El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha cifrado en un 8,7% la caída de ingresos tributarios prevista para el año 2020 como consecuencia de los aplazamientos del primer semestre y la crisis del Covid, un dato que ve «positivo» al situarse por debajo de la caída del PIB prevista en un 11,2%, aunque es superior a la merma del 7,6% contemplada en los Presupuestos.

Así lo ha señalado Gascón durante su intervención en un evento virtual organizado por Lefebvre sobre el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el que ha adelantado que la previsión es que los ingresos tributarios registren una caída inferior al 10%, en concreto, del 8,7% respecto al año pasado.

Gascón ha explicado que esta caída se debe a los aplazamientos concedidos en el primer semestre del año y supone una mejora en la coyuntura internacional en comparación con al año anterior y ve «positivo» el dato, ya que la merma de ingresos tributarios prevista es inferior al estimación de una caída del 11,2% del PIB este año.

En este sentido, ha indicado que el principal indicador de que las cosas van «razonablemente bien» en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario es que «la evolución de los ingresos sea mejor que la evolución de la actividad económica».

De cumplirse esta previsión de caída de ingresos del 8,7%, la recaudación fiscal disminuiría este año en 18.514 millones, hasta unos 194.293 millones. Se trataría de la mayor caída en once años, ya que en los últimos ejercicios crecía de forma sostenida por encima del 10%, tras los desplomes durante los años de la anterior crisis, como 2008 (-13,5%) o 2009 (-16,9%).

En cualquier caso, la previsión de una caída de ingresos del 8,7% es superior a la citada la semana pasada en el Senado por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, quien defendió que las previsiones de ingresos del Gobierno tienen un «grado de seguridad muy alto.

Bardón sostuvo que los ingresos tributarios*cederán un 7,6% este año, hasta los 196.537 millones de euros, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos, gracias a la recuperación, una aportación de ingresos de 6.800 millones de euros derivada de los fondos europeos y la subida de impuestos.

Según indicó Bardón, los ingresos procedentes de los fondos europeos y el impacto de los cambios normativos llevarán a alcanzar unos ingresos no financieros de 255.631 millones, un 14,5% más, con un alza de los ingresos tributarios del 13%, hasta los 222.107 millones de euros.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

También han participado en el evento virtual el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez; el subdirector general de Ordenación Legal en el departamento de Inspección de la AEAT, Marcos Álvarez; el inspector en el departamento de Recaudación de la AEAT, Antonio Montero, o expertos como la catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia, Ana María Juan, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, entre otros.

Gómez ha subrayado la importancia de regular los softwares de doble uso y las certificaciones exigidas en esta materia, mientras que Montero ha destacado que el proyecto de ley de prevención de lucha contra el fraude contempla la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas y prohíbe por ley las amnistías tributarias».

Además, ha añadido en relación con el nuevo sistema de recargos, que «no blinda la no sancionabilidad en un momento posterior si el contribuyente no ha regularizado y si es la administración la que comprueba».

Ha puntualizado también la posibilidad que recoge el proyecto de salirse de la «lista de morosos» incluso cuando el pago se efectúa fuera de plazo, así como la importancia de la precisión que sobre el plazo de ingreso «originario» se incorpora en la Ley General Tributaria.

Ana María Juan, por su parte, se ha referido al debate respecto a cuándo y cómo puede pedir la Inspección de los Tributos autorización para una entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, sobre lo que ha indicado que «el sistema actual debe, y puede, integrarse a través de unas instrucciones jerárquicas que minimicen los riesgos de desproporción, o falta de razonabilidad, y que eviten que la multiplicación de entradas domiciliarias se convierta en un objetivo en sí mismo».

Por último, Marcos Álvarez, ha explicado que la disposición transitoria única del proyecto habilita, indirectamente y a través del trámite de audiencia, para que puedan aplicar el nuevo sistema de recargos aquellos contribuyentes que ya hubieran interpuesto recurso contra la regularización administrativa.

