cuentas públicas de 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.

De hecho, diversas fuentes conocedoras de las negociaciones incidieron la semana pasada que el acuerdo debía obtener refrendo tanto de Sánchez como del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hasta el viernes, la negociación ha sido capitaneada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de la formación ‘morada’, Nacho Álvarez.

REGULACIÓN DEL ALQUILER, CUESTIÓN CENTRAL

El principal nudo que hace que no haya aún acuerdo completo es la exigencia desde Unidas Podemos de incluir una serie de mejoras para garantizar por fin el buen funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IVM) e impulsar una regulación sobre el precio del alquiler, con vistas a preservar que no se produzcan subidas abusivas en territorios con mercado tensionado.

Las mejoras en el IVM es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir ya la regulación del precio del alquiler, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia.

Pero además, en Unidas Podemos son partidarios de que introducirlo la cuestión del alquiler facilitará la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.

Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma «urgente», suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos. De hecho, en Madrid la formación ha registrado una Proposición No de Ley para que se adopten medidas que regulen el precio del arrendamiento.

Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo aboga por esperar: Montero aplazó dicha regulación a la nueva Ley de Vivienda que última el Ministerio de Transportes, aunque apuntó que los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.

Esta divergencia enfría a estas horas culminar el anteproyecto de PGE de cara a la sesión ordinaria del Consejo de Ministros de mañana, que se mostraba como la más plausible a tenor de lo apuntado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ya se apuntaba días atrás que pudiera haber algún retraso y se abría la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes en lugar del martes.

CONFIRMADA SUBIDA SALARIAL DEL 0,9% A FUNCIONARIOS

Lo que sí está despejado es el Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas, según han confirmado en fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

También se había suscitado ciertos escollos en lo relativo a la subida del IRPF, ya que Unidas Podemos reclamaba un alza de este gravamen a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que opta por no incluirlo o que afecte a rentas de más de 300.000 euros.

Sobre aumentar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, Montero ya confirmó que los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado, aunque falta por conocer el porcentaje concreto que se articulará.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo aprobará este martes en el Congreso la revisión de sus recomendaciones, acordadas finalmente el pasado viernes, y que elevará posteriormente al Pleno de la Cámara, ya en noviembre.

Para la votación, han confirmado su voto favorable el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts y el PNV, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu aún no han confirmado el sentido de su voto.

Entre las principales recomendaciones están la de sanear el déficit del sistema de pensiones a partir de un reordenamiento de sus gastos, recuperar el IPC como referencia para la subida de las pensiones, fomentar el retraso de la jubilación, los planes de empresa complementarios y la elección de los mejores años de cotización para cubrir lagunas de cotización.

Estas son las principales recomendaciones acordadas, según el texto:

RECHAZO A UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DEL SISTEMA

– Reconocimiento de la Seguridad Social como «columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada».

– Rechazo a una «transformación radical del sistema» que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.

– No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.

– La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).

– La fuente básica de finaciación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales «basados en la imposición general».

EL ESTADO DEBE ASUMIR GASTOS

– Reconocimiento de que las políticas de empleo explican «en buena medida el déficit existente» y que las cotizaciones soportan gastos que «deberían ser asumidos por el Estado».

– Los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.

– Calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.

– Estudiar qué se ha asumido indebidamente para tener «una imagen fidedigna» de la Seguridad Social.

ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES SEGÚN EL IPC

– Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

– Revalorización con arreglo al IPC real.

– Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos.

– Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.

– Asume la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.

– Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (evitar lagunas de cotización).

– Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.

EDAD DE JUBILACIÓN

– Aproximar «tanto como sea posible» la edad de jubilación efectiva a la edad legal.

– Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).

– Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.

– Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos «inequitativos» de estas penalizaciones.

– Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

– Preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.

– Pide mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales «más vulnerables».

– Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos».

BRECHA DE GÉNERO

– Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos.

– Introducir correcciones contra las lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.

