El volumen de inversión en el mercado español del capital privado se redujo un 35%, hasta los 3.712,6 millones de euros en 513 inversiones, a fecha 30 de septiembre, según los datos de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión.

Así, el Covid ha frenado el ritmo de inversión del capital privado en España, tras varios años de resultados récord, por las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia y su efecto en la economía, si bien «se prepara para 2021 con grandes reservas de liquidez».

En este sentido, el capital privado captó 1.384 millones de euros de los inversores nacionales hasta septiembre, un 34% más que en el mismo periodo de 2019, lo que «demuestra el interés» de los inversores institucionales por España a pesar del contexto de crisis económica por el Covid-19, según Ascri.

Los fondos internacionales fueron responsables del 80% del volumen total invertido en los primeros nueve meses del año en 116 inversiones. Por su parte, los inversores nacionales privados concentraron el 18,8%, con 295 inversiones, y los inversores nacionales públicos el 2% restante, tras liderar 102 inversiones.

«España es un gran país para invertir», ha señalado el presidente de Ascri, Aquilino Peña, en la presentación de los datos durante la ‘Conferencia anual para gestoras de capital privado y sus inversores’ organizada por EY, este martes.

Ascri considera que el sector del capital privado y capital riesgo de España enfrenta este cambio de ciclo económico con una «buena posición», que le permitirá seguir recortando distancia con la industria europea.

En los nueve primeros meses se cerraron siete ‘megadeals’, que concentraron el 54% de la inversión mencionada. Del volumen total invertido, el segmento de ‘venture capital’ invirtió 424,6 millones de euros en 413 inversiones. No obstante, el 86% de las inversiones recibió menos de 5 millones de euros en ‘equity’.

Las operaciones con una inversión en ‘equity’ de entre 10 millones y 100 millones de euros, el ‘middle market’ mantuvo su dinamismo a pesar de la crisis actual, con un volumen total de 1.229 millones de euros repartido en 48 inversiones.

Según la fase de desarrollo, la inversión en los denominados ‘buy outs’ destacó con un volumen de 1.010 millones de euros en 31 inversiones, impulsada por el cierre de los grandes deals. Con relación al capital expansión (‘growth’) se realizaron 54 inversiones por un volumen total de 428,4 millones de euros.

En cuanto a las desinversiones, su volumen a cierre de septiembre fue de 669,4 millones de euros, a precio de coste, tras el cierre de 195 desinversiones.

El 65,6% de dicha cantidad fue desinvertido mediante la fórmula de venta a terceros, el 16,5% fue por venta a otra entidad de capital privado y el 7,7% se correspondió a reembolso de préstamos.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros contempla una mejora de los ingresos públicos del 14,7% del PIB, debido principalmente al incremento del 13% de los ingresos tributarios por la mejora de la economía y el alza de algunas figuras impositivas.

En concreto, los ingresos tributarios sumarán una cifra de 222.107 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al avance de liquidación previsto para este año.

Desglosando por impuestos, la recaudación del IRPF, que se incrementará para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y para las rentas del capital de más de 200.000 euros, se elevará un 7,8%, hasta los 94.196 millones de euros.

Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades, que también se elevará para las grandes empresas por el recorte de la exención en el reparto de dividendos entre sus filiales, repuntarán el próximo año un 20,7%, hasta sumar 21.720 millones de euros.

También se elevará la recaudación por IVA, en este caso un 13,9%, hasta alcanzar los 72.220 millones de euros. El principal cambio introducido en este impuesto es un incremento del IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasa del 10% al 21%.

Los ingresos por impuestos especiales, por su parte, aumentarán un 12,4%, hasta los 21.809 millones de euros, impulsados por el alza del impuesto de hidrocarburos para el diésel, que pasará de 30,7 céntimos el litro a 34,4 céntimos. Asimismo, el resto de ingresos tributarios se elevarán un 46%, hasta sumar 12.163 millones de euros.

Por otro lado, los ingresos no tributarios también se beneficiarán de la mejora de la economía el próximo año, con un incremento del 25,7%, hasta alcanzar los 33.524 millones de euros.

Las empresas familiares han aprovechado la segunda jornada del Congreso del Instituto de la Empresa Familiar para pedir al Gobierno que utilicen la pandemia del Covid-19 para impulsar las reformas pendientes que pueden reactivar la economía española.