El Gobierno ha hecho públicas este miércoles las condiciones que deben regir la subasta de las frecuencias de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue del 5G y cuya licitación está prevista para el primer trimestre de 2021, para la que se ha fijado un precio de salida total de 1.170 millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado del inicio de una consulta pública sobre las condiciones del proceso, la primera que se realiza para una subasta de frecuencias y que estará abierta hasta el próximo 17 de enero.

Además, añade que las condiciones se someterán mañana de modo voluntario a la revisión entre pares en el seno del grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) de la Unión Europea, cuyo objetivo es que los Estados miembros intercambien experiencias y buenas prácticas sobre el proceso de asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

En concreto, el Gobierno español subastará ocho bloques de frecuencias: una concesión de 2×10 MHz, cuatro concesiones de 2×5 MHz, en la banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz y tres concesiones de 5 MHz para comunicaciones solo descendentes en la banda 738-753 MHz.

El precio de salida para la subasta ha sido fijado en 340 millones de euros para el bloque de 2×10 MHz y en 200 millones de euros para cada uno de los cuatro bloques de 2×5 MHz. En el caso de los tres bloques de 5 MHz para enlace solo descendente el precio será de 10 millones de euros en cada uno.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales explica que para la fijación del precio de salida se han tenido en cuenta los precedentes de los precios de adjudicación obtenidos en los procesos anteriores para las bandas de 800 MHz y de 3,5 GHz.

«El motivo fundamental para ello es el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias, 30 MHz pareados; el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial dirigido a fomentar la competencia y la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones en España», incide.

OBLIGACIONES DE COBERTURA

Por otro lado, el texto propone establecer un modelo de requisitos decobertura que se deben alcanzar en un plazo de tres desde la formalización de la concesión y que establece dos niveles, un primero obligatorio para los concesionarios de los bloques de 2×5 MHz y un segundo de requisitos adicionales para el bloque de 2×10 MHz.

En concreto, los operadores adjudicatarios tendrán que que proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, alcanzando el 50% de estas poblaciones en el primer año de vigencia de la concesión, el 75% el segundo año y el 100% el tercero.

Además, deberán dar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las capitales de provincia y a todas las capitales de las comunidades autónomas; a todas las autopistas, autovías y carreteras multicarril de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas y a las estacionesferroviarias de viajeros de líneas de alta velocidad.

Por su parte, el operadora que se adjudique el bloque de 2×10 MHz tendrá además la obligación adicional de proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, alcanzando el 25% de estas en el primer año de vigencia de la concesión, el 60% en el segundo año y el 100% en el tercero.

OBLIGACIONES MAYORISTAS

Por otro lado, el Gobierno ha fijado para los cuatro bloques de 2×5 MHZ obligaciones de acceso mayorista a su red con el fin de fomentar su disponibilidad al conjunto de operadores desde el momento del inicio de los despliegues y de la prestación de servicios en esta banda, «de forma que los operadores que no resulten adjudicatarios de estas concesiones podrán prestar servicios 5G al conjunto de la ciudadanía desde el primer momento».

Esta obligación de acceso mayorista tendrá una duración limitada de cuatro años «con el objetivo de no lastrar las apuestas estratégicas y las prácticas comerciales de los licitadores adjudicatarios, fomentando a partir de ese plazo la consecución de acuerdos voluntarios entre diferentes clases de operadores».

La concesión de 2×10 MHz no lleva asociada obligaciones de acceso mayorista «en aras de maximizar el despliegue de la red e infraestructuras, la mayor extensión de los servicios y garantizar que se cumplan las exigentes obligaciones específicas de cobertura impuestas a este bloque».

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES

El documento también recoge que la duración de las concesiones demaniales que sean otorgadas a los operadores de telecomunicaciones como resultado de esta licitación será de 20 años, la mayor posible, sin posibilidad de prórrogas y sin posibilidad de renovación automática.