– Retomar la regla por la que los excedentes de las cotizaciones, «sin límite alguno», se deben incorporar al Fondo de Reserva.

FONDO DE RESERVA

– La caída de activos del Fondo de Reserva «en ningún caso se utilizará» para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones.

– Plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.

– En la línea de corregir «una excesiva dependencia de las cotizaciones», si la revolución tecnológica implica más productividad pero no empleo, «encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales».

JÓVENES

– Impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el impulso a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.

– Mejora del marco de relaciones laborales que permita combatir la precariedad de los jóvenes.

– Garantizar y mejorar la protección social de los becarios con una legislación que mejore su protección social y garantice su derecho a una carrera profesional «adecuada y justa».

MIGRANTES

– La Administración intensificará su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes.

– Canalizar el flujo de migraciones a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo.

– Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

– Favorecer la integración social de los trabajadores migrantes y la de sus familias.

El consejo de administración de Corporación Financiera Alba ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2020 de 0,50 euros por acción, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El dividendo se abonará este jueves, 29 de octubre, siendo la última fecha de negociación con dividendo hoy y la fecha de cotización ex dividendo mañana.

Corporación Financiera Alba obtuvo un beneficio neto consolidado de 166 millones de euros durante el ejercicio 2019, lo que representa un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo de un año antes.

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que no existe ningún impedimento legal para que el Gobierno adelante con deuda nacional las ayudas europeas que planea pedir con pargo al fondo de recuperación en 2021, a la espera de que puedan ser desembolsadas durante la segunda mitad del próximo año.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, ha asegurado que «nada impide a España», como «Estado soberano», acudir a los mercados de deuda «a la espera de recibir las subvenciones de parte de la Unión Europea». «No pienso que haya en el proyecto sobre este tema ninguna limitación en este sentido», ha añadido.

El Gobierno español ha anunciado, ya que pretende presupuestar en 2021 un total de 27.000 millones de euros, de los cuales 25.000 millones provendrán del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (RRF) y los otros 2.000 millones de la herramienta REACT-EU, que son ayudas para las regiones del bloque.

Sin embargo, Bruselas calcula que la primera emisión de deuda para financiar el plan europeo de recuperación económica no tendrá lugar hasta el verano de 2021, lo que retrasaría la llegada de las primeras transferencias a la segunda mitad del próximo año.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario ha avalado el plan de España de ir adelantando este dinero a través de deuda nacional, algo que no impiden las reglas que constan en los borradores legislativos que componen el fondo de recuperación comunitario.

Para los próximos tres años, España tiene la intención de utilizar los aproximadamente 72.000 millones de euros que le corresponden en transferencias: 59.000 millones del RRF, unos 12.000 millones del REACT-EU y otras partidas para Desarrollo Rural (729 millones) el Fondo de Transición Justa (450 millones).

Por su parte, la portavoz de Economía de la Comisión Europea, Marta Wieczorek, ha recordado que los Estados miembros pueden pedir hasta 2023 la parte de créditos asignada a cada uno para completar el presupuesto de las reformas e inversiones contempladas en sus planes nacionales.

Cada socio comunitario puede pedir préstamos de hasta un 6,8% de su Renta Nacional Bruta (RNV) de 2019, lo que se traduce en créditos de hasta 85.000 millones de euros en el caso de España.

El Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas, según han confirmado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Así se lo va a trasladar el Gobierno a los sindicatos del área pública en la reunión de este lunes por la tarde de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar la Oferta de Empleo Público de 2020 y los Presupuestos 2021, en lo referido al alza salarial y las plazas públicas.

El Ejecutivo ha decidido finalmente que aprobará una subida del sueldo de los empleados públicos del 0,9% en 2021, en línea con la revalorización de las pensiones ligadas al IPC trasladada a Bruselas en el Plan Presupuestario.

