España se consolida como el tercer mayor emisor de bonos sostenibles en Europa, solo por detrás de Francia y Países Bajos, según el informe anual de Indicadores clave de rendimiento de la Unión de los Mercados de Capitales elaborado por AFME.

De este modo, en España se emitieron 9.000 millones de euros en bonos verdes, sociales y sostenibles durante el primer semestre de 2020, lo que representa un incremento anual del 97%.

Tras este avance, las emisiones españolas representan el 12,6% del total de la financiación sostenible europea, colocándose como una fuerza impulsora de la transición verde europea.

«A pesar del impacto económico de la pandemia de la Covid-19 en 2020, los mercados de capitales europeos se mostraron resistentes con niveles sin precedentes de emisión de los mercados de renta fija, incluido el liderazgo continuo en bonos sostenibles», ha indicado el director ejecutivo de AFME, Adam Farkas.

En este sentido, la financiación procedente de instrumentos de mercados de capitales, principalmente valores de renta fija, aumentó en un 44% interanual. Esto ha dado lugar a un aumento en la proporción de financiación de mercado para las empresas de la UE desde el 11% de 2019, hasta el 14,5% actual.

GRAN DEPENDENCIA DE LAS PYMES A LA BANCA

Por su parte, los préstamos bancarios a las pymes europeas totalizaron 573.000 millones de euros en el primer semestre de 2020. En contraste, la inversión de capital riesgo (capital riesgo, capital privado, business angels y crowdfunding) fue de 14.100 millones de euros.

El aumento espectacular de los préstamos bancarios significa que Europa todavía depende en gran parte de este tipo de financiación», ha señalado Farkas.

Así, el análisis demuestra que ha disminuido el acceso vía capital riesgo y, al contrario, se ha observado un aumento del préstamo bancario, hasta convertirse en la principal fuente de financiación de las empresas en 2020.

ALENTAR AL AHORRA PARA LA JUBILACIÓN

Del informe también se desprende que la crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha tenido importantes repercusiones en el sistema de jubilación de Europa y en las industrias de fondos de pensiones y seguros.

En este contexto de bajos tipos de interés, ha caído el atractivo y el rendimiento de los productos de ahorro para la jubilación, lo cual se une a los bajos rendimientos para los emisores de rentas vitalicias que invierten y mantienen predominantemente productos de renta fija a largo plazo.

AFME recuerda que algunos gobiernos de la Unión Europea han permitido a las personas retirar anticipadamente sus ahorros para la jubilación con el fin de que los puedan utilizar para compensar la disminución de los ingresos laborales o empresariales.

«Es fundamental que los gobiernos sigan alentando a las personas a ahorrar para la jubilación. Pueden considerar la posibilidad de adoptar medidas de política que ayuden a las personas a aliviar las limitaciones financieras a corto plazo que podrían poner en peligro sus objetivos de jubilación a largo plazo», recoge el documento.

Al mismo tiempo, los hogares europeos han aumentado su tasa de ahorro a niveles récord a raíz de la pandemia, hasta el 16% de sus ingresos disponibles. Sin embargo, AFME advierte de que la mayoría de esos ahorros se han colocado principalmente en depósitos bancarios de bajo rendimiento.

A LA COLA EN FINTECH

Por otro lado, los indicadores de AFME constatan que España se mantiene a la cola en el desarrollo de la industria fintech, aunque reconoce, a su vez, que no es una cuestión exclusiva del país, sino que engloba también a Europa. La inversión europea en este sector sigue siendo inferior a la de otras regiones como Estados Unidos.

La aparición de ‘nuevos unicornios’ fintech en Europa se mantiene sin cambios, con un total de 14 compañías. Sin embargo, sus valoraciones han aumentado, acumulando un total de 42.000 millones de euros a junio de 2020, frente a los 33.000 millones de euros en 2019.

En este sentido, AFME ha destacado el «continuo progreso en la adaptación de la regulación para el buen funcionamiento de las fintech». En esta línea, siete países europeos han establecido ‘hubs’ de innovación para, al menos, una actividad de servicios financieros durante el último año.

El presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, ve «limitada» la subida de impuestos recogida en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado aprobados este martes por el Gobierno de coalición, en relación a lo previsto en el acuerdo programático del Ejecutivo.

