La regulación de los pisos turísticos y la estabilización de los precios de alquiler se han convertido en temas prioritarios en la agenda política española. Ante las recientes propuestas del Ministerio de Vivienda, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su preocupación y ha instado al Gobierno a abordar el problema de la vivienda con la determinación necesaria.

La líder de la formación ‘morada’ ha criticado el último anuncio del Ministerio de Vivienda, que busca cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para permitir que los vecinos puedan vetar la instalación de pisos turísticos en sus edificios. Belarra considera que esta medida no es suficiente y ha urgido al Gobierno a ir más allá, implementando una serie de reformas estructurales en el sector.

Prohibición de Compra de Vivienda a No Residentes

Ione Belarra ha hecho hincapié en la necesidad de prohibir la compra de vivienda a los no residentes como una medida clave para abordar el problema de la vivienda en España. Esta estrategia busca frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que las propiedades se destinen principalmente a satisfacer las necesidades de la población residente.

Al prohibir la compra de vivienda a los no residentes, se busca evitar que los inversores externos acaparen un bien escaso y encarezcan los precios, dificultando el acceso a la vivienda para los ciudadanos españoles. Esta medida, junto con otras regulaciones, podría contribuir a la estabilización del mercado inmobiliario y a la asequibilidad de la vivienda para la población local.

Regulación de Precios de Alquiler

Además de la regulación de los pisos turísticos, Ione Belarra ha resaltado la necesidad urgente de regular los precios del alquiler en España. La líder de Podemos ha criticado la posición del Partido Popular, señalando que se encuentra «en rebeldía contra la Ley de Vivienda», lo que dificulta la implementación de medidas efectivas para controlar el alza descontrolada de los precios del alquiler.

La regulación de los precios de alquiler es una medida clave para garantizar el acceso a la vivienda y evitar que los inquilinos se vean forzados a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler. Esta estrategia, combinada con la prohibición de la compra de vivienda a no residentes, puede contribuir a la estabilización del mercado inmobiliario y a la asequibilidad de la vivienda para la población española.

En resumen, la regulación de los pisos turísticos, la prohibición de la compra de vivienda a no residentes y la regulación de los precios de alquiler son medidas clave para abordar la crisis de la vivienda en España. Estas iniciativas, impulsadas por Podemos, buscan transformar el mercado inmobiliario y garantizar el acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha liderado un esfuerzo conjunto con las Comunidades Autónomas para modificar y simplificar la aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) en el país. Esta iniciativa busca brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a los profesionales del sector agrario, al tiempo que se introduce una importante simplificación y flexibilización de aspectos fundamentales como la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las intervenciones en desarrollo rural.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Pamplona, ha sido el escenario donde se han abordado estas modificaciones, con el objetivo de transmitir a la Comisión Europea los cambios necesarios para una correcta aplicación del PEPAC en España, de cara al próximo año agrícola que comienza este otoño.

SIMPLIFICACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DEL PEPAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el esfuerzo de los representantes de todas las Comunidades Autónomas por acordar por unanimidad la modificación del PEPAC. Estas modificaciones, que se enviarán sin más demora a la Comisión Europea, conforman una modificación de envergadura, con un número elevado de cambios, que en el primer pilar (ayudas directas) se elevan a 80 y a 700 en el segundo (desarrollo rural).

Estas propuestas de modificación tienen como objetivo una importante simplificación y flexibilización de la PAC en aspectos fundamentales, como la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las intervenciones en desarrollo rural. Según el ministro, la Comisión Europea ha sido plenamente consciente del momento político y social en el que se enmarca esta modificación y conoce que la mayoría de las propuestas «están vinculadas a las reivindicaciones del sector agrario europeo«.

El diálogo y el trabajo conjunto entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas ha sido muy intenso en estos últimos meses, lo que ha permitido una comunicación y cooperación inmejorables, acercando así a la satisfacción de las demandas de agricultores y ganaderos.

