La hostelería española concluyó 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación, alrededor del 50% de sus ventas, y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus.

«El sector está en un momento crítico y atravesando su peor momento histórico. Cerramos 2020 con una reducción del 50% de la facturación. Esto es dramático para un colectivo tan fragmentado», ha avanzado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, en la inauguración del foro ‘Meet the Beer’.

En concreto, el sector ha destacado la pérdida de empleos, ya que actualmente hay 360.000 trabajadores se encuentran en situación de ERTE, mientras que calculan que se han perdido 300.000 de manera completa. «Creemos que unos 85.000 establecimientos han cerrado ya definitivamente y lamentablemente todavía no se ha tocado fondo», ha advertido Gallego.

Ante las nuevas restricciones y los cierres permanentes de locales en diferentes comunidades autónomas, Hostelería de España advierte de que las empresas «están muy debilitadas» y se encuentran en un «momento crítico y difícil» con esta tercera ola.

Gallego ha lamentado que bares y restaurantes sean los señalados en esta crisis, por lo que Hostelería de España pondrá en marcha la próxima semana una nueva campaña, ‘Un año de restricciones pagando los platos rotos’. «Sentimos que se ha focalizado en la hostelería de forma injusta. Las Administraciones no han hecho lo que tenían que haber hecho y ahora lo estamos vemos con las vacunas», ha denunciado.

«Se ha elegido a la hostelería como un sector muy visual, porque no hay calle en España sin bares, para parecer que son muy drásticos y se lucha mucho contra el virus. Somos un chivo expiatorio y ejemplificador de lo que no se ha hecho con otros sectores», ha lamentado.

De esta forma, Gallego no duda en volver a «exigir» las innecesarias y urgentes «ayudas directas» que llevan solicitando en los últimos meses.

«En la primera etapa nos preocupa la reducción de costes y nos centramos en la financiación y en los ERTE. Ahora, los problemas de liquidez son de solvencia, por eso, exigimos, ya que durante décadas este sector lo ha dado todo y no ha pedido nada, solidaridad y compensación. Necesitamos ayudas directas que permita sobrevivir a las empresas y tan pronto como sea posible, con la vuelta a la actividad, necesitaremos medidas de reactivación de la demanda», ha subrayado.

CERVECEROS PIDE AYUDAS DIRECTAS

Por su parte, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, ha reconocido el fuerte impacto que tiene en la producción de las cerveceras en 2020 el cierre de la hostelería, ya que el 70% del consumo de la cerveza se lleva a cabo en bares y restaurantes.

«Desgraciadamente las cifras de 2019 son historia y no tendrán nada que ver con las de 2020. La situación no puede ser más terrible cuando nuestro principal canal está muy resentido en su libertad de comercio y de ganarse la vida», ha lamentado, sobre las duras restricciones impuestas a la hostelería, al tiempo que ha precisado que el incremento del consumo en los hogares «no ha compensado ni en volumen ni en valor».

De esta forma, Olalla no duda en instar a las Administraciones a dar «ayudas» a la hostelería. En muchos países de Europa han cerrado la hostelería, pero pagan. Aquí si te expropian algo en un estado de derecho hay que indemnizar, hay que ayudar porque es una decisión que viene impuesta por las autoridades», ha recalcado.

El directivo ha señalado que el sector cervecero está «priorizando» en el mantenimiento del empleo. «Lo que no sé cuánto tiempo podrán mantenerse así, porque dependerá mucho de su músculo financiero, pero su prioridad es la salud y el mantenimiento del empleo de sus trabajadores», ha reiterado.

Por eso, el director general de Cerveceros de España se ha congratulado de la ampliación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta mayo. «Los ERTES han sido una prioridad para la hostelería y los sectores dependientes. Ahora se ha conseguido la prórroga hasta mayo, pero creemos que habrá que prorrogarlos más», ha señalado.

La licitación pública ejecutada en 2020 por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 14.114 millones de euros, lo que representa una caída del 22,9% respecto a los 18.300 millones que se licitaron en el mismo periodo del año anterior, a raíz de la caída de la actividad registrada desde el estallido de la crisis del coronavirus.

Según las últimas estadísticas de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, el ritmo en la contracción de la actividad se fue moderando a lo largo que avanzaba el año, ya que en septiembre el desplome alcanzaba el 33,6% y, finalmente, cerró el ejercicio ligeramente por debajo del 23%.

De hecho, los ayuntamientos lograron cerrar el año con una mayor actividad licitadora que en el ejercicio precedente, con 5.934 millones de euros, un 0,8% más, una evolución favorable que se debe, principalmente, al último mes del año.