En materia fiscal, los Presupuestos contemplan un aumento de dos puntos del IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, que afectará a unas 35.000 personas, menos del 0,2% del total; un alza de tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, y un 1% sobre el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros.

Cruzado ha explicado que con las ayudas europeas el gobierno plantea una «solución expansiva» muy distinta a la de las anteriores crisis como la del 2008 y esa «política de recortes».

Además, las nuevas cuentas públicas limitarán las deducciones en el Impuesto de Sociedades, fijarán una tributación mínima del 15% para ‘socimis’ y reducirán desgravaciones de planes de pensiones privados. Sobre esta última medida Cruzado ha apuntado que era «esperada» la reducción de dicha aportación a los planes de pensiones ya que tanto la UE, como el FMI lo planteaban.

«Es una reducción regresiva que, desde nuestro punto de vista, se debería reconvertir en una deducción en la cuota y en todo caso reducirla. En el impuesto de Sociedades también se limitan estas modificaciones, por tanto veremos si la recaudación casa con los datos que el Gobierno mandó hace unos días a Bruselas», ha declarado.

Las pensiones subirán un 0,9%, las pensiones no contributivas un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará las partidas de Educación, Sanidad infraestructuras y aumentan las ayudas al comercio,turismo y pymes, con 1.338 millones.

Se trata de unos Presupuestos que remarcan desde el Gobierno como «necesarios e imprescindibles» para la recuperación de la economía española; sin embargo, desde el punto de vista fiscal y tributario, Cruzado ha confesado que «con la crisis económica actual por la pandemia y la dificultad para prever el desenlace, es muy difícil hacer un pronunciamiento a día de hoy.

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha señalado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región debe crecer a una tasa interanual del 4% y realizar una redistribución de hasta el 3% del PIB anual para eliminar la pobreza de la región en 2030.

Así lo ha indicado la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, en la presentación de un nuevo documento elaborado por el organismo, en la que han participado entre otros, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera.

Bárcena ha detallado que dicho crecimiento solo será posible si se supera la restricción externa al crecimiento mediante una competitividad «auténtica» basada en el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas.

La secretaria ha agregado que este esfuerzo debe ser apoyado por la transición energética, la innovación y difusión de tecnologías ambientales para que la región pueda crecer cumpliendo con los compromisos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París.

El nuevo texto de Cepal detalla que la crisis provocada por la pandemia ha golpeado a la región cuando ya mostraban graves problemas de bajo crecimiento, desigualdad y desequilibrios ambientales creados por un estilo de desarrollo insostenible. El documento enfatiza que la recuperación en el actual contexto pasa por actuar de manera inmediata con la vista puesta en el largo plazo.

La publicación del organismo propone políticas de medio y largo plazo en las áreas de fiscalidad y financiación, internalización de las externalidades ambientales, desarrollo industrial, régimen de bienestar y protección social, integración regional y renovación del multilateralismo.

Asimismo, sugiere concentrar la reactivación en siete sectores que pueden ser los motores del nuevo estilo de desarrollo en función de su papel estratégico. Estos son una nueva matriz energética, la electromovilidad urbana, resolución digital, industria manufacturera de la salud, bioeconomía, economía circular y turismo sostenible.

Por su parte, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera, ha señalado que la situación actual «nos permite ver los riesgos que no estamos dispuestos a volver a enfrentar, como las grandes desigualdades sociales que afectan a nuestros países.

Asimismo, Ribera ha destacado varios ejes transversales para la transformación y recuperación en la región iberoamericana, como son la transición ecológica, fortalecer al máximo la cohesión social, fortalecer la agenda de género y garantizar la igualdad de oportunidades.

En esta línea, la vicepresidenta ha resaltado la necesidad de reorientar, transformar, pensar la salida de la crisis con una base inclusiva y sostenible, buscando igualdad de oportunidades y pensando en las personas dentro de los límites ambientales.

La oposición en bloque ha defendido este miércoles en el Congreso mejorar la flexibilidad de condiciones de devolución de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puestos a disposición de empresas y autónomos para garantizar la liquidez durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Así lo han manifestado el PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts, el PNV y UPN durante el debate de una iniciativa presentada por los ‘populares’ que exigen ampliar de cinco a seis años el período de devolución de estos préstamos.

