Maurici Lucena (1975) es el fichaje estrella de la candidatura del PSC para la nueva legislatura si los socialistas consiguen la Generalitat y de nuevo protagonista de las conocidas ‘puertas giratorias’, políticos contratados por empresas públicas o privadas una vez dejado el cargo. Lucena es una rara avis de la política económica. Ha saltado de la empresa privada a la pública, pasando por la política, y viceversa.

El actual presidente de la semipública Aena vuelve a la arena del Parlament como mano derecha de Salvador Illa, el candidato socialista, para sustituir a Pere Aragonés (ERC) al frente de la vicepresidencia económica, la más potente del ejecutivo catalán con un presupuesto superior a los 200 millones de euros únicamente para su mantenimiento.

Lucena ha dejado en números rojos a Aena, con unas pérdidas de más de 100 millones y la caída de 200 millones de pasajeros, para pilotar una Cataluña en la UVI por la pandemia del Covid-19, con una caída del PIB superior a las previsiones iniciales, más de un 16% de paro y miles de negocios y trabajadores en ERTE esperando ayudas directas que no terminan de llegar.

Críticas por mantener su puesto

Su anuncio de dejar Aena ha sido criticado por todos los partidos catalanes. El Partido Popular ha pedido su dimisión inmediata por compatibilizar el cargo y hacer campaña política. Consideramos que no es aceptable en la actual coyuntura de alerta sanitaria que Aena siga siendo dirigida por un presidente a tiempo parcial, y que éste compatibilice sus funciones al frente de la compañía con las propias de su candidatura a vicepresidente de la Generalitat», afirma el portavoz de transportes del PP en el Congreso, Andrés Lorite.

«No parece razonable que el máximo responsable de la compañía Aena pase a compatibilizar sus funciones con la actividad electoral de su ya oficializada candidatura», ha criticado Lorite.

Los independentistas, por su parte, aseguran que «el PSC convertirá la Generalitat en una oficina más de la Moncloa».

Otras puertas giratorias en el PSC

El de Lucena no es el único caso de puertas giratorias en el PSC. José Montilla,  expresidente de la Generalitat, recaló en el consejo de administración en Enagás. El entonces líder de los socialistas catalanes y actual ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, aseguraba que «no» era «una puerta giratoria» ya que tardó en entrar en la energética diez años.

Una vez sentado en el consejo, Iceta defendía que Montilla no debía renunciar a la oficina de expresidente, casi 400.000 euros anuales. Ante esto, los grupos de la oposición tratan de reformar la ley para evitar que los políticos puedan asistir a los consejos de administración de empresas del Ibex 35.

Discípulo de Solchaga y alumno de Mas-Colell

Durante su licenciatura en Económicas estudió bajo las enseñanzas de Andreu Mas-Colell (CiU), exconsejero de Economía de la Generalitat de Catalunya con el último gobierno de Jordi Pujol y el primero de Artur Mas.

Años más tarde fue fichado por el decano despacho fundado por el expresidente del PSOE, Carlos Solchaga, y fue presidente del consejo de la pública Agencia Espacial Europea antes de pasar como director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entre 2004 y 2010.

En 2012 saltó a la política y fue nombrado portavoz del PSC, con Miquel Iceta al frente de la formación, en 2013. El asiento le duró hasta 2015, con un partido socialista en declive y roto por el empuje de los independentistas y Ciudadanos.

Entre otros puestos, ha sido director general de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDE), dependiente del Ministerio de Defensa y profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, cargo que dejó para llegar a lo más alto de la cúpula de Aena.

Favorable al referéndum y a la España federal

En su primera etapa política, el hasta ahora presidente de Aena se mostraba favorable al referéndum de independencia, siempre y cuando fuera pactado y negociado con el Gobierno de España, exponiendo como ejemplos las consultas de Quebec y Escocia. Además, consideraba que la España federal era uno de los objetivos principales de los socialistas catalanes.