María Helena Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín, ha solicitado al Gobierno que «actúe deprisa, porque nos estamos jugando el futuro industrial del país y, para ello, debe aumentar la coordinación con las empresas, las universidades y los centros de investigación si queremos conseguir el objetivo de que el sector industrial pase de representar el actual 16% al 20% del PIB en los próximos años».

Además, en su opinión, «tiene que huirse de cualquier tipo de inseguridad en materia de legislación si queremos atraer a la inversión extranjera».

Por parte del sector turístico ha intervenido Sabina Fluxá, vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar, quien ha pedido un «plan de recuperación para el sector cuya contracción explica la caída del 67% del Producto Interior Bruto (PIB) de este año en España», sin depender solo de la llegada de una vacuna.

No hay que olvidar que un país que ha sido capaz de recibir 83,7 millones de turistas en 2019 es que ha hecho algo bien, y este aspecto lo debería poner más en valor el Gobierno.

Ambas ejecutivas participaron en una mesa de debate titulada «La huella de la pandemia: tres sectores de la economía española encarando la recuperación» en la que también intervino Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva y consejera delegada de Adolfo Domínguez, quien puso el acento en que las empresas que sobrevivan a la crisis «será porque darán a los clientes algo diferencial, y no sólo en cuanto al producto, sino también en la forma en que llegan al mercado, a través de nuevas aplicaciones o una elevada atención al cliente.

Por su parte Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, y que actuó como moderador del panel, aseguró en su intervención que «la incorporación de criterios de sostenibilidad, sociales y de gobierno corporativo en la agenda de las empresas familiares ha ayudado a gestionar la crisis y seguirá siendo diferencial. Precisamente, la digitalización y la sostenibilidad son los dos ámbitos principales sobre los que bascula el Plan Europeo de Recuperación, con el objetivo de consolidar el cambio de modelo productivo en Europa.

A todo ello, las ejecutivas añadieron la importancia de la innovación como vector para ayudar en la salida de la crisis provocada por la pandemia, así como de la comunicación constante y transparente, tanto con empleados como los diferentes grupos de interés y, por supuesto, siempre manteniendo los compromisos en materia de sostenibilidad, un asunto que no sólo ha venido para quedarse, sino que se ha reforzado con la crisis de la Covid-19.

La cifra de contratación en el sector logístico español se situó en los primeros nueves meses del año en 1,2 millones de metros cuadrados, igualando los niveles alcanzados en el mismo periodo del año pasado a pesar de la crisis del coronavirus.

Según datos de CBRE, en este periodo se han cerrado seis transacciones correspondientes a naves mayores de 25.000 metros cuadrados, la mayoría en el área de distribución nacional de los ejes A-2 y A-42, abarcando el comercio electrónico el 50% de la contratación.

«Con este nivel de actividad es previsible que en 2020 la contratación supere los niveles de la media histórica de la Zona Centro, pudiendo registrar alrededor de 800.000 metros cuadrados», adelanta el director nacional de Industrial & Logística de CBRE, Alberto Larrazábal.

La suma total de superficie logística contratada incluye datos de Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Bilbao, además de la de los dos focos logísticos del país, Zona Centro y Cataluña.

No obstante, respecto a datos de inversión, entre enero y septiembre se alcanzó un volumen de alrededor de 651 millones de euros, lo que supone un descenso del 50% respecto a la cifra alcanzada un año antes. Las previsiones apuntan a un cierre de año por encima de los 1.000 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para abordar la mejora de la normativa relativa a las inspecciones y controles a los que se deben someter los buques españoles, en cumplimiento de los compromisos internacionales.

La normativa regula la actividad supervisora que lleva a cabo la Administración marítima para asegurar que los buques se diseñan, construyen y mantienen cumpliendo las prescripciones de seguridad aprobadas en el seno de la Organización Marítima Internacional.

Con la modificación aprobada, el Gobierno introduce medidas en aras de mejorar la eficiencia de la Administración marítima y agilizar las inspecciones y controles a los que se deben someter los buques para garantizar los máximos niveles de seguridad en su funcionamiento.

Los cambios propuestos permitirán a las organizaciones autorizadas realizar las inspecciones de control a los buques y a las compañías, de modo que se reducirán los tiempos de espera, lo que redundará también en la mejora de la competitividad de los buques de bandera española.