En todo caso, Junts y el PNV han avanzado su abstención a esta propuesta, en aras de dejar un mayor margen de actuación al Gobierno y la necesidad de pactar estas condiciones en la Unión Europea, y ERC, que ha celebrado las reivindicaciones del PP, tampoco ha explicitado su apoyo a esta propuesta, por lo que de no contar con estos votos, podría ser rechazada este jueves con los votos del PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en la Cámara.

Mario Garcés, del PP, ha acusado al Gobierno de no haber «dopado adecuadamente» a las empresas, lamentando la falta de benefoicios fiscales y subvenciones directas, y exigiendo que, ante la ausencia de estas medidas, «al menos amplíen el período de carencia y vencimientos de prestamos.

Una «medida razonable», a juicio de ERC y su diputado Joan Capdevila, pues «dotaría de oxígeno» al tejido empresarial acogido a estos préstamos, mientras que Ferrán Bel (Junts) ha advertido del riesgo que tendría para el sector financiero un empeoramiento de la situación para las empresas.

El PNV, a través de Idoia Sagastizabal, ha señalado que, visto que «la actividad sigue descendiendo» y que se avecinan nuevas restricciones por la segunda ola, será necesario modificar los instrumentos ya aprobados, incluyendo la reestructuración de las deudas ya asumidas. «La pandemia va para largo y hemos sido demasiado optimistas», ha dicho.

Por parte de UPN, Sergio Sayas, ha avisado de que, de no dar facilidades a las empresas, se desencadenará el cierre de las mismas, con la consecuente destrucción de empleos, mientras que Vox ha propuesto dejar abiertas a las partes pactar una flexibilización, un sistema de devolución creciente y que, a partir del sexto año, los préstamos no cuenten con el aval del ICO.

El Gobierno ha renovado el acuerdo bilateral de préstamo que mantiene España con el Fondo Monetario Internacional y que podría reducir a menos de la mitad la cantidad comprometida en caso de que se finalicen las reformas de financiación del organismo según ha acordado el Consejo de Ministros este martes.

Los acuerdos bilaterales de préstamo suponen la tercera línea de rescate del Fondo, que este emplea cuando es necesario complementar los recursos procedentes de las cuotas de los socios y de los nuevos acuerdos de préstamo (NAB, por sus siglas en inglés). El objetivo de todas estas líneas de crédito es evitar un deterioro del sistema monetario internacional o hacer frente a una situación excepcional que amenace la estabilidad de dicho sistema.

El acuerdo bilateral actual, aprobado en 2016, estará vigente hasta finales de este año. El periodo inicial era de tres años, pero el Directorio Ejecutivo del FMI decidió ampliar el plazo un año adicional.

A partir de 2021, los socios del FMI han decidido realizar un trasvase de recursos de los acuerdos bilaterales hacia los NAB, manteniendo el volumen general de recursos del Fondo intacto, aunque es algo que tiene que ser aprobado por los socios.

Si se llega a ese acuerdo, la cuota de España en el acuerdo bilateral de préstamo pasará a ser de 6.401 millones de euros para el periodo 2021-2023 (extensible hasta 2024). Si no hay acuerdo, la cuota se mantendrá como hasta ahora en 14.860 millones de euros.

El Gobierno ha indicado que este tipo de préstamos no tienen «incidencia alguna» en el déficit y deuda públicos, dado que se trata de recursos monetarios. En caso de que se apruebe su desembolso, el pago lo realizará el Banco de España y la operación se recogerá en su balance.

En septiembre, el Ejecutivo ya renovó su adhesión a los NAB, la segunda línea de rescate del FMI y cuyo periodo de vigencia irá de 2021 a 2025.

Ciudadanos ha avanzado este martes que presentará tres votos particulares en la renovación del Pacto de Toledo en el Congreso para impulsar un sistema de mochila austriaca en el ámbito laboral y rechazar la cobertura de más ingresos al sistema con más impuestos o incluso otros de nueva creación.

