Securitas Direct acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en programa de Talento Joven ‘Becas Verisure’. En colaboración con las universidades de Alcalá de Henares, la compañía destinará un presupuesto total que supera los 200.000€.

Este programa confirma la firme apuesta que Securitas Direct hace por el talento, la formación y el desarrollo profesional de los más jóvenes, uno de los colectivos más vulnerables a la hora de encontrar empleo. La compañía afianza así su compromiso como una de las organizaciones españolas con mayor capacidad empleadora y que cuenta, por tercer año consecutivo, con el certificado Top Employer como una de las mejores compañías para trabajar en nuestro país.

A día de hoy, su plantilla supera las 8.500 profesionales solo en nuestro país (26.000 a nivel internacional), cifra que se ha duplicado, prácticamente, durante los últimos cinco años. De los 4.400 profesionales que tenía en 2016, ha sumado más 4.000 nuevos colaboradores en los últimos cinco años, lo que supone un crecimiento de más del 90%.

Esa apuesta por el talento joven se hizo más que evidente el pasado año, el periodo marcado por la crisis de la pandemia, y durante el que la organización creó 1.400 empleos netos, de los cuáles un 20% de las nuevas incorporaciones tenían menos menos de 26 años, tendencia que pretende consolidar con este programa.

Requisitos para acceder a las ‘Becas Verisure’

Para optar a dichas becas se requiere ser licenciado en Ingeniería, Matemáticas, Física, Estadística, ADE, Económicas, Comunicación o Asesoría Jurídica y contar con alto nivel de inglés.

Por su parte, los seleccionados se incorporarán a la compañía a partir de septiembre. Desde ese momento, emprenderán un itinerario de formación y desarrollo muy completos. Gracias a ello, podrán conocer desde dentro la experiencia de trabajar en una compañía multinacional, con presencia en 16 país y pionera en innovación tecnológica.

Además de adquirir experiencia profesional, la compañía seguirá formando a los participantes a través del Máster “Decision Making and innovation 2.0” por la Universidad de Alcalá de Henares.

Al terminar la beca, también tienen opción real de obtener un contrato laboral. De hecho, “de las seis ediciones anteriores, el 70% de los becados se incorporaron a la plantilla y el 35% adquirieron puestos de responsabilidad como managers, gestionando equipos y liderando proyectos estratégicos y de visibilidad internacional”, asegura Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas de Securitas Direct.

Los interesados en participar en el Programa de ‘Becas Verisure’ pueden presentar su solicitud en la web: talentoteca.es/securitas-direct/

Mejor compañía para trabajar

Durante 2020 la relación entre organizaciones y profesionales ha adquirido un papel protagonista, cobrando especial valor el cuidado del talento. En este contexto, Securitas Direct ha recibido, por tercer año consecutivo, el certificado Top Employer, situándola en el puesto número 7 de las mejores compañías españolas líderes en el desarrollo de estrategias de personas. Se trata de una certificación que realiza la prestigiosa entidad independiente Top Employers Institute y que, por tercer año consecutivo, incluye a Securitas Direct entre las organizaciones referentes en este ámbito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la «inminente» puesta en marcha de un ‘plan de choque’ para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años.

Sánchez ha realizado este anuncio durante su discurso en el 43 Congreso Confederal de UGT que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia, donde ha asegurado que «este Gobierno va a hacer todo lo posible para que los jóvenes tengan una oportunidad».

Este plan concentra una «inversión de importantes dimensiones para hacer frente a uno de los grandes retos de nuestro mercado de trabajo», ha destacado Sánchez.

En concreto, las comunidades autónomas contarán con 600 millones de euros del Gobierno para financiar contratos formativos que otorguen oportunidades de empleo y formación para jóvenes menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros 765 millones en tres programas dedicados al empleo joven. En primer lugar, el Programa ‘Primeras Experiencias Profesionales’. Con él «vamos a dar a nuestros jóvenes lo que muchas veces se les niega: una primera oportunidad que les abra las puertas del mercado laboral», ha resaltado el presidente.

En segundo lugar, el Programa ‘Investigo’, para fomentar la investigación y la tecnología y retener talento que busca «posibilitar que esos talentos se queden y que nuestro país aproveche sus valiosos conocimientos», ha apuntado.