El Gobierno entiende que este período es necesario para que los adjudicatarios puedan amortizar y rentabilizar la «importantes e ingentes» inversiones que tienen que realizar para desplegar redes y servicios con tecnologías 5G en esta banda de frecuencias, así como para cumplir las obligaciones de cobertura a exigir, generales y específicas, dentro de un modelo de negocio sostenible.

Los operadoras abonarán el precio fijado en la subasta en un solo pago, lo que, según el Ministerio, presenta ventajas para los licitadores adjudicatarios frente a un pago anual de la parte proporcional, más la aplicación del oportuno tipo de interés, durante toda la vida de la concesión, «habida cuenta del entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación de las empresas en el mercado financiero».

La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA), que se llevará a cabo a través de Internet. El Gobierno destaca que este modelo permite conjugar «una buena dinámica en el desarrollo de la licitación, así comoseguridad de los licitadores en el proceso de toma de decisiones y formulación de pujas en el proceso de licitación».

En este sentido, recuerda que el modelo de la subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA) es el que se ha venido utilizando en los últimos años en España y el que mayoritariamente es usado tanto en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea (UE) como a nivel internacional.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ve en peligro la viabilidad actual del sistema de pensiones y afirma que la estrategia de «saneamiento» que propone el Gobierno puede ser «contraproducente porque supone trasladar un problema real a otro donde será más difícil abordarlo», al tiempo que advierte de que los gastos impropios del sistema son solo una cuarta parte de su déficit.

Así lo ha señalado en un artículo publicado este miércoles donde se cuestionan las premisas básicas del análisis del Gobierno y del Pacto de Toledo y firmado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente; el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García y el miembro de Fedea Alfonso Sánchez.

En el artículo los autores abogan por una política de pensiones que preste mayor atención al control del gasto. Además, argumentan que los gastos realmente impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad ascienden, en el mejor de los casos, a algo menos de una cuarta parte del déficit previsto (unos 4.700 millones de euros).

Según Fedea, los motivos de preocupación tenderán a agravarse durante las próximas décadas por el rápido proceso de envejecimiento de la población en el que España está inmerso.

Asimismo, en el estudio también se recoge que el nivel de gasto de España está casi dos puntos de PIB por encima de la media europea porque las pensiones españolas están «entre las más elevadas» de la Unión Europea en relación a los salarios que se pagan en España.

RECOMENDACIONES INSUFICIENTES

Para Fedea, las propuestas de reforma que está preparando el Gobierno con el apoyo de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo «parten de un diagnóstico excesivamente optimista ante la situación actual.

«Ante la situación de rápido envejecimiento poblacional a la que nos enfrentamos y la vuelta a la indexación anual plena de las pensiones al IPC, hay motivos razonables para dudar que las medidas que proponen para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal sean suficientes para garantizar la viabilidad del sistema», según la Fundación.

De hecho, piensa que más bien parece que se ha optado por blindar las pensiones «ante cualquier riesgo, ignorando los probables costes de esta decisión, que podrían exigir un incremento muy notable de la presión fiscal sobre determinadas cohortes de trabajadores y podría dejar sin el margen presupuestario necesario para afrontar otras necesidades sociales».

Sobre la recomendación del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación, Fedea ha recordado que desde 1996 se ha ido avanzando en la separación de fuentes, «de forma que en la actualidad el Estado financia mediante transferencias específicas las pensiones asistenciales y otras prestaciones no contributivas, así como los complementos de mínimos de las pensiones contributivas».

Así, piensa que solo algunas de las partidas, como son las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o el coste de rellenar las «lagunas» para el cálculo pensión, son «realmente» gastos impropios de la Seguridad Social. Además, también piensa que pueden serlo las subvenciones implícitas a regímenes especiales o el complemento de maternidad a pensiones, pero no cree que lo sean las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de hijos, los costes de funcionamiento o las políticas no contributivas de empleo financiadas con cuotas.