Fuentes de la formación ‘naranja’ han informado de que defenderán sus propias propuestas en materia de contributividad, sistemas complementarios y también jubilación, reclamando más incentivos para retrasarla de forma voluntaria.

En el caso de la contributividad, Cs asegura que «las pensiones y prestaciones del sistema de Seguridad Social se tienen que financiar con las cotizaciones que aportan los trabajadores», que consideran la vía de nuevos ingresos «una huida hacia adelante» y que, «si el sistema actual necesita reforzar su sostenibilidad a largo plazo para poder seguir asegurando pensiones dignas y estables, entonces será necesario acometer reformas».

Respecto a los sistemas complementarios, en Cs consideran que «hace falta más ambición» en las recomendaciones aprobadas y por eso defiende que todas las empresas hagan aportaciones siguiendo el modelo de la conocida mochila austriaca, que estén bonificadas, y puedan rescatarse en un momento de desempleo o como complemento futuro de la pensión.

Finalmente, también abogan por fomentar la jubilación activa con la posibilidad de cobrar la pensión de jubilación mientras se sigue trabajando y que todos los trabajadores jubilados puedan trabajar y seguir cobrando el 100% de su pensión, sin condiciones ni penalizaciones.

También abogan por que las recomendaciones dejen claro que no se permitirá ningún tipo de jubilación forzosa, «discriminatoria y contraria al derecho de cualquier persona a seguir trabajando si quiere hacerlo», aseguran.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares), en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad (LAV León-Asturias), con un valor estimado de 16.984.276,47 euros (sin IVA), ha informado el Gobierno.

La finalidad del contrato es adaptar las instalaciones de control de tráfico, seguridad y telecomunicaciones a la definitiva configuración de vías de la Variante: ancho ibérico en vía Oeste, ancho mixto (triple hilo) en vía Este, con cambiador de ancho y Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en la dependencia Campomanes AV.

Para poder explotar esta definitiva configuración de vías es necesario adaptar los sistemas diseñados originalmente, y ejecutados parcialmente, para ancho ibérico en ambas vías de la Variante.

El contrato comprende la adaptación y ampliación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas a consecuencia de la instalación del tercer carril en el tramo Bifurcación Pajares-La Robla AV y en la vía Este del tramo La Robla AV-Campomanes AV, así como laadaptación y ampliación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas a consecuencia de la construcción del PAET y cambiador de ancho de Campomanes AV.

También comprende la adaptación y ampliación del sistema de protección de tren ERTMS nivel 2 para adecuarlo al definitivo esquema de vías de la línea, la implantación del sistema de ayuda a la conducción ASFA Digital en el tramo Bifurcación Pajares-Pola de Lena y laadaptación y ampliación de las instalaciones de telecomunicaciones fijas a consecuencia de las nuevas necesidades planteadas de Protección Civil, con nuevas galerías de evacuación en túneles monotubo como los de Vega de Ciego y Pico de Siero.

También incluye el premantenimiento de la línea por periodos y tramos y el mantenimiento de las nuevas instalaciones por un periodo de vigencia similar al existente para el resto de los sistemas del tramo.

La presente actuación permitirá, entre otros beneficios la circulación de trenes en ancho estándar (1.435 mm) en el trayecto León-Campomanes AV, el aumento de la capacidad y regularidad de la línea, al quedar configurada la dependencia Campomanes AV como un PAET, con dos vías de apartado, cambiador de ancho y doble vía general desde León.

Desde 2018, las inversiones directas de Adif y Adif AV en el Principado han ascendido a más de 128 millones de euros, de las que la inversión principal se ha destinado a la Variante de Pajares (95,3 millones de euros) y los 33,1 millones de euros restantes corresponden a inversiones de Adif.

La Línea de Alta Velocidad León-Asturias ha sido cofinanciada, dentro del periodo 2000-2006, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Integrado de Castilla y León y del Programa Operativo Integrado de Asturias, las obras de plataforma de los túneles de Pajares, con una ayuda que asciende a 284 y 107,9 millones de euros, respectivamente y por las Ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte), los estudios y proyectos, con una ayuda que asciende a 3,2 millones de euros.

