Los independentistas que en 2017 atentaron contra la legalidad constitucional y la integridad de nuestro país están utilizando el caso Pegasus como un método más para continuar el chantaje a Pedro Sánchez y obtener más y más concesiones y privilegios.
DE BUEN GRADO
Un chantaje que Sánchez acepta de buen grado como viene demostrando desde el mismo día en que los convirtió en socios preferentes de legislatura a pesar de haber rechazado por activa y por pasiva un acuerdo con ellos hasta cinco minutos antes de anunciar el pacto.
Este penúltimo chantaje, se ha cobrado, por el momento, la cabeza de la ya ex-directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban que se ha dedicado en cuerpo y alma a este organismo durante 40 años atesorando una trayectoria intachable y una merecida fama de trabajadora incansable que desarrolla su trabajo con una profesionalidad fuera de toda duda.
Un trofeo más que los independentistas catalanes obtienen de Pedro Sánchez a cambio de “dejarle” seguir en el cargo. Antes vinieron las grandes inversiones para Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas, las mesas bilaterales y lo que es más grave, los indultos quiénes hace cinco años perpetraron un golpe de estado.
ÓRDENES JUDICIALES
No sólo perpetraron un golpe de estado, sino que afirmaron, y continúan afirmando cada vez que tienen ocasión, que lo volverán a hacer. Por eso, el CNI ajustándose de manera estricta a legalidad, y contando con las preceptivas órdenes judiciales, realizó una vigilancia y seguimiento a Pere Aragonés y otros 17 líderes independentistas en el mes de septiembre de 2019.
El CNI tenía por objetivo investigar los posibles vínculos entre líderes independentistas, Tsunami Democràtic y el Kremlin ya que, entre sus funciones -recogidas en la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia – se encuentra la de “prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población“.
LA LEGALIDAD
La legalidad y la legitimidad amparaban, y siguen amparando, esta actuación del CNI y por ello, ya en 2019, el Ministro del Interior en funciones aseguró, ante los episodios de violencia pormovidos en esa fechas por Tsunami Democràtic, que «por supuesto que hay investigaciones, tenemos unos servicios de inteligencia eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos”.
Y pesar de ello, Sánchez cesa a la directora del CNI por mandato de ERC y sus adláteres. La cesa porque Paz Esteban se mantuvo firme en su puesto al tener la convicción personal y profesional de haber cumplido el cometido para el que fue nombrada observando en todo momento la legalidad vigente.
La cesa y, en un vano y rídiculo intento, de justificar lo injustificable y de ocultar su traición a España y que, una vez más, claudica ante las exigencias de los independentistas llama al cese, sustitución.
Pero no debemos dejarnos confundir por el lenguaje.
Lo que el martes sucedió fue un cese toda regla, ordenado por Rufián, Aaragonés y Puigdemont y ejecutado por Margarita Robles y Pedro Sánchez.
Lo que el martes sucedió fue un paso más en el desmantelamiento del estado de derecho, un paso más en la sustitución de nuestra democracia por un nuevo régimen al dictado de populistas e independentistas que nunca han ocultado su objetivo de acabar con el régimen nacido de la ejemplar Transición española.
Antonio González Terol, diputado del Partido Popular
