La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que el objetivo del Gobierno español es negociar con la Comisión Europea «el precio más bajo posible» para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad.
«Nuestro objetivo es fijar el precio más bajo posible para el gas. Para determinarlo estamos llevando a cabo un trabajo riguroso y técnico con Portugal y con la Comisión Europea, pero nuestro objetivo es fijar el precio más bajo que sea posible», ha subrayado Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Calviño ha contestado así a la pregunta de qué precio está barajando el Gobierno español como tope para la generación de energía eléctrica con gas.
Previamente, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras resaltar la importancia de la ‘excepción ibérica’ que han conseguido España y Portugal en el último Consejo Europeo, ha señalado que «el objetivo político es reducir el precio de la electricidad» y que el «compromiso» es que «cuanto más bajo sea el precio que la Comisión Europea autorice será mejor para nosotros. Pero eso no quiere decir que haya un objetivo y que si al final queda por encima sea un fracaso», ha advertido.
No obstante, Ribera ha dejado claro que «en cualquier escenario, el precio (de la electricidad) va a ser más bajo. El precio del gas ha estado en torno a 20 euros el megavatio/hora (MWh) desde que comenzó a operar el mercado ibérico de electricidad. En 2021 estuvo en 50 euros y en 2022 la media está por encima de los 120 euros», de ahí la complejidad de fijar un precio tope en la actualidad que sea consensuado con de la Comisión Europa.
«Negociar el umbral de referencia que a la Comisión Europea le parezca razonable no es un proceso que se pueda tomar a la ligera. Requiere de un trabajo importante», ha reconocido la vicepresidenta tercera, quien, no obstante, ha garantizado que en cualquier caso el gas se va a pagar.
Además, el plan contiene una serie de actuaciones destinadas a la industria gran consumidora de energía, que superarán los 500 millones de euros.
Según especifica Transición Ecológica, por un lado, se autoriza la convocatoria de 73 millones de euros en subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración. Además, aumenta en 65 millones de euros las ayudas para la compensación de los costes de emisión de CO2 y se dedicarán 225 millones a «proteger a la industria» reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos.
Asimismo, el plan contempla 125 millones en ayudas directas a empresas gasintensivas una medida de la que el Ejecutivo calcula que se beneficiarán unas 1.600 compañías, de las cuales el 88% son pymes.
PRÓRROGA DE LAS REBAJAS IMPOSITIVAS
Ribera ha anunciado este martes que, en el marco del Plan de Respuesta a la Guerra en Ucrania, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad para mitigar el encarecimiento de las materias primas energéticas.
Así, el Gobierno prorrogará las bajadas de impuestos actuales –IVA del 21% al 10%, suspensión del impuesto sobre generación del 7% y bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%– hasta el próximo 30 de junio.
También se prorroga el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus ‘beneficios caídos del cielo’, aprobado por el Gobierno el pasado octubre, y suavizado semanas después para excluir del mismo la energía vendida en contratos a largo plazo. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.
En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo, se pasa a considerar las personas convivientes (en lugar de familias) acogidas a un mismo tipo de contrato y se aumenta la valoración del IPREM de los que pueden acogerse al mismo (0,3 en el caso de adultos y 0,5 en el de niños), además de una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Ejecutivo prevé que los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y que beneficiará a 1,9 millones de hogares. La norma también contempla su renovación automática, con descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos, que se mantendrán hasta el 30 de junio.
Además, se prorroga también el límite del 5% para el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Otra medida contemplada en el plan es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros para 2022 y «sin alterar la rentabilidad de las instalaciones».
Por otro lado, la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico se prorroga hasta el 30 de junio y se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo desde la entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 euros megavatio/hora (MWh).
Además, se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto ambiental y se reservan al menos 7 gigavatios de capacidad de acceso para autoconsumo, destaca Transición Ecológica.
Junto a ello, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.
