El futuro de Cabify nunca ha sido tan angustioso. La firma se ha empeñado durante años en perder dinero para ganar así cuota de mercado, desde 2016 ha consumido 130 millones de euros. Pero, paradójicamente, ha sido después de lograr sus primeros beneficios, en 2019, cuando la situación más se ha complicado. Así, el fuerte impacto de la pandemia, que alertó con fuerza al auditor, y la entrada en vigor próximamente de nuevas exigencias legales dejan a la firma más cerca del abismo, la quiebra, que nunca.
A este respecto, el auditor, Ernst & Young (EY), se mostró tan transparente como aplastante sobre las dudas que generan las cuentas de Maxi Mobility, la sociedad matriz de Cabify en España. Así, la firma reconoce en su informe la «existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento». Unas dudas que se deben tanto a las necesidades de capital que tiene la compañía, con un fondo de maniobra negativo, como a «la crisis derivada del Covid-19 que está impactando negativamente en los ingresos y flujos de caja».
Pero EY va más allá. Así, el auditor también pone la lupa (con un párrafo de énfasis) sobre sus distintas filiales: «existen dudas significativas sobre la capacidad de dichas participadas para continuar como empresa en funcionamiento, y, por lo tanto, a fecha actual no es posible asegurar objetivamente si la resolución final de dichas incertidumbres originará en el futuro correcciones al valor contable de las participaciones”. En definitiva, una situación crítica que por el momento se ha resuelto gracias a las artimañas de sus propietarios a través de la intrincada red que poseen para minimizar los impuestos en España.
CABIFY, UNA COMPLEJA RED FINANCIERA CON DESTINO A LUXEMBURGO
Cabify es otro ejemplo paradigmático de evasión de impuestos (la legal). La fórmula elegida, de hecho, es muy similar a otras tantas compañías controladas por grandes fondos. En primer lugar, los inversores inyectan a través de la dominante residida en un paraíso fiscal una importante cantidad de dinero en la firma del país, para luego recuperar dichos fondos junto a unos intereses elevados (la rentabilidad exigida a la inversión) como pagos financieros. Así, como la remuneración no depende de los beneficios el grupo logra reducir al máximo el Impuesto de Sociedades o los recargos tributarios sobre dividendos.
El auditor: «existen dudas significativas sobre la capacidad de sus participadas para continuar como empresa en funcionamiento»
En el caso de Cabify se puede apreciar dicha operativa. Así, el año clave para la inyección del capital fue en 2017, en concreto, Maxi Mobility recibió una inyección cercana a los 89 millones. De ese volumen, una parte sustancial proviene de la firma dominante del grupo con sede en Luxemburgo, Rakuten Europa, que posee más de un 40% del accionariado. Un crédito que la compañía ha ido devolviendo año a año en forma de gastos financieros y repagos de deuda. De hecho, los pagos que se debían haber ejecutado en 2020 eran de un total de 24,5 millones de euros.
«Durante el ejercicio 2020 se producirán vencimientos de deuda con empresas del grupo asociadas con la Sociedad dominante directa y Sociedad dominante última por valor de 11,06 y 13,5 millones, respectivamente», advierten las cuentas anuales de Cabify. Una cantidad que, sin embargo, no se ha efectuado. «Dichas sociedades han manifestado expresamente la no exigibilidad de los importes anteriormente mencionados», prosigue explicando la firma. Una excepcionalidad que ha servido para «asegurar la continuidad de las operaciones», se concluye.
LOS RETOS A FUTURO PUEDEN EMPEORAR LA ACTUAL SITUACIÓN
Paradójicamente, esa estructura opaca destinada a hacer más eficiente el grupo desde un punto de vista fiscal es lo que ha servido de soporte para Cabify. De hecho, EY señala en su informe que la empresa sigue en funcionamiento gracias a «contar con el apoyo financiero del grupo al que pertenece, con la recuperación de la actividad prevista y el éxito de la desinversión en activos no estratégicos que posibilite la materialización del apoyo financiero previsto por parte del grupo». El problema es que la recuperación de la actividad prevista puede demorarse más de lo esperado.
EY: la empresa sigue en funcionamiento gracias a «contar con el apoyo financiero del grupo al que pertenece»
La fecha tope será el verano. Las compañías se han visto obligadas a posponer su recuperación del primer trimestre al segundo. Unas estimaciones que entran dentro de la lógica, dado el actual avance de la vacunación y los tratamientos. Aunque tiene una trampa y, es que, que la crisis sanitaria remita, o se repliegue, no quita el hecho de que seguirá reinando una económica que, además, se puede extender en los próximos años. Además, aunque el verano sea más o menos normalizado tampoco se espera que el número de turistas (que son una base importante para Cabify) recupere los niveles normales.
PROBLEMAS LEGALES A LA VISTA
En otras palabras, que para la época que la firma espera una recuperación se enfrentara a una crisis económica y una caída evidente del volumen de clientes. Pero no será lo único. A todo lo anterior se le añadirá un viejo enemigo bastante conocido por la compañía: las exigencias legales. Así, las limitaciones impuestas en Cataluña a principios de año en la pugna entre las VTC y el Taxi irán llegando al resto del territorio español, lo que limitará su posibilidad de competir.
A su vez, la nueva ‘Ley Rider’, como se la denomina, podría terminar por obligar a la firma a contratar a los conductores, que actualmente funcionan como falsos autónomos, lo que supondría otro golpe a su negocio. En definitiva, que a medida que pasan los meses (y la pandemia) cada vez hay más sombras que claros para el futuro de Cabify.