«Si tomamos las primeras cuatro partidas, los gastos realmente impropios por los que habría que compensar a la Seguridad Social ascenderían en 2023 a 4.702 millones de euros, lo que supondría un 23% del déficit previsto para ese año según el Ministerio y un 0,33% del PIB», según Fedea.

También cree que lo que se recauda con los actuales tipos de cotización (de las cuotas por contingencias comunes) es «insuficiente» para pagar el componente contributivo de las pensiones vigentes y de otras prestaciones ligadas a las contingencias cubiertas por tales cuotas. Además, asegura que «hay buenos motivos para pensar que las cosas irán a peor en un futuro próximo», porque la indexación completa y universal es «muy cara» y porque las perspectivas demográficas apuntan a una situación «muy complicada».

«La estrategia que propone el Gobierno y la Comisión del Pacto de Toledo supone trasladar el déficit que ahora aparece en los presupuestos de la Seguridad Social al Estado sin reducir en absoluto su cuantía», dice Fedea.

Sobre la revalorización, considera que las pensiones mínimas sí que deberían estar ligadas al IPC con el fin de garantizar su suficiencia, pero que para el resto se debería introducir un índice de actualización diferente, que debería ser sensible a la situación financiera del sistema, «aunque de una forma menos drástica que el actual índice de revalorización de las pensiones e incluir un límite máximo a la pérdida acumulada del poder adquisitivo».

DEROGAR LA REFORMA 

Así, Fedea ha remarcado que la derogación completa de la reforma de 2013 podría llevar el gasto en pensiones de España hasta un 17,5% del PIB en 2050, lo que supondría un aumento de casi 5 puntos en relación con un escenario en el que se mantienen los mecanismos de control automático del gasto de la reforma.

Fedea considera que la contrarreforma de pensiones que el Gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas, que «podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas».

De hecho, cree que, en ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público de pensiones a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas.

CÓMPUTO DE LA PENSIÓN

«Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesaria una inyección muy considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales», dice Fedea, que piensa que para evitar esta situación, sería necesario preservar, al menos en parte, los mecanismos de disciplina automática introducidos en la reforma de 2013 o buscar otras alternativas que ayuden a contener el crecimiento del gasto en pensiones.

Los autores abogan por que se incluya la extensión gradual del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, junto con un endurecimiento de los parámetros que determinan el cálculo de la pensión y el acceso a la misma, así como la puesta en marcha «lo antes posible» del factor de sostenibilidad.

Por otro lado, los autores ven atractiva la medida de compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo remunerado, aunque afirman que para lograr retrasos sustanciales de la edad de jubilación a partir de la jubilación activa actual, se necesitaría flexibilizar su normativa e introducir medidas que podrían conllevar un aumento del gasto. También dejan claro que «no resulta obvio» que un aumento de la edad de jubilación se traduzca necesariamente en un menor gasto en pensiones.

El 47% de los españoles reconoce que está gastando menos en compras navideñas que el año pasado, debido a la crisis económica y el impacto del coronavirus, según los datos que se desprenden de un estudio de Capgemini.

En concreto, las principales razones para esta disminución son la reducción de regalos, porque las reuniones familiares son más pequeñas (29%), seguido de una caída de la renta disponible (28%) junto con las restricciones del coronavirus en curso (21%).

Por otro lado, el informe señala que un 59% de los españoles está priorizando compras de productos esenciales para sí mismos.

De esta forma, a nivel mundial, el 38% de los consumidores asegura también reducir sus gastos en este periodo navideño. Un recorte que se debe a la caída del gasto está causada, principalmente, por una disminución de la renta disponible (24%), junto con las restricciones del coronavirus en curso (22%) que hacen más difícil que los consumidores compren en tienda física.

Además, el número de regalos también disminuye este año, ya que las reuniones están compuestas por un menor número de miembros de la familia (20%).