Asimismo, posibilitan a las organizaciones autorizadas la expedición y renovación de los certificados de trabajo marítimo, facilitando así la agilización de los trámites.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución territorial de 1,46 millones de euros en ayudas excepcionales para el sector del porcino ibérico, uno de los afectados por el impacto del coronavirus, tras la decisión adoptada el pasado 13 de octubre por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

En concreto, esta decisión se apoya en el Real Decreto 687/2020 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020, cuyo contenido fue elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que el reparto de estas ayudas se ha llevado a cabo en consonancia con las comunicaciones efectuadas por las autoridades competentes de las regiones con respecto a sus previsiones sobre las peticiones realizadas por los beneficiarios. La dotación presupuestaria prevista para la línea en este ejercicio es de 10 millones de euros.

El pasado 30 de septiembre se publicó una modificación del real decreto mencionado mediante la cual se ampliaba hasta el 15 de noviembre, entre otros cambios, el plazo del periodo subvencionable.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la trasposición de la directiva europea sobre intercambio automático y obligatorio de información en fiscalidad en relación con mecanismos sujetos transfronterizos, que obliga a los intermediarios fiscales a declarar operaciones de planificación fiscal agresiva.

Con su aprobación en esta Comisión con competencia legislativa plena, el Congreso envía esta ley al Senado, donde deberá completar su tramitación y solo en caso de que la Cámara Alta introduzca modificaciones volvería a la Cámara Baja para votar esos cambios.

Durante la Comisión, los grupos no han acordado la inclusión de ninguna de las enmiendas que quedaban ‘vivas’ después de su paso por ponencia: la suma del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV ha negado los cambios propuestos por el PP, Ciudadanos y Junts.

Este proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, contempla la modificación de la Ley General Tributaria, a través de dos disposiciones adicionales, para incorporar la Directiva Europea conocida como DAC 6, de obligada transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Este texto establece la obligación de comunicación de «determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva», con dos objetivos fundamentales: por una lado, la lucha contra la elusión y la evasión fiscal; y por otro lado, la disuasión respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva. No obstante, esclarece que la obligación de declaración de un mecanismo no implica que sea necesariamente «defraudatorio o elusivo».

Según esta norma, serán los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras) quienes tendrán obligación de informar sobre mecanismos internacionales de planificación fiscal ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos a la Comisión Europea, donde se clasificarán en un directorio accesible a los Estados miembros.

Se deberá informar sobre mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, esquemas o acuerdos) cuando se realicen «en dos Estados miembros de la UE o un Estado miembro y un tercer Estado». En todo caso, el texto regula y garantiza el secreto profesional.

El proyecto de ley también incluye un «régimen sancionador por la falta de presentación en plazo» y por «presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos». Se establece con carácter general una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros.

No obstante, si se presentara «fuera de plazo sin requerimiento previo una declaración complementaria o sustitutiva de las anteriores, no se producirá la infracción».

De igual forma, se establece que «los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, en los términos reglamentariamente establecidos, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán ser objeto de declaración en los meses de enero y febrero de 2021».

Asimismo, esta norma se aplicará a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación «cuya obligación haya surgido a partir del 1 de julio de 2020 conforme a la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE».

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma, también se modifica la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, concretamente el apartado relativo al régimen de autoliquidación de este impuesto con carácter obligatorio en varias comunidades autónomas.

El turismo internacional ha registrado durante los ocho primeros meses del año 700 millones llegadas menos en comparación con el mismo periodo de 2019, lo que supone una caída del 70% y una pérdida de 730.000 millones de dólares (617.000 millones de euros) en ingresos de exportación procedentes de esta actividad, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Las restricciones de viaje introducidas en respuesta a la pandemia de la Covid-19 han provocado que se registre una pérdida que multiplica por ocho la experimentada en 2009 durante la crisis económica y financiera mundial.

Según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial, las llegadas internacionales cayeron un 81% en julio y un 79% en agosto, precisamente los meses que suelen ser los de mayor movimiento del año al coincidir con el verano y la temporada alta en el hemisferio Norte.

«Este declive sin precedentes está teniendo consecuencias sociales y económicas dramáticas, y pone en riesgo a millones de puestos de trabajo y empresas», ha advertido el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, quien subraya, además, la urgente necesidad de reanudar con seguridad la actividad turística, en el momento oportuno y de manera coordinada.