Y, en tercer lugar, el plan contempla un programa de formación que se desarrollará mientras el joven trabaja y que pretende fomentar el empleo en las ocupaciones de mayor futuro: transición ecológica y economía verde; digitalización, cohesión social y lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno española pretende lanzar un mensaje claro para combatir el desempleo juvenil. «No vamos a permitir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis», ha remarcado Sánchez.

Ha trascendido la sentencia dictada el pasado veintitrés de diciembre de 2020, por parte del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Móstoles, cuyo titular es la Excma. Magistrada Juez, Dña. Elena Cortina Blanco, que condena a BANCO SANTANDER a la mayor indemnización estimada hasta el momento, en relación con inversiones realizadas por un inversor profesional en títulos de BANCO POPULAR ESPAÑOL.

El cliente de DURAN & DURAN ABOGADOS, defendido por el abogado Miguel Ángel Durán Muñoz, invirtió 3,1 millones en Participaciones Preferentes de BANCO POPULAR ESPAÑOL en febrero de 2015, emisión que se dirigía sólo a inversores cualificados.

Concurre en este caso, que el adquirente fue miembro del Consejo de Administración de un banco, encontrándose, además, entre los accionistas más significativos de dicha entidad, que se vio inmersa en el proceso de reestructuración bancaria.

La sentencia que estima la demanda de DURAN & DURAN ABOGADOS, señala que en supuestos como el que nos ocupa, en que el resultado padecido por los inversores resulta realmente anormal y desproporcionado al haberse producido en el transcurso de un breve espacio de tiempo el daño patrimonial representado por la pérdida completa de su inversión.

Y el Juzgado concluye que el inversor adquirió los títulos de BANCO POPULAR sobre la base de una información que no revelaba una imagen fiel del banco, siendo que en ese momento ya no cumplía la obligación que legalmente le venía impuesta de informar a los inversores sobre el riesgo que -en atención a la situación económico/financiera por la que, realmente, atravesaba dicha entidad en la fecha indicada-, estaban asumiendo al adquirir este producto.

A tal efecto, para la Magistrada, el hecho de que la imagen económica y solvencia real de BANCO POPULAR, desde que acudió a la macro-ampliación de capital del año 2012, no fuese la informada, resulta, en este caso, especialmente relevante.

La sentencia estima probado que existe prueba suficiente de que la información periódica relativa a la evolución de la entidad desde la ampliación de capital que BANCO POPULAR llevó a cabo en 2012 no era fidedigna, de manera que los inversores permanecieron ajenos al conocimiento de los problemas financieros de la entidad.

SOBRE LA CONDICIÓN DE INVERSOR

La sentencia señala que constituye un hecho incontrovertido que se trata de un inversor profesional, así como que el producto adquirido iba dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

Pero establece, a su vez, que para resolver el caso concreto, era preciso verificar si el inversor dispuso o podía disponer de una información distinta de la que la entidad BANCO POPULAR estuvo ofreciendo al mercado.

Y tras la valoración de la prueba practicada, incluido el interrogatorio del inversor, el Juzgado ha establecido que, pese a la inherente atenuación del nivel de protección del que gozan los inversores profesionales frente a los inversores minoristas, tal circunstancia no puede suponer que deba de prevalecer, frente a lo publicado por la entidad emisora de los valores, las alegaciones vertidas por BANCO SANTANDER con base a suposiciones o elucubraciones referidas a que el demandante pudiera estar al corriente de información especializada o “privilegiada”, máxime cuando esta información a la que pudiera tener acceso no se concreta.

Y, tras la valoración de la prueba practicada, la Sentencia considera que la condición de inversor profesional o, incluso, haber sido parte del Consejo de Administración de una entidad financiera, objeto de reestructuración, no permite concluir que accediera a información societaria interna de la entidad BANCO POPULAR, más allá de lo que pudieran reflejar las cuentas anuales que son objeto de publicación en el Registro Mercantil.

A tal efecto, el inversor afirmó que lo determinante era, a su juicio, que la solvencia de la entidad emisora, BANCO POPULAR, no bajara por debajo del 7% (en este sentido y según la información de las condiciones de la emisión que se publicaron en el BORME “Las Participaciones Preferentes se convertirán obligatoriamente en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Popular si Banco Popular o su grupo presentan una ratio de capital de nivel 1 ordinario (ratio de Common Equity Tier 1) inferior al 7%, calculada con arreglo al Reglamento 575/2013, o cualquier otra normativa de recursos propios aplicable en cada momento al Emisor.”).

