La empresa de seguridad Marsegur, relacionada con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, amigo del exministro José Manuel Soria y señalado por los sindicatos como uno de los grandes responsables de la precarización de la seguridad en España, fue excluida recientemente del concurso para hacerse con la vigilancia, seguridad y servicios auxiliares del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Lo más interesante no es la exclusión en sí misma, algo que empieza a ser norma una vez que las administraciones están empezando a poner el bienestar básico de los trabajadores por encima de las consideraciones puramente económicas. Lo verdaderamente interesante es que el CSN desmonta el modelo de Marsegur y lo desnuda sin piedad.
El pasado verano, el CSN abría las plicas de las trece empresas licitadoras y concluía que todas aplicaban a los respectivos importes de precio/hora el número de horas suficiente para la ejecución del servicio según lo exigido en el pliego de condiciones técnicas. ¿Todas? No. Marsegur ofrece «un error manifiesto en el importe de la proposición al no ser compatible el cálculo del precio unitario de su escandallo de costes con el número de horas a realizar para la ejecución del servicio». Para la mesa de contratación, «el citado importe llevaría implícito el incumplimiento del número total de horas a contratar para su ejecución en las condiciones establecidas. Así pues, el CSN pidió aclaraciones.
En su respuesta la UTE, compuesta por las empresas de Ramírez Marsegur y Marservi, reitera su oferta de 1,32 millones de euros y reproduce los costes unitarios: 18,54 euros/hora por un vigilante con arma, 16,71 euros/hora por otro sin arma y 12,22 euros/hora por cada auxiliar.
Ahí es donde la mesa de contratación se queda a cuadros. «La oferta (…) resulta incoherente en sí misma con independencia de la estructura de costes que quepa considerarse, ya que el importe total ofertado no guarda concordancia con los precios unitarios que se ofertan. Tanto es así, que incluso elaboran un cuadro en el que queda claro que, a los precios que la UTE plantea, el coste total del servicio debería ser de 1,434 millones de euros. En el mus a esta jugada se la llama ‘por chicuela’.
Cifuentes se desmarca de Miguel Ángel Ramírez, rey de la seguridad “pirata”
