Lo prometido es deuda. Los sindicatos de funcionarios de prisiones (CSIF, Acaip, CC OO, UGT y CIGA) se lo están repitiendo por activa y por pasiva al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y ahí engloban no sólo reivindicaciones salariales, sino también que se les reconozca como agentes de la autoridad (al igual que Policía y Guardia Civil), o que se cubran los puestos vacantes (más de 3.400).
Por lo que respecta al tema económico, dicha promesa del Gobierno con los funcionarios de prisiones tiene ‘nombre y apellidos’: 123 millones de euros a repartir entre los años 2019 y 2021. ¿Por qué este freno y marcha atrás del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué sí a la equiparación salarial de la Policía con los Mossos d’Esquadra y otros cuerpos autonómicos y no a los funcionarios de las cárceles?
Para responder a estas dos preguntas hay que adentrarse en los vericuetos de tres ministerios: Hacienda, Interior y Administraciones Públicas. Cuando las nóminas llegan a los cuerpos de seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), el camino que recorren tiene como punto de partida Hacienda y, de ahí, a Interior.
El Gobierno no accede a su demanda porque podría crear un efecto bola de nieve entre otros miembros de la función pública
¿Qué sucede con los funcionarios de prisiones? Que ese recorrido tiene una parada intermedia. Y esa no es otra que el Ministerio de Administraciones Públicas. Si el Gobierno acaba accediendo a su demanda, otros funcionarios que están bajo su mismo paraguas (extranjería, tráfico…) podrían tener la ‘tentación’ de pedir el correspondiente aumento de sueldo, o equiparación salarial.
No se trata de una cuestión baladí, ya que hablamos de más de 200.000 personas. Por tanto, esos 123 millones de euros que reclaman los funcionarios de prisiones para los próximos tres años podrían transformarse en más de 1.200 millones de euros si otros trabajadores de la función pública decidieran seguir sus pasos. Un palo más entre las ruedas de unos presupuestos cuyo futuro cada vez es más incierto.
DECADAS DE REIVINDICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Son décadas de inmovilismo las que los diferentes Gobiernos llevan con los funcionarios de prisiones. Son cuatro décadas con una distribución de centros inamovible, gracias a la cual, por ejemplo, una persona que esté en una oficina de la cárcel en Logroño puede cobrar entre 600 o 700 euros de euros menos que si estuviera en Nanclares (a menos de 80 kilómetros). La razón hay que buscarla en la clasificación de centros, que abarca nueve categorías.
Fruto de esa inacción, los funcionarios también han perdido poder adquisitivo, además de conformar una plantilla que se puede considerar como veterana. La edad media de estos trabajadores es de 53 años. Las ofertas de empleo están congeladas desde hace varios años.
Otra de las quejas tiene que ver con las constantes agresiones que sufren (la media es de dos agresiones a un funcionario de prisiones al día), que acaban en multas que no se abonan porque quienes las cometen no son solventes.
De cara a fin de año, los funcionarios de prisiones tienen previstas nuevas movilizaciones, así como una gran manifestación en Madrid con un recorrido de unos doce kilómetros. Asimismo, estarán presentes en aquellos actos en los que esté presente el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska.