Las comunidades autónomas la redujeron un 16,1%, hasta 5.000 millones de euros. Las únicas regiones que aumentaron la licitación fueron Galicia, con 559 millones de euros y un 86,8% más que en 2019; Islas Baleares, con 139 millones, un 68% más; Aragón, con 209 millones, un 55% más; Comunidad Valenciana, con 530 millones, un 42% más; Extremadura, con 118 millones, un 40,2% más; y La Rioja, con 38 millones, un 36% más.

Por el contrario, Cantabria fue la que más la redujo, un 61%, hasta 37 millones; seguida de Navarra, un 55% menos, hasta 151 millones; Castilla-La Mancha, con 76 millones, un 53% menos; País Vasco, con 203 millones, un 48% menos; y Canarias, con 235 millones, un 41% menos.

UN 64% MENOS EN ADIF

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que más obra pública concentra y cuyo apartado de movilidad ha sido uno de los más afectados por la restricción a los movimientos derivados de la pandemia, acaparó 2.044 millones de euros, reduciéndola en un 60% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro del Departamento que dirige José Luis Ábalos, la Dirección General de Carreteras rebajó en un 63% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 64%, Aena en un 68%, las Autoridades Portuarias en un 24% y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en un 84,5%.

Al margen de la licitación en transportes, teniendo en cuenta el tipo de obra anunciada, las de equipamiento social fueron las que más recursos económicos concentraron, con 3.094 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas, que, no obstante, también se redujeron en un 6%.

Representantes de los ministerios de Industria, Trabajo y Defensa, la SEPI, CC.OO., UGT y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) han acordado este jueves dar luz verde a un Plan de Choque para el sector aeronáutico nacional con el fin de mantener las capacidades productivas y el empleo en este sector estratégico para el tejido industrial español.

En concreto, el plan define seis ejes de actuación: modernización de las plantas de producción, un fondo de apoyo a la cadena de suministro, un marco presupuestario estable, inversiones en I+D+i, apoyo a la formación profesional, y un compromiso por el empleo.

Dicho plan es el resultado de un «intenso» trabajo de colaboración entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para proteger a un sector estratégico que se ha visto afectado por la crisis generada por la pandemia.

«La capacidad que posee la industria española en el diseño, fabricación y certificación de aviones completos y el empleo cualificado son dos activos que muy pocos países poseen y que deben ser preservados», ha destacado el Ejecutivo.

De esta forma, las partes implicadas han acordado la puesta en marcha de un plan de modernización de las plantas de producción a través de proyectos tractores, del programa de apoyo a la inversión industrial productiva, préstamos participativos y mecanismos de apoyo financiero de ENISA, y nuevas líneas de apoyo a las pymes.

A ello se suma la creación de un fondo de apoyo a la cadena de suministro para su desarrollo y consolidación desde los Tier-2 a las empresas más pequeñas y un marco presupuestario estable para el sector aeronáutico. Los proyectos tractores podrán tener un presupuesto plurianual y el compromiso de financiación por parte del Ministerio de Industria será también plurianual.

Asimismo, el plan recoge el compromiso por el empleo. Las autoridades públicas responsables de la aplicación de dicho plan tendrán especialmente en cuenta la responsabilidad en materia de empleo de las empresas beneficiarias y su compromiso para impulsar la capacidad de la industria aeronáutica, la calidad el empleo y unas relaciones laborales normalizadas.

Además, las partes apuestan por la inversión en I+D+i, donde intervendrán tanto el Ministerio de Industria como el de Ciencia e Innovación a través del CDTI, que ya está trabajando en el diseño de un nuevo Plan Tecnológico Aeronáutico.

El Ministerio de Industria cuenta con diversos programas de I+D+i ligados a la innovación y a la digitalización de las empresas como las líneas de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0 y a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera.

Según las partes implicadas en el plan, gran parte de la fuerza laboral del sector aeronáutico se ha visto afectada por medidas coyunturales y de restructuración en el ámbito del empleo, por lo que es vital reforzar la formación en habilidades y conocimientos demandados por el sector, con objeto mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y contar con una fuerza de trabajo preparada frente a los retos futuros en el sector.

En consecuencia, en colaboración con TEDAE, sindicatos y los Ministerios de Trabajo y Economía Social y Educación y Formación Profesional, el plan propone trabajar en la actualización de los currículos formativos en sus distintas modalidades para adáptalos a las demandas de la industria, una vez estas se hayan identificado.

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales registró una caída interanual del 0,8% el pasado mes de diciembre, moderando ocho décimas el descenso de noviembre, mientras que los precios de importación de dichos productos se desplomaron un 7,8%, aunque mejoraron cuatro décimas el dato del mes anterior (-8,2%).