Dentro del periodo 2007-2013, por el Fondo de Cohesión, las obras de plataforma de los subtramos La Robla-Túneles de Pajares y Túneles de Pajares-Pola de Lena, con una ayuda de 126,4 millones de euros.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 son «ideológicos» y que serían necesarias unas cuentas públicas «realistas».

«La Ley de Presupuestos es la Ley fundamental del país, pero es para un año. No nos acostumbremos a que los PGE se prorroguen ‘sine die'», ha resaltado, tras apuntar que si estos Presupuestos, que van a ser expansivos, van a durar cinco años, habrá que agarrarse «porque vienen muchas curvas».

También ha recordado que las desigualdades eran previas a la pandemia y había que trabajar en ellas. En estos momentos, según el presidente de la patronal, los pequeños empresarios son los que más están sufriendo.

«Son las pequeñas empresas las que están sufriendo y las que van a cerrar. Lo que viene es duro y hay que decirlo», ha hecho hincapié, tras insistir en que se deben poner todos los medios para que la situación no sea tan difícil.

Asimismo, ha alertado de que mandar mensajes negativos, como que se va a regular los alquileres, ponen en alerta a todos los inversores. «Echo de menos el diálogo», ha dejado claro el presidente de la patronal.

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del número de anualidades establecido en la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) la tramitación de un contrato para la transformación de los centros de procesos de datos (CPD) del organismo, con un presupuesto de 26,35 millones de euros a distribuir entre 2021 y 2026.

El presupuesto base de licitación es de 26.355.043,88 euros (IVA incluido) a distribuir entre los años 2021 y 2026. El INE solicitó autorización para modificar el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto para los ejercicios 2025 y 2026, dentro del apartado de ‘Inversiones reales’.

El INE tiene, entre sus funciones, la obtención y gestión de datos estadísticos, relaciones institucionales con entidades nacionales e internacionales y formación del censo electoral, para cuya realización precisa de la utilización de herramientas diversas para el procesamiento de datos que han de operar con un alto nivel de calidad.

Entre estas herramientas se encuentran los centros de procesamiento de datos. Existen actualmente dos centros, ambos en Madrid y se pretende llevar a cabo su transformación, que supondrá un cambio del modelo tradicional de aprovisionamiento de infraestructuras TIC a un modelo basado en un catálogo de servicios con precios unitarios con una transformación de la infraestructura actual.

La contratación para acometer esta transformación se realizará mediante procedimiento restringido, regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, y su duración será de cuatro años, prorrogable hasta un año más.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las nuevas normas de funcionamiento de la Caja General de Depósitos, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este nuevo marco tiene como objetivos modernizar y digitalizar el funcionamiento de la Caja General de Depósitos y sustituye a la normativa anterior, aprobada hace más de veinte años.

Esta norma se enmarca en una de las principales líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el impulso de la digitalización en la Administración Pública.

La Caja General de Depósitos se encarga de gestionar de manera centralizada los depósitos y garantías que los particulares tienen que presentar ante la Administración General del Estado como requisito para poder participar en diversos procedimientos como contrataciones públicas, otorgamiento de subvenciones, subastas de bienes, o también para obtener autorizaciones para operar en determinados sectores como, por ejemplo, el sector energético.

Con la aprobación de este Real Decreto se generaliza la gestión digital de los depósitos y garantías, estableciendo la obligatoriedad de utilizar medios telemáticos, agilizando los plazos, y garantizando la máxima seguridad.

Se sustituyen las garantías en papel por garantías en formato electrónico y se favorece que ciudadanos y entidades financieras avalistas puedan conocer por medios electrónicos el estado de los depósitos y garantías y hacer en remoto las gestiones que resulten procedentes.

Asimismo, se simplifican y mejoran los procedimientos de la Caja General de Depósitos para atender las necesidades detectadas a lo largo de los años en los que el anterior reglamento ha estado en vigor y se adaptan a los cambios normativos producidos en este tiempo.

La Caja General de Depósitos gestiona cerca de 60.000 expedientes de constitución de garantías al año, por un volumen de 13.000 millones de euros, y un número equivalente de expedientes de cancelación de garantías.

El Ejecutivo destaca que una tramitación rápida y eficiente de la constitución y cancelación de estas garantías reduce costes de gestión y libera recursos financieros de los particulares que las aportan.