El demandante señaló en su interrogatorio que si la solvencia bajaba de ese 7% las Participaciones se convertían en acciones. De hecho, considera que para él ni siquiera un producto de alto riesgo (pese a que así se califica expresamente) porque se basaba en la solvencia de la entidad y la solvencia está respaldada, por Ley, por los organismos reguladores y el auditor, siendo que tanto la CNMV, como el Banco de España, como la auditoría daban una solvencia superior a 11.

INCONGRUENCIA DE LA POSTURA PROCESAL

En este procedimiento, BANCO SANTANDER sostiene que el demandante debió actuar con diligencia y que, dada su condición de inversor profesional, él es el único responsable de las pérdidas incurridas.

Frente a dicha postura, la sentencia constata la incongruencia de tal alegación y postura, puesto que BANCO SANTANDER sigue afirmando, sistemáticamente, todavía hoy, que BANCO POPULAR siempre ofreció una imagen fiel acerca de la situación económicofinanciera por la que atravesaba, negando que la resolución de la entidad fuera motivada por un problema de solvencia.

Si BANCO SANTANDER sostiene que la información era exacta, no puede afirmar que el demandante disponía de información adicional.-

Y destaca la sentencia que, si la demandada sostiene que la información semestral y anual que publicaba BANCO POPULAR era exacta y que la entidad fue solvente hasta el momento mismo de la resolución, no se comprende que se afirme que el demandante disponía de una información adicional (“privilegiada”) que le permitía conocer que la entidad atravesaba por dificultades tales que abocaron a su resolución.

El inversor, profesional o minorista, ha de confiar en la buena fe de la entidad respecto del cumplimiento del deber de ofrecer información adecuada.-

Al fin y al cabo, no era posible que conociera la situación de la entidad, porque por mucha diligencia que empleara en el estudio de los documentos de BANCO POPULAR, y por mucho análisis que efectuara de la información pública existente, la misma era incorrecta, por lo que por muy experto que se sea, no permitía formarse una representación ajustada de la realidad.

De este modo, la sentencia concluye que es de aplicación el artículo 124 de la LMV, pues pocas dificultades ofrece la generación del daño al inversor, concretado en el efecto de reducción a cero de la inversión acordada por la resolución del JUR de 7 de junio de 2017, existiendo una evidente la relación o nexo causal entre ambos elementos pues, de no haberse suministrado información inexacta o incorrecta (que no expresaba la imagen fiel) en el ejercicio 2016 (y anteriores), no se hubiera tenido que realizar los hechos relevantes y demás comunicaciones extraordinarias por parte del consejo de administración a la CNMV, ni se habría generado la fuga masiva de depósitos, que finalmente derivó en la fatal Resolución del JUR para sus accionistas e inversores.

Si la demandada sostiene que la información semestral y anual que publicaba BANCO POPULAR era exacta y que la entidad fue solvente hasta el momento mismo de la resolución, no se comprende que se afirme que el demandante disponía de una información adicional (“privilegiada”) que le permitía conocer que la entidad atravesaba por dificultades tales que abocaron a su resolución.

Y es que, sea profesional o minorista, el inversor confía de buena fe en que la entidad cumpla con sus deberes legales de facilitar esta información adecuada, conforme al principio general de responsabilidad negocial. Esto es, el principio de confianza en la contratación lleva razonablemente a esperar, por parte de los inversores, que la información que van a recibir para valorar el riesgo de su inversión es fidedigna.

En consecuencia, la sentencia estima la demanda interpuesta por DURAN & DURAN ABOGADOS, condenando a BANCO SANTANDER al pago de la indemnización consistente en el importe invertido, de TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS EUROS, más los intereses legales, condenando en costas a la entidad financiera demandada.

Dicha sentencia ha sido objeto de recurso de apelación por parte de BANCO SANTANDER, estando pendiente de resolución.

Tras superar el examen de Médico Interino Residente (MIR) los futuros profesionales sanitarios deben elegir el hospital y la especialidad en la que desean ejercer su actividad profesional. No obstante, el Ministerio de Sanidad ha modificado el criterio de elección para este año, lo que ha suscitado profundas críticas desde el sector sanitario al considerar que no es transparente ni ofrece garantías. El PP ha pedido al Ejecutivo que garantice la elección presencial de las plazas de formación sanitaria especializada.