Con las cifras de diciembre, tanto los precios de las exportaciones como los de las importaciones encadenan once meses de tasas interanuales negativas, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el INE, en la subida de ocho décimas de la tasa interanual de los precios de las exportaciones de los productos industriales ha influido fundamentalmente la energía, cuya variación anual aumentó 9,5 puntos en diciembre, hasta el -9,1%, por el encarecimiento de la producción y transporte de energía eléctrica y del refino de petróleo.

También contribuyeron los bienes intermedios, que elevaron su tasa anual ocho décimas, hasta el -0,3%, por el mayor coste de la fabricación de productos químicos básicos y por la subida de los precios de la producción de metales preciosos, mayor en diciembre de 2020 que en igual mes de 2019.

Por contra, entre los sectores con mayor influencia negativa, destacan los bienes de consumo no duradero, que recortaron cuatro décimas su variación interanual, hasta el -1,5%, por el abaratamiento en la elaboración de productos cárnicos.

LOS PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES AMORTIGUAN SU CAÍDA AL 7,8%

Por su parte, los precios de las importaciones registraron en el último mes del año pasado una caída del 7,8% en tasa interanual, frente al descenso del 8,2% del mes anterior.

Por destino económico de los bienes, el sector industrial con mayor influencia positiva fue de nuevo la energía, con una variación del -35,4%, más de dos puntos superior a la del mes anterior, debido al encarecimiento de la extracción de crudo y gas natural.

Le siguieron los bienes intermedios, que elevaron un punto su tasa interanual, hasta el -0,5%, por el mayor coste de la metalurgia y de la extracción de minerales metálicos.

Por el contrario, el sector con mayor influencia negativa en los precios de las importaciones fue el de los bienes de consumo no duradero, cuya tasa anual bajó ocho décimas, hasta el -2,3%, por la estabilidad de los precios de la industria de la alimentación, en contraste con el repunte que registraron un año antes.

SUBIDAS MENSUALES

En cuanto a la variación mensual (diciembre de 2020 sobre noviembre del mismo año), los precios de las exportaciones de los productos industriales subieron un 0,6%, su mayor alza desde el pasado mes de junio.

Por su parte, los precios de las importaciones avanzaron el pasado mes de diciembre un 0,7% respecto al mes anterior, su mayor repunte mensual desde abril de 2019.

El Tesoro Público realizará este jueves la primera emisión de deuda pública del mes de febrero, en la que ofrecerá a los inversores bonos y obligaciones del Estado y con la que espera captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros.

El interés de los inversores por la deuda pública española se ha mantenido al inicio de 2021, si bien el Tesoro ha cobrado menos a los inversores en las subastas del mes de enero tras haber registrado, eso sí, mínimos históricos en los tipos de interés de las emisiones en la última parte de 2020.

En concreto, este jueves ofrecerá a los inversores bonos del Estado a 3 años con cupón del 0% y bonos a 5 años con cupón del 0%, así como obligaciones a 10 años con cupón del 0,10%, y obligaciones a 15 años, indexadas a la inflación europea, con cupón del 0,70%. Con las tres primeras referencias espera captar entre 5.000 y 6.000 millones de euros, mientras que con las obligaciones a más largo plazo prevé colocar entre 250 y 750 millones de euros.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia en el caso del bono a 3 años es el tipo de interés marginal del -0,491% registrado el pasado 7 de enero, mientras que en los bonos a 5 años es el tipo del -0,368% de la pasada emisión del 21 de enero.

En el caso de las obligaciones, la referencia en las obligaciones a 10 años más próxima es el marginal del -0,016% del pasado día 10 de diciembre de 2020, en tanto que en las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación europea es el tipo del -0,843% de la emisión del 21 de enero.

Para el mes de febrero el organismo tiene previsto celebrar tres emisiones más: dos subasta de letras, a 6 y 12 meses el martes día 9 y otra de letras a 3 y 9 meses el martes día 16, y una última de bonos y obligaciones el jueves día 18.

La Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021 contempla una reducción en 10.000 millones de la emisión de 110.000 millones de euros inicialmente prevista en los Presupuestos por la mejor evolución de los ingresos el año pasado.

De este modo, la emisión neta se limitará a 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

A medio y largo plazo, la emisión bruta será de 184.380 millones, un 0,5% más que el año pasado, y la emisión neta de 90.000 millones, un 8,6% menos; mientras que la estrategia del Tesoro contempla 104.758 millones de emisión bruta en letras este año, un 11,9% más, y una neta de 10.000 millones, un 12,5% menos.

En total, la Estrategia de 2021 contempla la realización de 48 subastas ordinarias de letras y de bonos y obligaciones del Estado, recurrir nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de obligaciones y emitir deuda mediante colocaciones privadas, que se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora.

Además, el organismo realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, previsiblemente en el tercer trimestre, con una referencia a 20 años y una primera sindicación con la que captará entre 5.000 y 10.000 millones de euros.