El informe señala que estos factores provocan un impacto en las compras de los consumidores. Así, el 48% de las compras navideñas son para artículos esenciales, y los consumidores priorizan la ropa (36%), los productos de belleza y cuidado personal (21%) y los artículos eléctricos (21%).

Por otro lado, la prudencia está presente en cada transacción: un tercio (32%) señala los descuentos como el factor más influyente a la hora de realizar una compra, y que la importancia del precio no se puede subestimar. Mientras, el 35% se limita a comprar solo los bienes necesarios, un 29% indica que ha realizado compras no planeadas persuadido por los descuentos y un 20% todavía tiene compras en el tintero, pero está esperando mejores ofertas a corto plazo. Por último, un 58% admite haber aprovechado al máximo las opciones de envío gratis este año.

Respecto a cómo está comprando este año marcado por la pandemia, el 48% ha adquirido más ‘online’ esta temporada festiva que nunca, mientras que casi un cuarto (24%) admite haber adquirido más bienes de producción local que en años anteriores.

Las perspectivas de futuro para las compras en tiendas físicas también son positivas. Según la primera encuesta de la temporada navideña de Capgemini, si bien la preferencia por las compras en las tiendas durante el ‘Black Friday’ cayó un 39% con respecto al año pasado, hasta quedarse en un 28%, los resultados del segundo estudio, que se centra únicamente en las actitudes de los consumidores, sugieren que los compradores echan de menos la experiencia de comprar en una tienda física.

Así, el 63% de los consumidores asegura que le gustaría retomar sus hábitos de compra anteriores cuando la pandemia termine, y el 59% afirma que echan de menos comprar en una tienda.

El número de concursos de acreedores en España se disparó un 26,1% interanual en el mes de noviembre, hasta los 444 procesos, con una fuerte influencia de Madrid y Cataluña, que constituyeron la mitad de los mismos, al tiempo que la creación de empresas a nivel nacional subió un 1,8% anual, hasta las 7.572 sociedades.

Así se desprende de los datos extraídos del Registro Mercantil y facilitados por el Colegio de Registradores, que destaca que durante los primeros meses de la pandemia los concursos de acreedores habían caído de forma generalizada (-84,8% en abril y el -76,1 en mayo), afectados por la ralentización de las comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el estado de alarma, con caídas más suaves en junio (-16,1%), julio (-6,5%) y agosto (-4,6%).

Ya en septiembre se incrementaron de forma brusca los concursos inscritos respecto al mismo mes de 2019, con un alza del 55%, ralentizando mucho el crecimiento durante octubre (+4,3%), hasta repuntar intensamente de nuevo en noviembre (+26,1%).

Madrid, con 94 concursos (+25,3%), y Cataluña, con 134 concursos (+83,6%), representaron la mitad de los concursos en el undécimo mes del año, seguidos por la comunidad Valenciana, con 54 concursos (-1,8%).

Respecto a la inscripción de concursos mediante su desglose en voluntarios y necesarios, el Colegio de Registradores recuerda que el decreto de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar a las empresas que puedan presentar problemas financieros temporales como consecuencia del parón de la actividad económica provocado por el estado de alarma.

Los concursos voluntarios sumaron en noviembre 334 inscripciones, con un aumento del 24,6% sobre el mes anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 110, con una disminución del 11,3% sobre octubre.

LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SUBE

En cuanto a la constitución de empresas, en noviembre repuntó un 1,8% anual, hasta las 7.572 sociedades, por lo que vuelve a las cifras positivas de agosto (+8,4%) y septiembre (+15%), tras la caída de octubre (-7,5%).

Por CC.AA., en términos de volumen de nuevas empresas constituidas, durante el mes de noviembre y respecto al mismo mes de 2019, se vuelven a registrar valores positivos de este indicador, mostrando aumentos en cinco comunidades que se sitúan por encima del 20%.