Lucena, como portavoz del PSC, fue contrario al reférendum de CiU. «Si yo fuera un dirigente no exaltado de CDC, tendría ganas de estrangular a Mas», afirmó en 2013, pero aseguró que presionaría para que el PSOE aceptara la consulta, al tiempo que pedía al entonces presidente de la Generalitat abandonar el independentismo.

En el seno del PSC de hace siete años había una corriente liderada por Marina Geli a favor de una consulta sobre el denominado ‘derecho a decidir’.

Broncas en el Parlament y el uso de su condición sexual por el BBVA

Por otro lado, ha tenido que lidiar con agrios debates en el pleno del Parlament, recibiendo insultos como «patético» por el entonces diputado de la CUP, Quim Arrufat, en una respuesta al socialista.

Su nombre ha aparecido en informes del comisario José Manuel Villarejo para el BBVA. «Su principal punto débil -en referencia al exministro Miguel Sebastián- (aparte de su cuestionada capacidad profesional que de momento queda compensada por el apoyo de ZAPAT) se encuentra en lo que eufemísticamente ha sido calificado como su «círculo de amistades» y que hace referencia a sus actitudes sexuales, que le han llevado a propiciar el ascenso de su actual pareja MAURI (Maurici Lucena) dentro de su entorno laboral».

También aparecía como expareja de Sebastián en el mismo informe de Villarejo. «Se han obtenido informaciones sobre el mismo tema, referidas a otras relaciones sentimentales con otros miembros de su entorno laboral (con anterioridad a MAURI) DAVE -refiriéndose a David Vegara- y MIKY fueron pareja sentimental…».

La CNMV contrata a dedo y por urgencia a EY, antiguo auditor de Naturgy, para «valorar empresas», en mitad del tsunami provocado por la oferta de compra lanzada sobre la gasista. Una operación que ha removido al sector empresarial y político español y en el que el Gobierno y el regulador tienen la última palabra.

El acuerdo entre ambas partes se ha cerrado mediante un acuerdo público, este mismo lunes 1 de febrero, bajo el descriptivo título de: «Asesoramiento en valoraciones de empresas». Además, el mismo se ha articulado con la mayor velocidad posible y en el máximo secreto. De hecho, dicho contrato se ha desarrollado por la vía urgente y solo se contactó a tres firmas, según consta en la documentación ofrecida por la CNMV. Además, el precio final ofertado por EY, de 65.000 euros, es una cifra muy por debajo de las propias estimaciones del regulador que esperaba un coste de 80.000 euros.

Aunque en principio el trabajo de EY no tendrá nada que ver, en principio, con la operación Naturgy, según explican ambas partes. El regulador señala que el contrato se licitó a finales de diciembre, cuando no se conocía nada sobre la opa. Aunque ha preferido no desvelar más detalles de este, al haberse cerrado por la vía de «negociado sin publicidad». Pero la proximidad de ambas firmas, y del tiempo de ejecución, ha provocado que algunas voces del sector señalen a dicho acuerdo. De hecho, la compañía fundada Alwin Ernst y Arthur Young ha sido el auditor de Naturgy en los últimos tres años.

EY AUDITÓ LAS CUENTAS DE NATURGY ENTRE 2017 Y 2020

La relación profesional entre ambas se remonta a 2017, cuando EY arrebata el contrato de auditoría a PwC y se convierte en el revisor oficial de las cuentas de la gasista. A lo largo de estos años, la firma ha acompañado y vigilado desde la distancia la profunda transformación que ha sufrido Naturgy en los últimos años. Hasta el punto, de que la energética bajo la presidencia y dirección de Francisco Reynes no ha contado con otro supervisor que no sea dicha big four.

En sus últimos informes, la compañía ha puesto el acento en diferentes temas: Compromisos de compra de gas natural para uso propio; Reconocimiento de ingresos en la venta de energía pendiente de facturar o la Evaluación de la recuperación del valor de distintos activos del Grupo. Aunque esa relación tocó a su fin el año pasado y ahora será KPMG la que asuma dicho cargo y prosiga con la labor.