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SEGUROS AGRARIOS

Además de las modificaciones al PEPAC, la Conferencia Sectorial también abordó la sostenibilidad del sistema de seguros agrarios, una herramienta imprescindible para la gestión del riesgo y garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que el sistema de seguros agrarios «se ha visto sometido a una gran tensión en los últimos años como consecuencia de las adversidades y siniestros ocasionados por el cambio climático en el campo». De hecho, en 2023 se alcanzó una cifra récord de indemnizaciones, con más de 1.180 millones de euros, un 57% más que en 2022, «año en el que los siniestros indemnizados ya superaron cifras nunca pagadas antes».

Ante este escenario, el ministro Luis Planas ha explicado que, si bien el sistema «ha funcionado bien y ha mostrado su fortaleza«, es necesario tomar medidas para garantizar su sostenibilidad y un uso eficiente de los recursos públicos. Para 2024, el Ministerio ha destinado una partida de casi 285 millones de euros para subvencionar la contratación de pólizas de seguro agrario, con el foco puesto en algunos colectivos prioritarios, entre ellos, los jóvenes.

EL COMPROMISO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El ministro ha solicitado el compromiso de las Comunidades Autónomas para que, en el marco de sus competencias y disponibilidades presupuestarias, complementen la ayuda para la contratación del seguro agrario hasta los umbrales máximos permitidos por la normativa comunitaria. Esta acción conjunta busca fortalecer el sistema de seguros agrarios, brindando a los agricultores y ganaderos mayor protección frente a los riesgos derivados del cambio climático.

En resumen, la modificación del PEPAC y el fortalecimiento de los seguros agrarios son iniciativas clave del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, buscan simplificar y flexibilizar la aplicación de la Política Agraria Común, al tiempo que garantizan la sostenibilidad del sector agrario ante los desafíos actuales.

La financiación autonómica es un tema crucial para la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades autónomas en España. En este contexto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que esta legislatura debe ser la que aborde la reforma del modelo de financiación autonómica. Sordo ha enfatizado que este debate no se puede separar de la necesidad de una reforma fiscal más amplia en el país.

Durante su primera reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Sordo ha expresado la importancia que tiene para la Comunitat Valenciana la renovación del modelo de financiación autonómica. Además, ha recalcado que la financiación autonómica está relacionada con la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

La Necesidad de una Reforma Fiscal Progresiva

Unai Sordo ha señalado que la Comunitat Valenciana tiene un déficit de financiación autonómica que debe ser corregido. Sin embargo, ha advertido que estas correcciones no pueden servir como «excusa» para reducir impuestos a los ricos. En su lugar, ha defendido la necesidad de mejorar la recaudación fiscal en España con criterios de suficiencia, flexibilidad y progresividad, de modo que las rentas altas o las actividades «de pura especulación», como el sector inmobiliario, contribuyan más.

Sordo también ha subrayado que, para abordar la reforma del sistema de financiación, España debe tener márgenes fiscales en el entorno europeo. Ha recordado que en septiembre se debe definir un plan de actuación a cuatro años vista para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la reducción del déficit, pero evitando cualquier vuelta a las políticas de austeridad.

La Importancia del Diálogo Social

Además de la reforma de la financiación autonómica y la necesidad de una reforma fiscal, Sordo ha trasladado a Mazón la importancia de mantener y fortalecer los espacios de diálogo y concertación social en la Comunitat Valenciana. Según el secretario de CCOO, el presidente se ha comprometido a «reforzar los espacios de colaboración y concertación social».

Sordo ha contrastado el diálogo social en la Comunitat Valenciana con «algunos de los referentes que ha habido en otras comunidades de España» donde gobiernan PP y Vox, donde se han dado «inercias bastante catastróficas», como en Castilla y León, que «era el mejor modelo de diálogo social autonómico que ha habido en España», pero «ha saltado por los aires por culpa del sectarismo y ultraideologización de la extrema derecha y condescendencia de Mañueco con los ultras que tiene en el Gobierno».

Finalmente, Unai Sordo y Ana García, secretaria general de CCOO PV, han reivindicado la importancia de «reforzar presupuestariamente con políticas útiles y valientes» el empleo, ante la importante transición que viven sectores como el de la automoción, apostando por la formación permanente y la orientación laboral. Ambos han reclamado que las administraciones públicas se comprometan a que «estas transiciones de empleo se produzcan sin efectos dramáticos para los trabajadores».

La reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebrada los días 4 y 5 de junio estuvo marcada por una fuerte discusión interna sobre la decisión de reducir los tipos de interés. Si bien finalmente solo uno de los miembros del Consejo se opuso a esta medida, el resumen de la reunión revela que varios consejeros expresaron serias dudas sobre el proceso de desinflación y sobre si un recorte de tipos era realmente la opción más adecuada en ese momento.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el consejero disidente fue que los datos económicos disponibles no respaldaban la necesidad de una reducción de tipos, ya que los riesgos al alza para la inflación seguían presentes. Además, este consejero advirtió que separarse de la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses podría incrementar las presiones inflacionarias a través de los efectos del tipo de cambio.

Las Dudas Sobre la Trayectoria de la Inflación

Varios miembros del Consejo manifestaron que, desde la última reunión, los datos disponibles no habían aumentado su confianza en que la inflación convergiría al objetivo del 2% para 2025. De hecho, estos miembros argumentaron que la inflación parecía ser más rígida, principalmente debido a la inflación de los servicios, mientras que el ritmo de la desinflación interna se había «sobreestimado» y el crecimiento de los salarios también se había fortalecido.

Además, las proyecciones técnicas del BCE para la inflación general y subyacente en 2024 y 2025 se habían revisado al alza en comparación con las proyecciones de marzo, lo que había pospuesto el retorno previsto de la inflación general al objetivo del 2% hasta el último trimestre de 2025.

El Debate Sobre la Dependencia de los Datos

Estos miembros del Consejo advirtieron que cualquier retraso adicional en volver a alcanzar la meta de inflación podría hacer más difícil seguir anclando las expectativas de inflación en el futuro, y que en conjunto sugiere que la última fase de la desinflación era la más difícil.

Por lo tanto, estos consejeros consideraron que recortar las tasas de interés no estaba completamente en línea con el principio de dependencia de los datos, y que había motivos para mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión actual. Sin embargo, finalmente se expresó la voluntad de apoyar la propuesta de reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, «a pesar de las reservas formuladas«.

En resumen, la reunión del Consejo de Gobierno del BCE estuvo marcada por una intensa discusión interna sobre la decisión de reducir los tipos de interés, donde varios consejeros expresaron serias dudas sobre el proceso de desinflación y la adecuación de esta medida en ese momento. Si bien solo uno de los miembros se opuso abiertamente a la decisión, el resumen de la reunión revela que el debate fue mucho más intenso de lo que se había dado a conocer públicamente.

La Unión Europea se ha convertido en un referente mundial en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores. El reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo ha supuesto un verdadero hito en este ámbito, al respaldar la validez de las demandas colectivas como herramienta para reclamar a las entidades financieras. Esta decisión sienta un precedente que abre la puerta a litigios en masa contra diversos sectores, como banca, telecomunicaciones e incluso grandes tecnológicas.

Desde Asufin, la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, se aplaude esta resolución, que consideran un auténtico varapalo para el Tribunal Supremo español y para todos aquellos jueces y entidades financieras que defendían que el control de transparencia de una cláusula no podía hacerse de forma colectiva. El TJUE, por el contrario, ha dejado claro que las dificultades organizativas no pueden menoscabar los derechos de los consumidores, y que es precisamente la heterogeneidad del público afectado la que hace necesario recurrir a la figura del consumidor medio.

El Respaldo del TJUE a las Demandas Colectivas

La sentencia del TJUE ha avalado la adecuación del procedimiento colectivo iniciado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) contra 101 entidades financieras que operaban en España. Esta demanda tenía como objetivo que cesaran en el uso de las denominadas ‘cláusulas suelo’ y que se devolvieran las cantidades pagadas por los consumidores.

El TJUE ha resuelto de forma clara y rotunda al respaldar que las demandas colectivas son una herramienta válida para reclamar a los bancos por la aplicación de este tipo de cláusulas. Esto, a su vez, abre la puerta a litigios en masa contra diversos sectores, ya que establece un precedente que podrá ser aplicado a otros ámbitos, como telecomunicaciones o incluso grandes tecnológicas.

Desde Asufin, se expresa una gran satisfacción por esta resolución, ya que consideran que allana el camino a la consolidación de demandas colectivas en Europa. Esto supone un importante avance en la defensa de los derechos de los consumidores, quienes ahora cuentan con una herramienta eficaz para hacer frente a prácticas abusivas o falta de transparencia en los contratos.