Todas las regiones registraron importantes caídas en las llegadas durante los ocho primeros meses del año. Asia y el Pacífico, la primera región que sufrió el impacto de la Covid-19, experimentó una caída del 79% de las llegadas, seguida de África y Oriente Medio (en ambos casos -69%), Europa (-68%) y América (-65%).

Después de la reapertura gradual de las fronteras internacionales, Europa registró declives comparativamente menores en julio y agosto (-72% y -69%, respectivamente), no obstante, la recuperación duró poco, ya que pronto volvieron las recomendaciones y las restricciones de viaje, en medio del aumento de los contagios.

En el otro extremo del espectro, la región de Asia-Pacífico registró las mayores caídas, con un -96% en ambos meses, como reflejo del cierre de las fronteras de China y otros importantes destinos de la región.

La demanda de viajes sigue en gran medida reprimida por la constante incertidumbre sobre la pandemia y la falta de confianza. Según las últimas tendencias, la OMT prevé una caída global cercana al 70% para el conjunto de 2020.

REPUNTE DE LA DEMANDA INTERNACIONAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2021

El grupo de expertos de la OMT anticipa un repunte del turismo internacional en 2021, especialmente en el tercer trimestre. No obstante, en torno al 20% de los expertos sugiere que el repunte no llegaría hasta 2022.

Las restricciones de viaje se consideran la principal barrera para la recuperación del turismo internacional, junto con la lentitud con que se está conteniendo el virus y la baja confianza de los consumidores.

Además, la falta de una respuesta coordinada entre los países para garantizar protocolos armonizados y restricciones coordinadas, así como el deterioro del entorno económico, han sido aspectos señalados también por los expertos como importantes obstáculos para la recuperación.

El Consejo Internacional de Aeropuertos-Europa (ACI Europe) ha advertido este martes de que 193 aeropuertos –principalmente regionales– se enfrentarán a la insolvencia en los próximos meses si el tráfico de pasajeros no empieza a recuperarse a finales de año.

Según los datos del Consejo, estos aeropuertos facilitan 277.000 puestos de trabajo, con una contribución de 12.400 millones de euros del PIB europeo.

«La amenaza de cierre de los aeropuertos significa que Europa se enfrenta a la perspectiva del colapso de una parte importante de su sistema de transporte aéreo, a menos que los gobiernos den el apoyo necesario. Hasta ahora, pocos lo han hecho», ha recriminado el Consejo Internacional de Aeropuertos-Europa en un comunicado.

Así, los datos publicados muestran un descenso interanual del 73% en el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Europa en septiembre y la pérdida de 172,5 millones de pasajeros adicionales, lo que eleva el volumen total de pasajeros perdidos desde enero de 2020 a 1.290 millones.

La permanencia de severas restricciones para viajar a través de la frontera en la temporada de invierno ha empeorado considerablemente las perspectivas de tráfico y muchas aerolíneas han recortado sus planes de capacidad para el resto del año y para el 2021.

Desde el Consejo han insistido en que el apoyo financiero de los gobiernos será fundamental para evitar el aumento de la desigualdad geográfica y el deterioro de la cohesión social, aunque también han avisado de que los grandes aeropuertos y centros de operaciones europeos «no son inmunes» al riesgo financiero crítico.

«Las cifras publicadas hoy pintan un cuadro dramáticamente sombrío. A ocho meses de la crisis, todos los aeropuertos de Europa están quemando dinero para permanecer abiertos, con ingresos que están lejos de cubrir los costes de las operaciones, por no hablar de los costes de capital. La actual imposición por parte de los gobiernos de cuarentenas en lugar de pruebas está llevando a los aeropuertos de Europa a estar más cerca del borde con cada día que pasa», ha señalado Olivier Jankovec, director general de ACI Europe.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 recogen un aumento de las políticas de vivienda de un 25% y se superarán los 2.250 millones de euros para promover el alquiler, la construcción y la rehabilitación.

Así lo ha señalado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se han aprobado las cuentas públicas para el próximo año.

Aunque no figura finalmente la regulación de los precios del alquiler en el proyecto de Presupuestos, PSOE y Unidas Podemos han acordado acometerlo en un plazo de cuatro meses.

Montero ha explicado que el alquiler no es una materia exclusiva de este proyecto de Presupuestos, pero ha resaltado que el debate «intenso» para cerrar las cuentas públicas ha permitido que se agilicen otros proyectos transformadores que se tenían en el acuerdo programático, correspondientes a la vivienda o al alquiler.