En este contexto, entre las comunidades con más peso, Madrid con 1.682 constituciones desciende un 10,4%, Cataluña con 1.504 aumenta un 6,4%, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana con 1.323 y 934, aumentan un 8,5% y un 12,4% respectivamente.

Las CC.AA. que experimentan mayor incremento son: Cantabria (+67,6%), Ceuta y Melilla (+33,3%), Navarra (+30,4%), La Rioja (+29,2%) y Castilla-La Mancha (+20,1%). En sentido contrario, disminuyen más en Madrid (-10,4%), Aragón (-9,7%), Galicia (-6,6%) y Asturias (-4,9%).

En cuanto a la comparativa en los meses de pandemia, el Colegio de Registradores observa una «mejora clara» del indicador desde junio, superando incluso los valores del año anterior durante el mes de agosto (8,4%) y septiembre (15%), dejando lejos descensos mostrados al comienzo de la pandemia, que llegaron a superar el 70% en abril.

En Madrid y Cataluña, que protagonizaron entre abril y octubre* fuertes descensos en los primeros meses, sobre todo en abril (-88,4% en Cataluña y -75,6% en Madrid), registraron recuperación desde agosto, especialmente en septiembre, con alzas del 22,7% en Cataluña y del 21,6% en Madrid, si bien desde octubre vuelve a modificarse la tendencia, y aunque se observa una mejoría de Cataluña en noviembre (6,4%), Madrid lleva dos meses consecutivos de caídas en torno al 10%.

LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL CAEN

Por último, las ampliaciones de capital descendieron un 9,2% en noviembre, hasta los 2.152. Por CC.AA., las que presentan mayor volumen de actividad son Madrid con 641 operaciones, un 3,4% más anual, y Cataluña con 393, un 21,2% menos, si bien se observan descensos en casi todas las comunidades, sobre todo en Castilla-La Mancha (-40,8%), seguida de Ceuta y Melilla (-33,3%), País Vasco (-28,6%), Murcia (-24,6%), Extremadura (-24,6%), Asturias (-22,6%), y Cataluña (-21,2%).

Por otro lado, aumentan las constituciones en La Rioja (+160%), Canarias (+15,2%), Navarra y Madrid (+3,4%) y Galicia (+3,3%).

Los registradores constatan una «clara mejoría» de esta variable desde junio, cuando descendió un 10,5%, pero menos que las caídas del 61% de abril y el 48,8% en mayo, coincidiendo con el final de las restricciones a la actividad, acercándose a los valores de 2019.

En los meses siguientes se produce un estancamiento de la recuperación (-11,6% en julio y -11,1% en agosto), para subir un 1,2% en septiembre y volver a caer en octubre (-16,3%) y noviembre (-9,2%).

Las almejas, el besugo y la merluza son los alimentos que más han encarecido sus precios en la antesala de la Navidad, marcada este año por la crisis sanitaria del Covid-19, mientras que la pularda, las angulas y el redondo de ternera figuran entre los que más se han abaratado a pocos días de la Nochebuena, según el segundo control del observatorio de precios de la OCU.

En general las carnes y productos vegetales han mantenido sus precios, frente a los pescados y mariscos que son los que más han subido.

Así, las almejas son de momento un 19% más caras que el pasado año, al tiempo que el besugo cuesta ahora un 17% más que en las mismas fechas de 2019 y la merluza, un 13% más. Por el contrario, los productos que más bajan son la pularda (-29%), las angulas (-7%) y el redondo de ternera (-5%).

Según la OCU, los precios de los alimentos han subido un 1% desde el 25 de noviembre, fecha en la que OCU puso en marcha su observatorio de precios navideños que tiene como objetivo comprobar la evolución de los productos de alimentación típicos de las fechas navideñas. En este segundo control, los precios han aumentado un 1%, la menor subida de los últimos años. De hecho, en esta segunda ola, los precios de los productos navideños han bajado de media un 4,1% con respecto a 2019.