La Necesidad de Transponer la Directiva de Acciones de Representación Colectiva

Ante esta decisión histórica del TJUE, desde Asufin se insta al Gobierno español a que transponga de manera urgente la Directiva de Acciones de representación colectiva. Esta norma europea permitirá contar con un marco normativo adecuado que facilite las demandas masivas contra formas de contratación que puedan ser objeto de falta de transparencia.

La asociación considera que España debe rematar con prontitud este proceso de transposición, de manera que los consumidores cuenten con las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos. Esto reforzará la defensa de los consumidores y les permitirá hacer frente a prácticas abusivas de manera más eficaz.

Asimismo, la sentencia del TJUE supone una lección para los tribunales españoles en lo que respecta a las cláusulas suelo y las acciones colectivas. La decisión representa un auténtico varapalo para el Tribunal Supremo y todos aquellos jueces y entidades financieras que habían sostenido que el control de transparencia de una cláusula no podía hacerse de forma colectiva, sino caso por caso.

En conclusión, el fallo del TJUE ha sido un hito en la defensa de los derechos de los consumidores, al respaldar la validez de las demandas colectivas como herramienta para reclamar a las entidades financieras. Esta decisión sienta un precedente que abre la puerta a litigios en masa en diversos sectores, y obliga a España a transponer de manera urgente la Directiva de Acciones de representación colectiva, fortaleciendo así la protección de los consumidores.

La vivienda es un tema crítico que afecta a la mayoría de los españoles. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado que la vivienda es «el problema social más grave que existe en España». Esto se debe a diversos factores que han generado una crisis habitacional, con precios abusivos y la expulsión de los vecinos de las ciudades.

La falta de vivienda asequible y las prácticas especulativas en el sector inmobiliario han provocado que muchos ciudadanos se vean imposibilitados de acceder a una vivienda digna. Esta situación amenaza con socavar los esfuerzos del Gobierno por mejorar las condiciones de vida de la población y redistribuir la riqueza.

Propuestas Descafeinadas y la Necesidad de Medidas Contundentes

Según Íñigo Errejón, las propuestas del Ministerio de Vivienda para modificar la Ley de Propiedad Horizontal y permitir que los vecinos puedan vetar los pisos turísticos son «descafeinadas«. El portavoz de Sumar considera que es necesario ir más allá y aplicar medidas más contundentes para abordar la problemática de la vivienda.

Errejón ha urgido a poner coto a los inmuebles utilizados para alquiler turístico, ya que están convirtiendo las ciudades en lugares donde no hay vecinos debido a los elevados precios que expulsan a la población local. Asimismo, ha defendido la necesidad de regular los alquileres de temporada y construir más vivienda pública en régimen de alquiler social.

Además, Errejón ha criticado la lentitud del PSOE en abordar este problema y ha instado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a cumplir la Ley de Vivienda, la cual les permite intervenir en los precios de los alquileres. Según el portavoz, si no se aplica esta ley, los precios seguirán siendo fijados por un pequeño oligopolio que se beneficia sin trabajar.

Lucha Contra los Abusos Inmobiliarios y la Importancia de la Vivienda Pública

Íñigo Errejón ha advertido del peligro de que los propietarios puedan imponer precios abusivos a quienes no lo son, lo que «se come los salarios de la gente y todas las medidas de redistribución que impulse el Gobierno. Por ello, considera que es crucial abordar de forma tajante y contundente esta problemática, evitando que los abusos inmobiliarios socaven los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población.

Además, el portavoz de Sumar ha destacado la importancia de multiplicar la vivienda social y limitar los precios del alquiler, como medidas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Estas iniciativas permitirían hacer frente a la crisis habitacional y evitar la expulsión de los vecinos de las ciudades.

En resumen, Íñigo Errejón ha hecho un llamamiento urgente a adoptar medidas contundentes para abordar la crisis de la vivienda en España, incluyendo la regulación de los alquileres de temporada, el control del alquiler turístico, la construcción de vivienda pública y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en todas las comunidades autónomas. Solo así se podrá hacer frente a este problema social más grave que afecta a la mayoría de los españoles.