El contrato con la CNMV se articulará a través de la sociedad matriz, Ernst & Young Servicios Corporativos. La división en cuestión no ha parado de crecer en España en los últimos años, de hecho, la facturación de la sociedad se ha multiplicado casi por cuatro en los diez años. El grupo, que integra auditoría y consultoría, acabó el 2019 con un volumen de ingresos de 530 millones como tercera en discordia. Por delante, todavía están Deloitte (832 millones) y PwC (621 millones), aunque cada vez más lejos.

EL PAPEL DE LA CNMV EN LA OPERACIÓN DE IMF

Por el momento, el grueso de la responsabilidad acerca de operación de compra de IMF sobre Naturgy recae sobre el Gobierno. Así, el Ejecutivo tiene que dar el visto bueno a aquellas operaciones en las que se pretende adquirir más del 10% del capital por parte de un comprador que proceda de un país extracomunitario y además se considere que la empresa pertenece a un sector estratégico. Pero antes de ello, una buena parte del trabajo lo hará la CNMV.

Así, primero el regulador deberá recibir la notificación oficial de la oferta, algo que todavía no ha ocurrido, según señalan desde el organismo. Aunque es previsible que llegue en breves. Una vez se reciba comienza el trabajo del regulador para examinar toda la información. Con ello, si antes de siete días el regulador no notifica nada a los interesados se da por hecho que la operación se admite a trámite. Posteriormente, se ejecuta el estudio exhaustivo, con un plazo máximo de 20 días, en el que se incluyen también a los ministerios de Energía e Industria.

Pero la CNMV también posee otros poderes importantes algunos. Uno de ellos, es el de no solo valorar la ofertada emitida para que se ajuste a criterios justos tanto en la forma como en la cuantía del pago que reciban los inversores, sino también exigir un informe externo sobre la operación. Se trata de una salvaguarda que se introdujo en la Ley del Mercado de Valores (la llamada antiopas) en 2012, tras la expropiación argentina de YPF, y que quizás próximamente tenga mucha relevancia.

El régimen de arrendamiento sigue generando quebraderos de cabeza a las empresas públicas vinculadas al sector aéreo. Mientras mantiene un frente abierto con las firmas de retail, restauración y duty free por el alquiler de la superficie comercial de la red aeroportuaria, el conflicto propio de Aena por el arrendamiento de su sede no encuentra final. Lejos de cumplir los planes previstos y trasladarse a la T4, se mantiene en el edificio de la Piovera azul, arrastrando problemas y engrosando su cifra de gastos.

El sindicato ASAE denuncia que tanto el gestor aeroportuario (Aena) como el gestor de navegación aérea (Enaire) acumulan un gasto de 163 millones de euros en concepto de alquiler al sector privado de sus propias sedes corporativas, mientras el proyecto de albergar sendos edificios oficiales en la T4 no termina de materializarse.

Según Alternativa Sindical Aena Enaire (ASAE), en mayo de 2018 ambas empresas públicas anuncian el traslado de sus oficinas centrales al entorno de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el marco del plan de desarrollo inmobiliario proyectado en el primer aeropuerto de la red. El plan incluye un edificio con acceso a transporte público como Metro-Renfe que sea sostenible en consonancia a la política medioambiental de Aena y Enaire.

Después de 30 años pagando alquileres, desde 1990, según los datos publicados por la organización sindical, el senador Carles Mulet García, designado por las Cortes Valencianas por el grupo parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Comú Podem) ha presentado una consulta en sede parlamentaria.

ASAE ya denunció que Aena pagaba millones para alquilar un edificio desde hace 30 años con presuntos problemas de Lipoatrofia Semicircular, al que están buscando una salida. Al inmueble, habría que sumarle además una reforma de 8 millones de euros que se quedará el propietario.

En este sentido, ya se puso sobre la mesa la posibilidad de llevarse todo o sólo parte de SSCC de Aena a los Centros Logísticos Aeroportuarios en Barajas (CLASA). Si bien el Covid ha ralentizado los proyectos previstos, tras el traslado de Pegaso City desde Luca de Tena, por el referido problema de Lipoatrofia, en Pegaso queda un edificio alquilado por Enaire (TIC), a la espera de un traslado definitivo a la nueva sede en la T4, tal y como se anunció en 2018.