«Por lo tanto, cuando se tramite el Proyecto de Ley se podrá ver la letra pequeña, la literatura y el afán de esa medida«, ha remarcado, tras apuntar que para el Ejecutivo «lo importante» es que la vivienda sea «un bien asequible» para el conjunto ciudadanos.

Así, ha mandado un mensaje de tranquilidad al conjunto del mercado inmobiliario y ha pedido que se esperen hasta ver la nueva Ley de Vivienda que pretende aprobar el Gobierno.

La Cámara de Comercio de España cree que la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre refleja que la pandemia sigue golpeando «con fuerza» al mercado laboral español y confirma «su deterioro histórico».

Según ha señalado en un comunicado, la ocupación ha aumentado en casi 570.000 personas (-3,5% frente a 2019) y eso a pesar de que las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con suspensión de empleo se consideran ocupadas.

Para la Cámara de Comercio, los datos del mercado laboral continúan reflejando «la profunda recesión» que afronta la economía española «no conocida en las últimas décadas».

Así, según las previsiones de la Cámara de Comercio, la caída del PIB del 14,3% que espera para este año «pasará factura» sobre el mercado de trabajo, con un descenso de la ocupación que estima del 8,7% para el conjunto del año.

No obstante, ha dejado claro que estas previsiones podrían empeorar ante el aumento de la intensidad de los rebrotes de las últimas semanas, que supondrían medidas de contención «severas», o ante un eventual retraso en la disposición de una solución efectiva al coronavirus, «que condicionaría la senda de recuperación del medio plazo».

«El diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales continúa siendo prioritario para adoptar las medidas y reformas que la recuperación y la reconstrucción requieren», ha remarcado, tras afirmar que este es el pilar «más eficaz» para generar confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento.

En el corto plazo, aboga por extender y modular, hasta cuando sea necesario, el sostenimiento de las rentas, las ayudas a los autónomos y los ERTE, sin olvidar la prolongación de las líneas de apoyo público a la liquidez de las empresas.

Por otro lado, en el medio plazo, pide no dejar de lado las reformas estructurales «ambiciosas» que permitan aumentar el crecimiento de España. En concreto, en el marcado laboral, cree que deben aplicarse actuaciones específicas capaces de perfeccionar su funcionamiento.

Sobre todo, para fomentar la inclusión de los parados de larga duración, mayores de 45 años y los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.

El Gobierno ha incorporado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 un recorte hasta 2.000 euros de la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, desde los 8.000 euros actuales, mientras que en el caso de las planes de empresas se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida, el Ejecutivo prevé ahorrarse 580 millones de euros en 2022.

Así lo ha adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha aprobado las cuentas públicas y que contemplan también un aumento del impuesto al consumo del diésel, que se va ir equiparando poco a poco a la gasolina.

En concreto, se modifica el impuesto de hidrocarburos reduciendo la bonificación fiscal del diésel, «que no tiene razón de ser», de tal manera que el tipo impositivo pasa a 34,5 céntimos el litro, frente a los 30,7 céntimos actuales, aún por debajo de los 40,07 céntimos con que está gravado el consumo de gasolina.

Esto supone, según detalló Montero, un incremento de 38 euros por cada mil litros, o lo que es lo mismo, 3,45 euros más al mes para un consumidor que haga unos 15.000 kilómetros al año. También precisó que se mantiene la tributación actual del gasóleo para uso profesional, y concretó que este incremento aportará a las arcas públicas 500 millones de euros adicionales en dos años.

RECORTE DE LA EXENCIÓN POR REPARTO DE DIVIDENDOS

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, se limita al 95% desde el 100% actual la exención sobre el reparto de dividendos en las filiales, lo que afecta principalmente a grandes compañías, dado que las empresas con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la totalidad de la deducción durante tres años.

La medida afectará a unas 1.739 empresas de las más de millón y medio que hay, el 0,12% del total, y está en línea con otros países del entorno como Francia, Italia o Alemania, según Montero. La reducción de la deducción permitirá recaudar 1.520 millones de euros en dos años.

En cuanto al aumento del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasarán a tributar desde el 10% al 21%, este incremento afectará solo a su venta en supermercados y establecimientos alimentarios, pero no así en bares y restaurantes, «para no perjudicar a la restauración». El incremento permitirá una recaudación adicional de 400 millones de euros en 2021 y 2022.

