La Comisión del Mercado de Valores (CNMV) mantiene abierto un expediente sancionador a la plataforma de crowfunding Housers al considerar, entre otras cosas, que benefició a personas estrechamente vinculadas a la compañía en sus proyectos de financiación. Así, el supervisor acusa a la startup de «no respetar el principio de neutralidad» como plataforma financiera y le impone una multa superior a los 100.000 euros, según el informe interno al que ha tenido acceso MERCA2. Una sanción que todavía no es firme, dado que la firma la mantiene recurrida al entender que no hay pruebas para tal acusación.
La investigación de la CNMV abarca el año 2017, cuando Housers recibió la aprobación como plataforma financiera. En el informe, el regulador expone cerca de una decena de actividades que entiende irregulares en virtud de la legislación vigente. Con ellas, el organismo intenta demostrar que la plataforma, y sus administradores, dieron un trato de placer a un pequeño reducido grupo de promotores (para beneficios de ambos) con los que entiende que existe una vinculación directa. Además, lo hace con un lenguaje tan duro como contundente.
El argumento que utiliza el regulador se sostiene bajo distintos pilares. El primero, es la existencia de una alta concentración de proyectos en pocos promotores que, además, estaban relacionados con la firma. Así, la CNMV señala de la «existencia de vinculación entre Housers y, al menos, tres de los cuatro promotores de proyectos participativos, que suponen una parte muy relevante de la actividad materializada». Al colocar aún más la lupa descubre que dos de ellos representan «más de la mitad de los proyectos publicados» y que, a su vez, ambos estaban ligados a la plataforma.
HOUSERS NO ACREDITÓ COMUNICACIÓN CON LOS PROMOTORES
La postura de la CNMV en este punto choca con la de Housers. La plataforma señala que «son meras suposiciones y con la ley en la mano no se puede probar que exista esa vinculación». Además, descarta que pueda existir trato de favor: «Es muy difícil de demostrar». Y lo es, gracias a que la firma no aportó ningún registro, físico o electrónico, de comunicaciones realizadas con los promotores para ninguno de los proyectos. La excusa es que todas ellas se llevaron a cabo en reuniones boca a boca o llamadas telefónicas. Una versión que para el organismo «no resulta razonable ni verosímil».
Y no lo es, según prosigue el informe, dado que entiende que «en todo proceso de estudio de análisis de un proyecto que les llega por parte de un promotor, que debe hacerse de manera previa a la publicación, en el que sería preciso aportar numerosa información no se remita ni un solo documento». Además, abre un escabroso interrogante para la firma, al menos durante el tiempo que duró la investigación, y es si el seguimiento exhaustivo que dice la plataforma a los proyectos que publica simplemente se reduce a llamadas telefónicas o reuniones y no existen documentos reales que los avalan.
El expediente, además, señala que existía una «ausencia de captación activa de nuevos promotores». En otras palabras, la CNMV intenta señalar que desde la plataforma se prefería dar esos proyectos a esos promotores vinculados a los que, a su vez, se les exigía muy poco riesgo en ellos al ser solo el capital de la sociedad formada, unos 3.000 euros. En definitiva, la suma de esos tres factores -ausencia de acreditación de comunicación, alta concentración en pocos promotores con vinculación y la poca captación de otros nuevos- es lo que lleva al regulador a concluir que hay indicios «de la ausencia de independencia entre los promotores y Housers».
HOUSERS HABLA DE “PERSECUCIÓN” Y AVISA DE QUE RECURRIRÁ A LA JUSTICIA
Pero lo anterior, no son las únicas faltas que la CNMV le asume a Housers, sino que hay más. El regulador también señala que detectó «cláusulas entre la compañía y los promotores que suponen extralimitaciones» de lo que debería hacer una plataforma financiera. A su vez, también le acusa de ampliar irregularmente algunos plazos de captación. De hecho, pone el ejemplo de otro participante vinculado que tomó una inversión nominal, por la que encima no realizó desembolso alguno, en uno de los proyectos de esta manera. También le recrimina a la firma que intervenga en la decisión sobre los intereses a pagar a los inversores en los préstamos participativos.
Pese a los actos descritos hay un punto todavía más problemático y, es que, este expediente sancionador se firmó un mes y medio después de que la propia CNMV le aplicase otro. Así, el regulador le impuso un desembolso de 215.000 euros por tres infracciones, una grave y dos muy graves. Una resolución que se hizo pública después de que la plataforma aceptase el pago con visos a «tender puentes», lo que le permitió reducir la cuantía final (por pronto pago) hasta los 130.000 euros.
Pero el segundo se ha enconado con fuerza. Por un lado, porque los hechos que describe, y el lenguaje utilizado, por el regulador son muy duros. Por otro, porque Housers se siente «objeto de una persecución por la CNMV» y porque entiende que el relato contenido en el informe no son más que datos aislados y sin pruebas reales. Al menos, en el apartado de la vinculación, dado que no se ajusta a la normativa. Por ello, la firma presentó alegaciones en contra de dicho expediente, todavía está en esa fase bajo el dominio del Banco de España, y en el caso de que la sanción fuera efectiva finalmente llevarlo ante el contencioso administrativo.