La organización sindical cuestiona la demora en el proyecto de una sede corporativa propia para Aena y Enaire en la T4 con acceso al metro, bus y trenes de cercanías, con una planificación unida y compartida pero con dos alas, una para la sección de Aeropuertos y otra para Navegación.

Según las respuestas a las preguntas planteadas por el senador del grupo mixto, se señala que el primer contrato de arrendamiento de una parte del edificio de la Piovera Azul, en la calle Peonías de Madrid, fue suscrito en 1993 por Enaire (antes Aena E.P.E), siendo arrendatario del mismo hasta 2014. Una vez se hizo efectiva la escisión entre Enaire y Aena, los pagos de alquiler de abonaron por el gestor aeroportuario a la empresa Construcciones Hispano Argentinas, en calidad de arrendador de dicho inmueble.

En lo relacionado con el nuevo edificio corporativo, se achaca al actual contexto de crisis sanitaria por el Covid-19 y «su profundo impacto en el sector aéreo» el empeoramiento significativo de las principales magnitudes financieras de la compañía, tal y como muestran los resultados económicos de la misma.

De forma que la situación extraordinaria ha incorporado nuevas incertidumbres al proceso de puesta en marcha de este proyecto, «que dependerá del momento en el que exista una mayor visibilidad sobre el grado de recuperación de la actividad de Aena en los próximos años».

En lo referente a la Lipoatrofia Semicircular, conviene mencionar que desde 2018, Aena viene implantando medidas encaminadas a minimizar el riesgo de los trabajadores, de forma que en la actualidad todos los casos confirmados han remitido o se encuentran en proceso de remisión.

Pero Aena no sólo tiene problemas como inquilino en cuanto a que no consigue dejar de serlo pese a los planes previstos para una sede propia y que, una vez más, se han visto relegados, en este caso por la pandemia. También en su faceta de arrendador de los locales comerciales de la red aeroportuaria española, a la empresa pública se le plantea un conflicto con las firmas alquiladas que, de no cerrarse de forma consensuada, podría derivar en importantes pérdidas para los comercios y en un grave problema de empleo.

AENA SE IMPONE A LOS COMERCIOS ALQUILADOS

Las firmas arrendatarias de la superficie comercial gestionada por Aena no están dispuestas a aceptar la rebaja unitaleral del 50% del pago de la renta mínima garantizada de los operadores, que plantea el gestor aeroportuario. En una carta suscrita por más de un centenar de espacios arrendados denuncian condiciones abusivas y precios excesivos y piden la mediación del Gobierno.

La nueva y controvertida decisión de Aena representa unas condiciones sustancialmente peores que las alcanzadas en las conversaciones y preacuerdos que el gestor aeroportuario había venido negociando antes de la aparición del RD 35/2020, al que se ha acogido para aplicar una reducción sin consensuarla con los afectados. De esta forma, la empresa se ha apoyado en una medida que ha aprobado de forma oportuna y conveniente el Gobierno para conseguir adaptarse a estos tiempos de crisis. Pero quienes están afectados por la norma aseguran que traerá despidos.

Las firmas comerciales apelan a la mediación del Gobierno “para solicitar que medien en el conflicto de forma que no se pongan en riesgo los más de 12.000 empleos de las empresas afectadas” y añaden “Aena tiene una posición de dominio reconocida por la propia CNMC, por lo que, si la negociación fracasa, los arrendatarios no tendrán más remedio que pedir el amparo de la propia CNMC o los tribunales”.

Las tiendas “rebeldes” de los aeropuertos que gestiona Aena están dispuestas a llevar su conflicto con el gestor hasta Bruselas. Fuentes próximas a la Asociación de Operadores Comerciales de Aeropuertos, la organización en torno a la que se han agrupado aquellos operadores que no aceptan las nuevas condiciones de alquiler que les ha ofrecido Aena, han asegurado que están estudiando denunciar a la compañía ante las autoridades europeas de la Competencia, según publica La Razón.