AUMENTO DEL IRPF Y PATRIMONIO

Respecto a los cambios en el IRPF, se eleva dos puntos la tributación para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos las rentas del ahorro que superen los 200.000 euros, con la finalidad de dotar con mayor progresividad este impuesto. Con esta medida, se pretende recaudar 491 millones de euros en 2021 y 2022 y afectará a 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total.

Asimismo, el Gobierno ha prorrogado los límites vigentes para la aplicación de la estimación objetiva en el IRPF y en el IVA para seguir apoyando a los trabajadores autónomos y dar certidumbre a este colectivo, según destacó la ministra.

En el Impuesto sobre Patrimonio, que el Gobierno ha prorrogado indefinidamente y quiere armonizar en el conjunto de comunidades autónomas para evitar el ‘dumping fiscal’, según detalló Montero, se eleva el tipo aplicable a partir de 10 millones de euros, del 2,5% al 3,5%, para garantizar que los que más tienen, más aporten.

El impuesto sobre las primas de seguros es otro de los tributos que se modifican en las cuentas públicas, un impuesto que no se modificaba desde el año 1998 y que se incrementa ahora desde el 6% al 8%, con un incremento de recaudación de 507 millones de euros en 2021 y 2022.

4.000 MILLONES ADICIONALES EN DOS AÑOS

La ministra de Hacienda afirmó que todas estas medidas fiscales tendrán un impacto recaudatorio en las cuentas de 2021 de 1.862 millones de euros y de 2.135 millones el próximo año.

Además de estos ingresos adicionales, la ministra indicó que las demás medidas tributarias ya aprobadas (tasas ‘Google’ y ‘Tobin’) o que se aprobarán al margen de los Presupuestos (como el impuesto sobre el plástico de un solo uso o por la generación de residuos) aportarán unos 4.223 millones de euros más, que no están incluidos en los Presupuestos.

NO HABRÁ REBAJA DE SOCIEDADES PARA PYMES

Lo que finalmente no incluirán las cuentas públicas es la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para pymes del 25% al 23%, incluido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, ni la subida del IVA para la sanidad y educación privadas, que se analizó en un principio.

Finalmente, Montero apuntó que todas estos cambios son «retoques fiscales», y aplazó la reforma fiscal en profundidad a la recuperación de la economía española tras la pandemia del Covid. En este sentido, dijo que el comité de expertos para analizar la futura reforma, que comenzará a trabajar próximamente, podría tener una primera aproximación en el plazo de un año para poder incorporar ya algunos cambios en los Presupuestos de 2022.

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha valorado positivamente la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, pero ha reclamado al Gobierno que convoque a los agentes sociales para conocer la «letra pequeña» del mismo.

El dirigente sindical ha afirmado que el hecho de que el Ejecutivo haya presentado el proyecto presupuestario para 2021 en sí ya supone una «buena noticia» porque España necesita «cuanto antes» unas nuevas cuentas públicas que canalicen los fondos europeos, reactiven la economía y refuercen los servicios públicos.

«Le pedimos al Gobierno que cuanto antes concierte una cita con los agentes sociales para conocer detalladamente el proyecto presupuestario y esperemos que este vea la luz con la mayoría política más amplia que sea posible», ha subrayado.

El 51% de los españoles asegura que este Black Friday comprará más ‘online’ por el efecto del coronavirus, según el estudio Black Friday 2020 de Privalia, parte de Veepee.

En concreto, el informe muestra que el canal ‘online’ representará este año el 89% de las compras, mientras que la tienda física solo el 11%.

De esta forma, el 69% de los españoles accederá a las ofertas del ‘Viernes Negro’ a través del móvil y, principalmente, mediante grandes plataformas de ‘ecommerce’ (86%). Así, un 48% tiene previsto visitar las webs y apps propias de las marcas, mientras que solo un 28% comprará ‘offline’ ya sea en tienda física a pie de calle o centros comerciales.

Estos datos confirman el cambio hacia un nuevo modelo de compraventa en el que las tiendas físicas están pasando a un segundo plano y el proceso de compra se acelera.

La pandemia también ha tenido un impacto significativo en las expectativas y las intenciones de compra de los españoles. Así, un tercio afirma que comprará más que el año pasado y el importe será mayor.