Por primera vez desde 2015, fecha desde la que OCU puso en marcha el observatorio de precios, los precios registrados en el segundo control están por debajo de los del año anterior.

En total, de los 15 productos a los que OCU realiza un seguimiento, seis ha subido el precio a pocos días de la Navidad: almejas (+19%), besugo (+17%), merluza (+13%), percebes (+7%), ostras (+4%) y pavo (+2%) frente a seis que han bajado: pularda (-29%), angulas (-7%), redondo de ternera (-5%), langostinos (-3%), piña (-2%) y lubina (-1%). Por su parte, la lombarda, el cordero y el jamón ibérico de cebo mantienen sus precios.

Según la OCU, los productos que otros años han subido de forma moderada este año mantienen precios o bajan y si en otros años han subido de forma importante, este año lo hacen de forma moderada. Más de la mitad de los productos tienen en estas fechas un precio medio inferior al que tenían el año pasado o incluso al de 2018.

OCU considera que uno de los aspectos que ha podido influir en esta moderación de los precios es la baja demanda, debida a las restricciones que conlleva la pandemia de la hostelería, cenas de empresa y comidas entre amigos previas a las fiestas. No obstante, es previsible que, igual que ha ocurrido otros años, se produzcan subidas de precios en la semana previa a Navidad.

Según la OCU, los españoles planean gastar un 20% menos que otros años durante estas fiestas, aunque, aun así, la media de gasto por persona supera los 500 euros. Regalos, comidas y celebraciones se llevan las mayores partidas de gasto.

El tercer control y último de precios de la OCU tendrá lugar en la víspera de las fiestas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha regulado la concesión de subvenciones directas por un valor global de hasta 30,6 millones de euros a CEOE, Cepyme y UGT para la realización de acciones formativas de digitalización aplicadas al sector productivo.

Así lo recoge este miércoles un Real Decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se precisa que estas acciones formativas irán destinadas a formar, en el primer año, a 125.000 trabajadores de cualquier ámbito o sector y sin requisito de pertenencia o afiliación a ninguna de las organizaciones beneficiarias.

En concreto, la norma contempla una subvención directa por un importe máximo de 15,3 millones de euros a la CEOE para la formación en digitalización de 62.500 trabajadores; de 5,1 millones a Cepyme para formar 20.833 trabajadores, y de 10,2 millones a UGT para impartir formación a 41.667 trabajadores.

Los trabajadores participantes en esta acción formativa podrán tener la condición de ocupados por cuenta ajena o por cuenta propia, incluyendo los trabajadores que mantengan una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

Se dará prioridad a la participación de los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y una de las condiciones exigibles para tener acceso a la subvención es que exista un mínimo del 20% de mujeres inscritas en la acción formativa.

El importe máximo de la subvención por alumno, entendiendo como tal el que complete al menos el 80% de la formación, será de 245 euros. Para aquel alumnado que no complete el 80% del tiempo estimado de la formación se considerará como imputable al proyecto y gasto justificable un 10% del máximo previsto, equivalente a 24,5 euros.

Las organizaciones beneficiarias de la subvención tendrán que desarrollar y ejecutar una acción formativa en digitalización aplicada al sector productivo, con metodología de formación virtual tutorizada, y con el temario y contenidos que apruebe la Secretaría General de Formación Profesional, con carácter de proyecto piloto.

Esta acción formativa tendrá una duración de 30 horas, responderá a los contenidos de una Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y será acreditable en el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, esta acción formativa se acompañará de un proceso simultáneo de diagnóstico de las necesidades de formación en el ámbito de la digitalización que permita la evaluación de las acciones formativas actuales y la planificación de las futuras.

Según el Gobierno, la envergadura de esta actuación requiere contar con los representantes naturales de los trabajadores y de sus empresas y la canalización de estas subvenciones a través de ellos supone «una garantía para una adecuada consecución de los objetivos de cualificación de los trabajadores en materia de digitalización aplicada.