Esta subida es inferior a la del 2% aprobada para este año, que podía alcanzar hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública destacan que con el incremento salarial a los funcionarios se quiere reconocer la labor del personal de los servicios y las administraciones públicas, con un trabajo «imprescindible» en una situación «difícil» por la pandemia.

En 2018 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alcanzó un acuerdo con los sindicatos para fijar subidas salariales hasta 2020 de entre el 6,1% y el 8,8% vinculadas al crecimiento y al cumplimiento de los objetivos de déficit.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 28.000 PLAZAS

En cuanto a la Oferta de Empleo Público, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública aprobará 28.055 plazas en 2020, inferior a la oferta de 33.000 plazas del año pasado (la mayor de los últimos diez años), si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización.

Además, la OEP de este año incluye 8.996 plazas de promoción interna, la mayor de la historia. Los sindicatos no respaldaron la semana pasada el acuerdo para las plazas de la AGE al considerarla «insuficiente».

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, considera que la crisis del coronavirus puede ser una oportunidad para «reiniciar el mundo», para lo que deberá dirigirse la inversión de fondos públicos a lograr una sociedad «más digital, sostenible e inclusiva».

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración de la edición virtual de Money2020, ‘MoneyFest’, en la que ha destacado el papel de los bancos para orientar la inversión a «reparar el daño y preparar la recuperación, pensando en crecer a largo plazo».

El presidente de BBVA ha resaltado el efecto multiplicador en los fondos públicos que puede conseguir el sector privado, asegurando que se inviertan en aquellos sectores que pueden ser más productivos para la economía.

Por otra parte, el directivo ha afirmado que, si bien algunos de los cambios que han tenido lugar a raíz de la crisis volverán a la normalidad, el uso masivo de la tecnología en la vida diaria «ha venido para quedarse. «Esta es una gran oportunidad: a través de la tecnología y los datos podemos ofrecer mejores servicios y tener un impacto más profundo en la vida de las personas y las empresas», ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que los patrones de consumo han cambiado de forma masiva hacia el comercio electrónico y el acceso digital a servicios sanitarios, de entretenimiento y ocio, así como a servicios financieros. «El 66% de las ventas realizadas en el segundo trimestre de 2020 han sido a través de canales digitales», ha recordado.

Asimismo, Torres ha sostenido que la pandemia ha acelerado tendencias de sostenibilidad, diversidad y otros movimientos sociales. En este sentido, los bancos juegan «un papel muy importante como parte de la solución» y deben financiar la transición hacia un mundo más sostenible desde la perspectiva medioambiental y social.

En cuanto a los aprendizajes y lecciones que la pandemia ha dejado desde el punto de vista personal y profesional, Torres Vila ha reconocido que «ha sido un gran reto, por la gran disrupción que ha supuesto en la vida diaria». «En situaciones críticas como la que hemos atravesado es cuando vemos lo mejor de las personas, las empresas y la sociedad», ha destacado.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ha comunicado que abre de nuevo diversos expedientes sancionadores a algunas empresas de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias presentadas por la Unió de Llauradors en la pasada campaña de comercialización del caqui por incumplimientos de contratos y plazos de pago.

Concretamente, en uno de los escritos remitidos por la AICA a la Unió la pasada semana, indica que abre dos expedientes sancionadores a una empresa al «existir indicios razonables de que pudiera haber cometido infracciones tipificadas, en relación con el artículo 23 de la Ley 12/2013, de realizar modificaciones de las condiciones contractuales no pactadas y de incumplimiento de pago», ha indicado la organización en un comunicado.

El organismo oficial considera, tal y como había trasladado la Unió, que la empresa «estaba presuntamente renegociando lo pactado en el contrato y concretamente el precio a pagar al vendedor de caquis (por un menor importe), y si el productor no aceptaba el nuevo precio no se le recogía la totalidad de la fruta apta para la comercialización existente en la parcela». Tras efectuar las comprobaciones oportunas en relación con la denuncia presentada, la AICA «ha visto posibles incumplimientos a la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria».