Este nuevo proceso para la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se realizará de forma telemática según la Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por tratarse de «un procedimiento seguro, transparente, trazable y más ágil y eficiente», aseguraban desde Sanidad.

De esta manera, los opositores de Farmacia, Química, Física, Biología y Psicología podrán solicitar plaza desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio de 2021; los de Enfermería desde el 24 de mayo hasta el 14 de junio, y para la titulación de Medicina el plazo comenzará el 26 de mayo y finalizará el 16 de junio. Un día después de la finalización de los plazos se publicará la relación de plazas en función del orden y preferencia de cada futuro residente.

Esta decisión no ha sido bien aceptada por sindicados, colegios médicos y asociaciones sanitarias, por lo que la plataforma FSE Unida ha convocado una protesta el próximo 25 de mayo frente al Ministerio de Sanidad apoyada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

PROCEDIMIENTO

La Dirección General de Ordenación Profesional (DGOP) del Ministerio de Sanidad ha establecido este nuevo procedimiento para que los opositores de los diferentes ámbitos de salud puedan elegir plaza entre una lista de 8.000 opciones. En este sentido, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha mostrado en un comunicado su desacuerdo con este método porque «no cumple con las garantías de calidad, ni de transparencia ni tampoco asegura un proceso justo para los opositores».

Así, SEMERGEN critica que esta elección telemática «obliga al opositor a realizar una lista cerrada de opciones que tiene que organizar en base a sus preferencias, pero no puede ser modificada». En el caso de continuar con este nuevo sistema, desde la sociedad consideran esencial «diseñar un sistema de calidad que permita seguir en directo cómo van asignándose las plazas y que pueda modificarse sobre la marcha».

Asimismo, el CESM ha insistido en la necesidad de que Sanidad rectifique la decisión. Además, «algunos servicios de salud autonómicos han manifestado su temor ante el hecho de que el método utilizado pueda dejar desiertas numerosas plazas», aseguran en un comunicado.

PREGUNTAS

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso de los Diputados ha presentado al Gobierno varias preguntas por escrito sobre la polémica modificación del sistema de elección de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), un cambio en la elección de las plazas MIR que fue anunciado por el Ministerio de Sanidad el pasado 13 de mayo y que generó «un increíble malestar entre los aspirantes. El Grupo Parlamentario Popular considera que, «tras meses de incertidumbre ante los contradictorios anuncios y globos sonda, los candidatos han recibido la peor de las noticias».

Por ello, la formación ‘popular’ pregunta al Gobierno  de Pedro Sánchez por qué ha optado por un mecanismo que «no contenta a nadie». Pregunta también por las «motivaciones le han empujado a elegirlo».

El PP pregunta, asimismo, acerca de si el Gobierno va a adoptar alguna decisión ante las críticas y movilizaciones que ha generado después de las modificaciones del sistema de elección de plazas o si tiene pensado a seguir adelante con el proceso.

La pasada semana, la portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, denunciaba que los partidos del Gobierno renunciaran a apoyar la Proposición del GPP «para habilitar la elección presencial de las plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria 2020/2021 para las titulaciones universitarias de grado, licenciatura y diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física».

Elvira Velasco reclamaba «habilitar y llevar a la práctica cuantas medidas sean pertinentes para garantizar transparencia, igualdad de condiciones y seguridad frente a la pandemia de Covid-19».

Subrayaba, asimismo, que “una de las principales razones por las que los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud se encuentran entre las profesiones mejor valoradas de España y son solicitados por los países de todo el mundo es, sin duda alguna, el modelo de formación MIR”.

Recordaba también que “la crisis generada por la pandemia ha alterado la gestión de la convocatoria de este año”. “En primer término, con la celebración del examen el pasado 27 de marzo, por la negativa de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad a dictar una instrucción con medidas alternativas y, en segundo término, por la voluntad de Sanidad de proponer, como ya hizo en 2020, que la adjudicación de plazas que integran la formación sanitaria especializada sea exclusivamente on-line”.

Por último, denunciaba que “Sanidad genera esta situación a pesar de que el Tribunal Supremo se pronunció el año pasado en favor de los MIR, obligando a rectificar al Ministerio —que tuvo que ceder y ofrecer la selección de plaza vía presencial—, y a pesar también de las críticas de la Asociación MIR España”.