Trabajar en Change.org, la plataforma colectiva de firmas, es una forma de activismo sumamente rentable. Según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, los 15 empleados contratados por la compañía bajo la que se sustenta esta marca, cobraban en 2016 un monto tal de 988.969 euros, lo que alícuotamente supone más de 68.000 euros por empleado. La empresa reconoce que del casi millón de euros, 712.641 euros suponen los gastos de salarios, y los 276.000 restantes son gastos administrativos (Seguridad Social, etc). Tras la altruista Change.org está en realidad una multinacional domiciliada en el pseudo paraíso fiscal de Delaware (EEUU).
La plataforma colectiva de firmas, Change.org, está en el punto de mira por un supuesto fraude en el proceso de firmas. La empresa que en España fundó el actual secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo, cuenta con seis miembros en su consejo de administración. Según los datos publicados en el registro mercantil, en 2016 los gastos de personal ascendían a casi un millón de euros.
¿Qué es y cómo funciona? Change es organización que nació como una plataforma social que se apoya en el activismo y la reivindicación. Hasta el 2016 trabajaban con un sistema de publicidad para ONgs, aunque a partir de ese momento la plataforma funciona con programas de socios, que pagan una cuota, peticiones promocionadas y también a través de campañas de crowdfunding. Nació en 2007 y actualmente cuenta con 175 millones de usuarios en 196 países. Su sede fiscal está en Delaware, EEUU, un casi paraíso fiscal.
El fundador de la empresa a nivel global es Ben Rattray. Lleva 12 años al frente del proyecto y ha sido nombrado uno de los 100 jóvenes empresarios más influyentes del mundo, y uno de los 40 jóvenes líderes de negocio de Fortune. Su vida está dedicada al activismo, aunque su pretensión antes de abrir la plataforma era dedicarse a la banca de inversión. Y parece que el activismo le está dando réditos económicos interesantes.
En España, Change nació con la fusión de The Actuable network, una empresa creada por Francisco Polo, en 2011. El hoy secretario de Estado de Agenda Digital fue su director hasta el año 2017. Aunque actualmente todavía aparece como apoderado, Polo asegura que está desvinculado de la entidad. En Change achacan la presencia en el registro Mercantil del secretario de Estado como miembro de su Consejo de Administración a una cuestión interna: “No se ha revocado, pero estamos en ello”, señalaron fuentes de la empresa a MERCA2, hace unas semanas, sin embargo en los últimos meses si se han modificado los nombres de algunos de sus directivos. La revocación es un acto bastante sencillo que consiste en ir al notario e inscribir el acto jurídico en el Registro Mercantil.
La actual directiva está formada por Benjamín Joffe Walt, Benjamín Michael Rattray y José Antonio Ritoré. Además figuran como apoderados Beatriz Rosell Meler, Pablo Vinageras, Ignacio Corbera Dale. Según los datos aportados al Registro Mercantil, la filial española de Change.org facturó 1,37 millones en 2016, y obtuvo un beneficio de 60.000 euros. Como gastos de personal figuran 988.969 euros. en 2017 la cantidad se redujo a 712.641 euros. Eso supone una media de 101.800 euros anuales por persona, contando con que la entidad siga formada por siete empleados.
Beatriz Rosell Meler, es apoderada de Change desde noviembre de 2016. Además de en esta empresa aparece en 11 compañías con un cargo directivo, en la mayoría de los casos como apoderada, entre ellas algunas relacionadas con la educación y la restauración. Desde que entró a formar parte de la plataforma de firmas, ha entrado en la dirección de ocho empresas más, entre ellas Comertel S.A, Scopely Games o Lavazza España. Además coincide con Ignacio Corbera en algunas de ellas, por ejemplo la tecnológica Esterline Interface Technologies Iberia, o en las relacionadas con la restauracion Comertel S.A, Comertel Residencias o Comertel Educa.
Ignacio Corbera Dale es apoderado de Change desde noviembre de 2016. Forma parte con cargos directivos de 39 empresas. En seis de ellas coincide con Beatriz Rosell, y en otras seis con Pablo Vinageras, apoderado de Change desde octubre de 2016. Vinageras aparece a su vez como miembro directivo en 41 empresas. En 16 de ellas entró después de formar parte de la plataforma activista. Varias de estas entidades tiene que ver con el negocio de las inversiones, como Adbreidge Inversiones, Prompt Inversiones o Framework Inversiones, aunque también con la educación y la restauración.
José Antonio Ritoré, es el actual director de la plataforma en España. Fue director de campaña en 2015 y country manager desde abril de 2017. Anteriormente fue fundador de Uno entre cien mil, una institución que promueve proyectos de innovación, tecnología y comunicación, y también fue miembro del gabinete de comunicación de la fundación Caja Madrid.
Benjamin Joffe Walt es miembro de Change desde 2010, primero como vicepresidente de comunicación, después como jefe de personal, y en la actualidad como director de operaciones, a nivel global. Desde el 25 de octubre de este año es apoderado mancomunado de la empresa española, una figura jurídica habitual en el sector empresarial.
Michael Benjamin Rattray es el fundación y CEO de Change. Lleve 13 años al frente de la empresa y desde octubre de 2018 aparece como apoderado mancomunado de la empresa en España.
Desde Change.org apuntan que los apoderados de la empresa no forman parte de la junta directiva, y que solo ofrecen ayuda y servicios jurídicos, dada su condición de abogados.
PROBLEMAS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS
Recientemente Facua, la asociación de consumidores, ha denunciado un fallo de seguridad en el sistema de la plataforma, con lo que sería posible suplantar identidades para firmar peticiones, y ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos que evalué el posible fraude.
El registro no requería confirmación por lo que cualquier persona podía firmar con una dirección de correo electrónico. De esta manera, los usuarios de Change podrían aparecer vinculados a peticiones relaciones con las reivindicaciones, sean o no afines a su ideología.
“Con sólo introducir un nombre, un apellido y una dirección de correo electrónico en cualquiera de sus peticiones y pulsar el botón para firmarla, Change.org identificaba si el mail pertenecía a una las de personas dadas de alta en la plataforma y daba por válida la firma. Así, aunque el nombre y apellido introducidos fueran falsos, la supuesta adhesión a la petición por parte del titular de la cuenta pasaba a ser pública sin solicitarle antes que la validase”, ha manifestado Facua.
Esta queja ha sido contante desde la aparición de la plataforma en nuestro país. Ahora se pone en entredicho las multitudinarias firmas a favor o en contra de ciertas campañas, que consiguieron un gran repercusión social.