En otro escrito, se le abre expediente sancionador a otra empresa por «incumplimiento de los plazos de pago, tras solicitar la organización agraria que hubiera controles e inspecciones para comprobar la existencia de contratos (23.1.a), así como el contenido de los mismos (23.1.b), en la compra de caquis por parte del operador comercial».

En el inicio de la actual campaña del caqui, en el mes de septiembre, la Unió presentó ya ante la AICA las primeras denuncias a comercios que realizaron la compra con contratos donde no figuraba el precio de la fruta.

La Unió ha aconsejado a los diferentes operadores comerciales, tanto del caqui como de otros cultivos, que utilicen y cumplan los contratos que firman con los productores y que se mantendrá totalmente vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos para defender los intereses de los agricultores de la Comunitat Valenciana.

El fuerte rebote de la economía de Alemania observado en el tercer trimestre de 2020 no se extenderá a los últimos tres meses del año, cuando la recuperación en curso continuará, pero a un ritmo «mucho menor», según ha advertido el Bundesbank, el banco central alemán, en su boletín mensual.

«Es probable que la producción económica en Alemania haya aumentado drásticamente en el tercer trimestre de 2020», apunta el Bundesbank, que estima que, en términos de PIB trimestral, la economía alemana podría haber compensado en algo más de la mitad la caída de la actividad en la primera mitad del año, cuando la contracción rozó el 12%, aunque aún estaría alrededor de un 5% por debajo respecto del nivel precrisis.

En este sentido, el banco central germano advierte de que «es probable que la recuperación económica continúe en el trimestre actual, aunque a un ritmo mucho más lento».

De este modo, el Bundesbank señala que, a pesar del rebote de la actividad industrial, las empresas de servicios han visto nublarse sus perspectivas económicas en los últimos meses como consecuencia de la segunda oleada de infecciones y de la implementación de medidas de contención en algunas regiones, lo que perjudica particularmente a sectores como la hostelería.

De su lado, la leve recuperación del mercado laboral ha continuado en los últimos meses, con una subida de la ocupación en agosto por segundo mes consecutivo y un descenso apreciable en el número de trabajadores con jornada reducida, que habría caído desde los algo más de 6 millones de personas en abril hasta unos 4,2 millones en julio.

En cuanto a los precios, el banco central alemán asume que la tasa de inflación armonizada se situará en los últimos meses de 2020 muy por debajo del nivel correspondiente en 2019 como consecuencia de la caída del precio del crudo y de los alimentos, aunque advierte de que, una vez que la bajada temporal del IVA expire en enero de 2021, las tasas volverán a ser positivas y superarán el 2% en la segunda mitad del próximo año.

La Asociación Española de Banca (AEB) ha propuesto a los sindicatos un esquema de líneas básicas de negociación del nuevo convenio para el periodo 2019-2023, que regula el teletrabajo y recoge subidas salariales del 0,5% para 2022 y 2023.

Según informaron fuentes sindicales, las líneas propuestas son importantes para la patronal bancaria de cara a ampliar la ultra actividad del convenio anterior hasta diciembre y cerrar un posible acuerdo.

La AEB ha propuesto que el convenio tenga una vigencia de cinco años, regule el teletrabajo y la transformación digital, revise los salarios con subidas del 0,5% para 2022 y 2023, contemple 24 días hábiles de vacaciones (con posibilidad de fraccionar en cuatro periodos) y mejore las condiciones de los préstamos para vivienda.

Asimismo, propone la jubilación obligatoria para los trabajadores que cumplan con el requisito de tener la edad legal de jubilación con el 100% de la pensión de la Seguridad Social y vinculada a objetivos de política de empleo.

La patronal también quiere que, a partir de 2022, un tercio de la cuantía de cada trienio se perciba en un único pago y los dos tercios restantes se consoliden a futuro en el complemento de antigüedad. En cuanto a movilidad geográfica, propone ampliar el radio de los 25 kilómetros a los 50 kilómetros cuando se den determinadas circunstancias.