De esta forma, si en 2019, un 62% de la población tenía pensado gastar entre 100 euros y 300 euros, este año el gasto medio de entre 100 euros y 300 euros baja a 57%, mientras que las compras de superiores a 300 euros aumentan al 19%.

LOS VIAJES DESAPARECEN DE LAS COMPRAS.

Por otro lado, el estudio revela que este año lleno de restricciones, uno de cada tres españoles no comprará viajes por la incertidumbre creada por el coronavirus, ya que solo un 2,5% tiene en mente buscar ofertas de este tipo.

Respecto al resto de categorías, las preferencias se mantienen. La moda (71%) y calzado (60%) siguen siendo las opciones preferidas, así como la tecnología (39%).

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha admitido la «escasa y limitada» capacidad para recuperar la totalidad de los 58.000 millones de euros inyectados durante el rescate financiero.

Así lo ha puesto de manifiesto Ponce en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, donde ha indicado «honestamente» que la capacidad para alcanzar la cifra de los 58.000 millones de euros «es limitada y escasa», aunque «lógico» si se considera el escenario actual.

En este sentido, ha dicho que «está claro más o menos que la recuperación es la que es» y ha subrayado que las cifras siempre las plantean de forma prudente. De hecho, ha apuntado a que los dividendos recibidos por Bankia, por ejemplo, no se contabilizan porque siguen en BFA.

Las únicas expectativas que le quedan al FROB en la recuperación son las relacionadas con sus participadas Sareb y Bankia, así como unos 300 millones de euros, «que no son una gran cuestión», de los Esquemas de Protección de Activos (EPAs).

SAREB: COMPLETAMENTE DETERIORADA EN CUENTA

Respecto a Sareb, ha dicho que la valoración contable actualmente sobre esta entidad es que «está completamente deteriorada en cuenta», de ahí que sus gestores hayan aprobado una nueva estrategia que tratará de comercializar los activos de manera directa para reducir los enormes descuentos que suelen pedir los grandes fondos internacionales, a los que les ha suspendido las ventas.

«Sareb dependerá de sus costes financieros y de la evolución económica y macro, que afecta mucho al sector inmobiliario; la realidad en este caso es que me parece responsable llamar a la prudencia, las dificultades son muy amplias», ha confirmado Ponce.

En su opinión, el valor económico actual de su cartera «no da grandes noticias» y exige grandes descuentos, por lo que no se puede realizar una estimación específica. De cualquier modo, esta compañía aún tiene recorrido hasta 2027 y pide ser «lo más prudente posible» sobre su evolución.

En cuanto a BFA y Bankia, ha lamentado el «enorme descuento» de valoración. «En este caso entramos en complicaciones», ha dicho. A finales de 2019 tenía una valoración en cuenta de unos 9.500 millones de euros, pero la distancia entre el valor contable y de mercado cada vez es más amplia y ahora mismo es de unos 3.600 millones de euros –teniendo en cuenta la participación de BFA–.

En este orden de cosas, Ponce ha precisado que si se suman las dos desinversiones realizadas en Bankia hasta el momento, una del 7,5% por 1.304 millones de euros en enero de 2014 y otra del 7% por 818,3 millones de euros en diciembre de 2017, superarían incluso a la valoración que tiene actualmente la participación completa del 61,8%.

«Nunca pensé que se pudiera producir esta valoración en las cuentas de los bancos, es absolutamente sin precedentes», ha subrayado, al tiempo que ha añadido que no es algo que solamente le ocurra a Bankia o a las entidades españolas, sino que es una situación generalizada en la banca global.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contempla las partidas presupuestarias correspondientes para la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero, aunque ha indicado que si se prorrogan más allá de esa fecha «se encontrará la financiación adecuada», como ya se ha hecho este año.

Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha indicado que el Gobierno no ha presupuestado los ERTE más allá del 31 de enero porque dependen de la evolución de la pandemia y de sus efectos sobre los distintos sectores económicos.

«El Gobierno presupuesta en base a la realidad que tiene por delante y no en base a hipótesis», ha subrayado la ministra, que ha añadido que si se decide extender los ERTE habrá dinero para ello.

«Si el instrumento se tiene que prorrogar, encontraremos la financiación adecuada para hacerlo (…) Pero hoy por hoy las partidas presupuestarias responden a proyectos reales y no hay nada en el proyecto presupuestario que responda a voluntades etéreas», ha explicado.