SIN CONCURRENCIA COMPETITIVA

Educación explica que en la Mesa de Diálogo Social para la Formación Profesional se abrió esta convocatoria a la participación de todos los representantes presentes en la misma, pero que fueron CEOE, Cepyme y UGT las que manifestaron «su disposición, estructura y capacidad actual para participar en un proyecto de esta envergadura».

El Ministerio estima que concurren circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público para la aprobación de estas ayudas como subvenciones de concesión directa, pues «la digitalización del sector productivo resulta crucial para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de los trabajadores y trabajadoras y la empleabilidad de jóvenes y mujeres», un asunto que, a su juicio, «reviste especial urgencia de cara a la recuperación de la economía española tras la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

Además, argumenta que en este caso «no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva» debido a que se trata de entidades que prestan una serie de servicios fuera del mercado, sin ánimo de lucro, ni existen otras posibles perceptoras de tales fondos, dada la posición única que ostentan estos interlocutores sociales.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan para la modernización de la Formación Profesional, en el que se plantea una actuación que formará a 125.000 personas anualmente durante 4 años, mediante un módulo de 30 horas de digitalización aplicada a su sector productivo y puesto de trabajo.

Las ayudas serán compatibles con la percepción de cualquier otra o subvención proveniente de Administraciones locales, regionales, nacionales, supranacionales o internacionales, salvo para las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos. En todo caso, el montante total en caso de que concurrieran varias ayudas o subvenciones no podrá superar el valor total del gasto realizado.

La propuesta de pago de las subvenciones previstas a las entidades beneficiarias se podrá efectuar con carácter anticipado a su justificación. La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención tendrá que justificarse en el primer trimestre del año siguiente al de la finalización de la ejecución de las acciones.

Los precios del transporte aéreo de pasajeros se desplomaron un 6,2% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2019, su mayor caída desde el ejercicio 2008, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este retroceso anual de los precios de esta actividad, que contrasta con el aumento del 1,2% que registró en el segundo trimestre, se debe, según Estadística, al hecho de que los precios del transporte aéreo de pasajeros bajaron entre julio y septiembre de este año, periodo marcado por la crisis del Covid, frente al incremento que experimentaron en el verano de 2019.

De las quince actividades del sector servicios para las que el INE calcula índices de precios, seis de ellas recortaron su tasa de variación interanual en el tercer trimestre, otras seis la aumentaron y se mantuvo estable en tres.

Así lo revela el Índice de Precios del Sector Servicios, cuyo objetivo es facilitar trimestralmente índices de la evolución del precio de los servicios proporcionados a empresas por cada uno de los sectores desde el punto de vista del productor.

Entre las actividades que disminuyeron en mayor medida su tasa interanual respecto al segundo trimestre destaca, junto al transporte aéreo de pasajeros, la publicidad, que en el tercer trimestre recortó más de siete puntos su tasa anual, hasta el 0,9%.

Por su parte, entre las seis actividades que elevaron su tasa interanual destacan las telecomunicaciones, con un aumento de cuatro décimas, hasta el -0,6%, y los estudios de mercado, que elevaron un 1,2% anual sus precios durante los meses de verano, dos décimas más que en el segundo trimestre.

Las tres actividades que mantuvieron su tasa anual en el tercer trimestre fueron las actividades postales y de correos (+2,9%), los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (+0,5%) y la actividad de depósito y almacenamiento (+1,4%).

LA PUBLICIDAD HUNDE SUS PRECIOS

En cuanto a la variación trimestral (tercer trimestre sobre primer trimestre), los mayores descensos de precios se produjeron en la publicidad, con una caída récord del 24,8%; el transporte aéreo de pasajeros (-4,9%) y las telecomunicaciones (-0,6%).

Por su parte, entre las actividades cuyos precios aumentaron en tasa trimestral, sobresalen las actividades relacionadas con la programación y la informática (+0,4%) y las actividades postales y de correos (+0,3%).