Este miércoles se celebrará una nueva reunión para consensuar el esquema de negociación y formalizar el acuerdo de prórroga de la ultra actividad del convenio, que vence el próximo 30 de octubre, si los sindicatos aceptan estas líneas propuestas por la patronal.

Desde CC.OO. han valorado positivamente que la AEB «esté en disposición de querer avanzar» y harán «todo lo posible para alcanzar un acuerdo de convenio que dé algo de tranquilidad en lo concerniente a los temas laborales», aunque no comparten «en absoluto» algunos de sus planteamientos, especialmente los relativos a retribuciones y movilidad. Además, consideran que faltan temas a incorporar al guion de negociación, como la promoción profesional, la salud laboral, la igualdad, la conciliación y la formación.

Por su parte, UGT ha lamentado que la patronal «no se ha movido de sus pretensiones económicas iniciales» y rechazan que sean los trabajadores quienes sufran la situación excepcional de crisis del coronavirus.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que son «dantescas» las previsiones económicas del Gobierno que lidera Pedro Sánchez con la caída del PIB y el alza del déficit y ha subrayado que la receta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no puede consistir en subidas impositivas.

«La receta no es subir 9.000 millones y expandir el gasto un 53%, sobre todo si no va aparejado de una eficiencia, racionalización y optimización de los recursos públicos en un momento clave y crítico para nuestro país», ha afirmado Casado en la clausura de la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey.

El líder del PP ha dicho que no comparte el argumento del Gobierno de que la presión fiscal en España es «menor que en otros países del entorno», dado que, según ha resaltado, hay que vincularla a la renta disponible. «Mientras no converjamos en renta con Alemania tendremos que ser más competitivos, tener más flexibilidad laboral y menos presión fiscal», ha apostillado.

«ASIMETRÍA» EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Casado ha señalado que las previsiones que «por fin» han conocido del Gobierno «son dantescas» y ha agregado que «solo en déficit y caída del PIB» ya se sitúan en «parámetros similares a todo el plan de reconstrucción europea», que será de 140.000 millones.

Además, ha subrayado que esas previsiones también son «malas» para el empleo y la deuda. «Esto nos sitúa en un grado de asimetría en la recuperación económica», ha avisado, para añadir que el FMI, la OCDE o Eurostat ya colocan a España como uno de los países que peor saldrá de la crisis.

«Esa asimetría es lo que más nos preocupa porque no solo afectaría a la capacidad que tenemos de absorción de los fondos sino que afectaría a nuestra capacidad para financiarnos en el BCE», ha dicho. Según ha agregado, cuando hay un «país rezagado» hay «mucha más dificultad para que la liquidez en la compra de deuda soberana afecte solo a un país».

En este sentido, Casado ha alertado de que la «gran preocupación» del PP es que al «shock de oferta, que ha causado esta crisis, que ha derivado en una crisis de demanda, se sume una crisis financiera cuando la morosidad y posibles impagos afecten a la economía productiva en España.

AGENCIA INDEPENDIENTE GESTIONAR LOS FONDOS

El presidente del PP ha desvinculado los fondos europeos del proyecto de Presupuestos y ha puesto el acento en los tres bloques en los que Europa está valorando los «consensos nacionales» para la estrategia de reconstrucción.

Así, ha apostado por un plan nacional de reformas, el cumplimento de las recomendaciones semestrales de la UE y la creación de una autoridad independiente para la gestión de los fondos comunitarios, como han hecho Francia, Italia o Grecia.

Ese órgano, ha proseguido, permitiría evitar «clientelismo y partidismo» y dar una «mayor eficacia» en la tramitación de las ayudas, máxime cuando, según ha dicho, el año pasado «no se lograron ejecutar 12.000 millones de euros de fondos europeos».

