El Parlament de Cataluña se ha convertido en un cortijo para los 300 empleados de la segunda institución más importante de la Comunidad Autónoma. En la Cámara catalana hay varios frentes abiertos por los sueldos y conceptos que cobran estos privilegiados funcionarios. Desde cobrar más por complementos de antigüedad que de sueldo base; cobrar sin ir a trabajar; jubilación con el 100% del sueldo a partir de los 60 años; o no declarar todos los ingresos en el IRPF que perciben los diputados de los distintos partidos políticos.
Estos privilegios tienen un alto coste para los catalanes y supone un grave agravio comparativo con funcionarios de otros entes públicos, cuyos complementos no suponen ni el 3% de la nómina. En concreto, los trienios de antigüedad en el Hemiciclo catalán llegan al 5% y no hay límite. Se suman todos hasta la jubilación.
Los salarios más altos del Parlament rondan casi los 10.000 euros brutos al mes
Estos funcionarios de la Generalitat tienen su propio estatuto y un régimen retributivo especial, eso sí aprobado por los distintos grupos políticos. Los privilegios se conceden por las supuestas restricciones a las que están sometidos, como la imposibilidad de cambiar de lugar de trabajo, flexibilidad laboral y escasas oportunidades de promoción interna.
LOS SUELDAZOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENT
Con todo, los partidos políticos están tratando de recortar, sin éxito, algunos de estos privilegios. La secretaria general y el letrado mayor, por ejemplo, tienen un sueldo base de 4.266 euros brutos mensuales. Al añadir estos complementos específicos y de calidad, otros 7.079 y 4.993 euros, respectivamente, los salarios rondan casi los 10.000 euros brutos al mes, unos 120.000 euros anuales, un 41% más de la nómina del presidente del Gobierno, cuyo salario roza los 84.900 euros. En comparación con un ministro, este personal público, cuyo sueldo pagan los catalanes, perciben 45% más. La nómina de los miembros del gobierno alcanza los 79.946 euros. Asimismo, perciben un sueldo superior al de un consejero de la Generalitat, que a su vez cobra más que un ministro del Ejecutivo central.
Ante este mayúsculo escándalo, los partidos políticos se han puesto manos a la obra para ajustar estas nóminas. Los trienios ya no incluyen los obtenidos en otras administraciones o empresas públicas y sólo se tendrá en cuenta la antigüedad en el Hemiciclo catalán, y no del resto de años trabajado en la Administración autonómica.
43 FUNCIONARIOS COBRAN MÁS POR COMPLENTO QUE POR SUELDO BASE
En total, según la respuesta del Parlament realizada por la agencia de información pública ACN, habría hasta 43 funcionarios en esta situación y en distintas categorías. El gasto por estos trienios supuso un gasto de 4,4 millones de euros durante el pasado año para los 324 funcionarios. El 23% del pago de la nómina total, más de un millón de euros, fueron destinados a los salarios. El funcionario que más trienios cobra llega a 14. Los meses de paga doble, en verano y diciembre, suponen un gasto por complementos de antigüedad de 623.390 euros, el 22,1% del gasto total del personal. A finales del pasado 2021, ocho funcionarios se acogieron a esta antigüedad y no se produjo baja definitiva alguna.
Otra de las polémicas se centra en la edad de jubilación a los 60 años, un límite reservado a quienes tienen un plus de peligrosidad. Pero el Parlament es un cortijo y los sueldos de sus empleados los fija quienes después tienen que tramitar leyes contrarias a las establecidas. Y es que, todos los grupos con mayor peso en la Cámara se comprometieron a acabar con este privilegio. Sin embargo, del anuncio a la realidad hay un amplio margen. En los últimos seis meses, los políticos han enviado mensajes en contra de este privilegio, pero a la hora de votar se ha mantenido. Lo único que se ha modificado es el nombre de la «licencia por edad» a «excedencia por edad». A efectos prácticos, los funcionarios podrán continuar cobrando su salario sin tener que ir a trabajar.
Los grupos que dijeron que no se podía mantener este sistema lo aprobaron después. Un derroche criticado y permitido al mismo tiempo. Quizá así se entienda mejor el despilfarro en Cataluña en vez del recurrente «España ens roba» o «la culpa es de Madrid.
LOS SINDICATOS SE NIEGAN A PERDER ESTE «DERECHO»
Esta medida se negocia con el Consejo de Personal, que se aferra al supuesto «derecho laboral adquirido» para evitar acabar con el despilfarro en las nóminas y continuar cobrando los últimos cinco años de su vida laboral sin dar un palo al agua. Si bien, están dispuestos a reducirse el sueldo para situarlo en 3.000 euros mensuales como máximo, casi el doble que el salario medio en España.
PSC, ERC y JxCat tienen en frente a Laura Borràs, la imputada presidenta del Parlament, quien se ha comprometido a acabar con esta dádiva. Ninguno de los partidos políticos con mayor representación quiere enemigos entre los funcionarios del Parlament, pero no quieren ser señalados por permitir estos emolumentos.
LAS DIETAS DE LOS FUNCIONARIOS
Las dietas de desplazamiento es otra de las polémicas en las nóminas. Los diputados cobran entre casi 17.000 y 24.000 euros anuales por su cercanía o lejanía al Parlament. Estas dietas no tributan a Hacienda en el IRPF, pese a que es un claro concepto. La CUP denunció este hecho y ahora se abren los debates para su tributación en el IRPF. Más cuando sus señorías han continuado percibiéndolas durante la pandemia a pesar de estar teletrabajando. La realidad es que los diputados del Parlement están ahora debatiendo sobre la idoneidad de realizar esta medida.
Y es que, los diputados, los mismos que se echan las manos a la cabeza por reducir los impuestos, exigen ahora no perder poder adquisitivo, mientras los catalanes tienen que sufragar este dispendio con una inflación desbocada.
