La Generalitat pasa de la voluntariedad a la imposición con un nuevo tributo sobre los gases de efecto invernadero. Desde la declaración de «emergencia climática» en 2017, el Ejecutivo autonómico ha encontrado un fuerte granero de ingresos. La tributación ‘verde’ tiene un fuerte atractivo para la Administración catalana a la hora de impulsar nuevos gravámenes, que únicamente afectan a los residentes y empresas afincadas en la región.
El mismo año que la Generalitat promulgaba su preocupación por el cambio climático se inició un programa de acuerdos voluntarios con las industrias para atajar los gases de efecto invernadero. Numerosas empresas firmaron esta especie de convenios, pero ahora la Generalitat cobrará por la emisión de estos vapores tóxicos. Todo ello, tras incrementar en un 33% el impuesto autonómico sobre las centrales nucleares y ciclos combinados con el fin de impulsar «la energía verde».
ENDESA ANALIZA EL NUEVO IMPUESTO
Pero para la Generalitat, estos gravámenes son insuficientes. Faltan aún más tributos para dar un nuevo hachazo a las industrias y eléctricas con la excusa de la emergencia climática. Y todo, mientras a los promotores de proyectos fotovoltaicos y eólicos se les pone todo tipo de trabas para evitar instalar grandes parques de energía renovable.
La Generalitat ha puesto la excusa de la guerra de Ucrania para poder subir este gravamen debido a los disparados precios del gas. En total, supone un ingreso para las arcas públicas de 26 millones de euros, atendiendo a los datos de recaudación de años anteriores y aplicando la subida desde el pasado 8 de abril, cuando entró en vigor la medida.
«En el caso de actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, el tipo de gravamen será de 0,00665 euros por kWh, a todos los efectos y de 0,00133 euros por kWh, en caso de que la actividad sea efectuada por instalaciones de ciclo combinado», según fija la normativa.
LA GENERALITAT BUSCA ACTIVAR SU EMPRESA PÚBLICA ENERGÉTICA
Naturgy y Endesa, por ejemplo, son las afectadas por la parte nuclear antes que por el ciclo combinado. Estamos analizando la situación«, han sostenido fuentes de la eléctrica ante la posibilidad de presentar un recurso en los tribunales contra esta medida.
LA GENERALITAT TRATA DE IMPLEMENTAR SU EMPRESA PÚBLICA ENERGÉTICA A BASE DE IMPUESTOS
La Generalitat utilizará estos recursos como embrión de su empresa pública de energía y en pro de la transición energética tras «la eliminación definitiva del fuel y del carbón». Con el nuevo modelo, el Gobierno de Pere Aragonès trata de minimizar costes sociales y medioambientales, mientras mantiene su dependencia energética del exterior, principalmente de Aragón.
PALOS DE LA GENERALITAT A LAS RENOVABLES
La Generalitat asegura así que ahora sí acelerará hacia la instalación de energías renovables. Un mensaje demasiadas veces repetido que deja nada más que palabras vacías. De hecho, a finales del pasado año, el Ejecutivo catalán estableció que las decisiones de los propietarios de los terrenos priman sobre los proyectos de las empresas. De esta forma, las grandes instalaciones tenían cada vez más problemas, a riesgo incluso de retirar el proyecto y destinar la inversión a otra Comunidad Autónoma, como Aragón y Valencia.
La propia Generalitat rechaza los proyectos de renovables, mientras insiste en instalar el autoconsumo energético a costa de las eléctricas. Este nuevo tributo no puede trasladarse a los clientes. Y es que, aceptar la apuesta por la energía renovable conllevaría la pérdida de ingresos en las arcas públicas catalanas. Desde 2020, la Generalitat tan sólo ha permitido la instalación de un MW en toda Cataluña, al tiempo que ha recaudado casi 235 millones de euros por distintos gravámenes, como el impuesto al CO2 y a la generación eléctrica.
EL RIESGO DE LA DOBLE IMPOSICIÓN AL CO2 Y LA PÉRDIDA DE EMPRESAS
En el mismo decreto, la Generalitat, ha congelado la subida de del impuesto sobre emisiones de CO2 en los vehículos de tracción mecánica, una medida que supone una caída de ingresos de 90 millones. Todo con la misma excusa de la invasión de Rusia a Ucrania, que eleva la «incertidumbre» a nivel internacional. Con esta misma justificación ha dado el hachazo a las eléctricas.
Por otro lado, el Ejecutivo catalán planea establecer un nuevo impuesto sobre el CO2 con una posible doble tributación, ya que existe el mismo gravamen en Europa con los derechos del CO2. Este gravamen afectará también a todas las industrias. El impuesto se diseño con la activación de la emergencia climática y en función de los derechos de emisión, cuyo precio se ha disparado en los últimos cinco años. Y es que, ha pasado de los cinco a los más de 100 euros, veinte veces más.
PÉRDIDA DE COMPETITIVAD CON UN NUEVO IMPUESTO
Este impuesto ha levantado las críticas de la industria por la doble imposición y afectará directamente a la producción. Fuentes de estas empresas aseguran que ya han tenido que ajustar los horarios a la hora de fabricar componentes químicos para evitar las horas de mayor precio de la electricidad. Pero no lo han hecho ahora, sino desde hace meses, cuando comenzaron las subidas tras el destope de la luz el verano pasado.
Con este impuesto, adelantado por Economía Digital, se daría pie a una deslocalización industrial, la pérdida de inversión y desubicar a Cataluña del foco industrial. Riesgos existentes, más cuando el norte de África, con Marruecos a la cabeza, está atrayendo a la industria del automóvil, mientras en Cataluña las empresa deciden cerrar, como ha ocurrido con Nissan.
A este impuesto le han llovido las alegaciones previas. En total, casi medio centenar de empresas han mostrado su oposición por diversas razones. La más repetida es la situación de Ucrania y sus consecuencias en los precios energéticos. La UE sopesa romper el cordón umbilical con Rusia en materia energética, aunque por ahora no se atreve a cuestionarlo. De hacerlo, los precios del gas se dispararían aún más, debido a una mayor demanda a otros proveedores, como Estados Unidos y Argelia. El país del norte de África ya ha incrementado los precios a España, mientras ha alcanzado acuerdos con el resto de la UE.