«Para nosotros, es esencial esa agencia independiente y creo que el Gobierno debería aceptarla y así se lo formulé a mis compañeros de la Comisión Europea la semana pasada en el viaje que hice a Bruselas», ha manifestado, para insistir en que hay que evitar la «romería de ‘lobbys’ por el Palacio de la Moncloa».

Además, ha avisado de que hasta ahora lo que está oyendo es «un ‘plan E’ verde y digital». A su entender, no puede suceder como con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y «en vez de hacer rotondas, se cambien ventanas, calderas y tejas».

En su intervención también ha desgranado las propuestas que forman parte del plan de choque económico del PP, que incluye propuestas como la bajada y eliminación de impuestos, flexibilidad laboral con mantenimiento de la reforma laboral que aprobó Mariano Rajoy, apuesta por la educación, reforma de la Administración, mejora de la competitividad y refuerzo de la seguridad jurídica.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ve «contraproducente» la subida de impuestos prevista para el proyecto de Presupuestos de 2021, ya que la carga fiscal de ciudadanos y empresas es «excesiva», tras haber empeorado cuatro puestos, hasta el 27 de 36, la posición de España en materia de competitividad fiscal.

En este sentido, advierte de que la presión fiscal en relación al PIB ha aumentado un 6,5% este año, frente a la reducción de la mayoría de países. Además, señala que la progresividad del IRPF es ya un 17% superior en España respecto a la media europea.

Así lo han explicado el presidente y el director general del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, durante la presentación telemática del informe ‘Competitividad Fiscal 2020’, en la que han rechazado la subida de impuestos ante la actual crisis y la prolongación del Estado de alarma con restricciones que llevan a prever una caída de PIB «más cercana al 15% que al 10%».

El Índice de Competitividad Fiscal, (ICF) muestra que España se sitúa este año en la posición 27 del total de los 36 países analizados, cuatro puestos menos, lo que refleja una «pérdida notable de competitividad fiscal», principalmente por la postura mayoritaria del resto de países de bajar impuestos.

Fernández de Mesa ha explicado que, aunque no se pudieron subir impuestos el año pasado al no aprobarse los Presupuestos de 2019, España realiza un esfuerzo fiscal en relación al PIB un 6,5% superior al de la Unión Europea, que ya de por sí es «bastante elevado» en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre los grandes países, solo Italia presenta una presión fiscal mayor, debido a que la recaudación tributaria ha caído menos que la caída del PIB.

No obstante, ha indicado que teniendo en cuenta la economía sumergida, que en España alcanza el 22% según el FMI frente al 13% de la UE, la presión fiscal es muy similar a la de la media de la UE, del 44,5% frente al 45%, respectivamente.

De hecho, Fernández de Mesa ha asegurado que la presión fiscal efectiva de la UE y la de España son elevadas en las comparativas internacionales y «notablemente superiores» a la de otros países de la OCDE, como son Estados Unidos, Japón, Suiza, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, la mayoría de ellos con presiones fiscales efectivas inferiores en más de 10 puntos a la española.

Con relación a su renta, España realiza un esfuerzo fiscal un 6,6% superior al de la Unión Europea, según el informe desgranado por el presidente del IEE, que también ha resaltado que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE.

TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL Y FISCALIDAD NORMATIVA

Respecto a la tributación empresarial, según Eurostat y recoge el informe, la presión fiscal de las empresas, considerando como tal la imposición a las empresas y las cotizaciones sociales a cargo del empresario es en España (11,1% del PIB) sensiblemente superior a la del conjunto de la Unión Europea (9,6% del PIB). Excluyendo la economía sumergida alcanzaría este indicador el 14,2% sobre el PIB frente al 11,1% de la UE.

Por impuestos, sobre la presión fiscal normativa sobre el Impuesto sobre Sociedades muestra que el ‘gap’ es aún mayor, ya que la presión fiscal normativa es un 22,6% más elevada que la media de la UE, y un 15,8% superior al promedio de la OCDE, bajando del puesto 22 al 28.

En el ámbito de la imposición patrimonial, España es la segunda peor, solo por detrás de Italia, siendo un 40,9% peor que la de la UE, y un 39% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

Por su parte, la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral que supone para la empresa tener un trabajador contratado y el salario neto final que recibe dicho trabajador, se sitúa en España en el 39,5% en 2019. Esto supone que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,5% del coste laboral. España se sitúa por encima de la media de la OCDE, que es del 36%, en la posición 15 de 36 analizados.

LA PROGRESIVIDAD EN IRPF ES UN 17% SUPERIOR A LA MEDIA DE LA UE

Igualmente, el estudio muestra que España se sitúa, según el indicador de progresividad elaborado por el IEE a partir del análisis de la OCDE, entre los países donde el impuesto sobre la renta es más progresivo (117,1), siendo un 17% más progresivo que el promedio de la UE (100) y 5,7 puntos porcentuales mayor que en la media de la OCDE (111,4).

En esta línea, ha apuntado que en Alemania están exentas de pago las rentas de menos de 9.000 euros y en España el mínimo es de 12.000 euros, mientras que en los tramos altos las rentas de más de 200.000 euros y con un patrimonio de diez veces su renta, en España pagan el 52% y en Alemania un 48%.

Tanto Fernández de Mesa como Izquierdo han avisado de que una subida de los tipos puede penalizar la atracción y retención de talento y el capital humano más productivo, así como provocar una merma de recaudación.

EFICIENCIA EN EL GASTO EN VEZ DE SUBIR IMPUESTOS

Por todo ello, el presidente del IEE cree que «no es el momento» para proceder a un aumento de impuestos, ya que deprimiría el consumo y afectaría a la recuperación y la mayor parte de países del entorno van en la «dirección contraria», como Alemania, Francia, Estados Unidos o Italia, y porque podría provocar fuga de talento y un «escaso» impacto recaudatorio, máxime cuando la progresividad fiscal y la presión fiscal ya son mayores.

En su lugar, pide en el corto plazo aumentar las bases imponibles a través del crecimiento y el empleo, acometer un mayor control del gasto, ya que homologando la eficiencia a la OCDE se podrían ofrecer los mismos servicios públicos con un 14% menos de gasto, y más adelante una revisión de impuestos indirectos, más que directos, con poca distorsión a nivel económico.

No ve adecuado «ni ahora ni en el futuro» subir el IVA a educación y sanidad privada o IRPF ante el efecto «distorsionador» que provocaría, como tampoco eliminar deducciones fiscales a los planes de pensiones, porque fomenta el ahorro y España ya es de por sí de los países con menos incentivos a estos productos.

BAJAR UN 10% COSTES LABORALES CREARÍA 800.000 EMPLEOS

En cuanto a los costes laborales, Izquierdo ha explicado que en España las cotizaciones sociales (a cargo de las empresas y de los trabajadores) representan el 11,7% del PIB, por debajo de la media de la UE-27 (13,3%), según datos de la CE de 2018. Tanto a cargo de trabajadores (3,2% del PIB), como de las empresas (8,6%), son mayores que las de la UE (5,9% y 7,4%, respectivamente).

Ante ello, Izquierdo ha pedido impulsar la creación de empleo para ensanchar la base de trabajadores y ha explicado que por cada 10% que bajen los costes laborales (cotizaciones y retenciones de IRPF) se crearía un 4% más de empleo, alrededor de 800.000 puestos de trabajo.

Si España se alcanzase una tasa de desempleo similar a la media de la UE-27 (alrededor del 7%), la creación de aproximadamente 1,9 millones de puestos de trabajo, con un incremento de la cotización cercano a los 14.000 millones de euros y un alza de 1,2 puntos del PIB en la ratio de cotizaciones a la Seguridad Social en porcentaje del PIB, que pasaría del 11,7% al 12,9%.