Poco a poco comenzamos a esclarecer algunos de los sucesos que se produjeron tras el órdago independentista catalán de octubre del pasado año en el ámbito corporativo. Ante la inseguridad jurídica creada por la Generalitat, el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, negoció con el Gobierno la aprobación de un decreto para facilitar el traslado de las sedes de sus empresas participadas fuera de Cataluña. Sin embargo, uno de los máximos responsables del imperio, el entonces presidente de Abertis, Salvador Alemany, no se plegó a las ordenes de Fainé y puso en peligro a los accionistas de la compañía.
Así lo confirman fuentes cercanas al consejo de administración de la concesionaria española que hoy está en manos de ACS y Atlantia tras la guerra de opas que concluyó con un reparto salomónico entre Florentino Pérez y la familia Benetton, poniendo fin a la presidencia de Alemany. Desde el pasado mayo el que determina el rumbo de Abertis con un ojo puesto en Italia es Marcelino Fernández–Verdes, CEO de ACS y aspirante a sustituir a Florentino Pérez en la cabeza del grupo constructor.
Todo comenzó tras el referéndum ilegal del 1–O, cuando Fainé acabó con décadas de pasividad ante la ofensiva separatista y decidió huir de la inseguridad jurídica creada por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus socios anticapitalistas. El líder del imperio Caixa negoció con el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, una reforma normativa para permitir que las empresas pudieran trasladar sus sedes sin necesidad de pasar por el trámite de la Junta General de Accionistas. El Gobierno acudió al rescate y preparó en tiempo récord un texto que fue aprobado en Consejo de Ministros el día 6 de octubre de 2017.
Pocas horas después, CaixaBank y la Fundación Bancaria La Caixa anunciaron que tras haber celebrado los correspondientes consejos de administración aprobaban las modificaciones de sus sedes sociales. El banco heredero de la antigua caja de ahorros se mudaba a Valencia –donde ya tenía unas oficinas centrales– y la Fundación ponía rumbo a Palma de Mallorca. Fainé trasladó a todos los miembros del holding de participadas de La Caixa (bajo el paraguas de Criteria) que había que seguir sus pasos para evitar las nefastas consecuencias de la inminente Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Sin embargo, no todos obedecieron sin rechistar a Fainé. El presidente de Abertis, Salvador Alemany, puso sus necesidades personales por delante de su deber de proteger a los accionistas y se negó a realizar el traslado de sede. En aquel momento el consejero delegado de la concesionaria, Francisco Reynés, se enfrentó a Alemany por su temeridad advirtiéndole de que estaba poniendo en peligro la estabilidad financiera de Abertis. Todo el mundo económico estaba pendiente de que la compañía enviara el correspondiente hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para anunciar su salida, pero el viernes tocó a su fin sin que el organismo regulador hubiera recibido comunicado alguno de Abertis.
A partir de aquel momento comenzó un fin de semana de infarto, en el que algunos consejeros liderados por el propio Reynés (hoy presidente de Naturgy y directivo fiel a Fainé) intentaron por todos los medios que Alemany dejara a un lado sus fuertes vínculos con el independentismo catalán para asumir su responsabilidad como presidente de Abertis.
La cercanía del empresario con el mundo nacionalista viene de lejos. El propio Artur Mas le nombró máximo responsable de su Consejo Asesor de Economía y Crecimiento en 2011 justo cuando CDC viraba peligrosamente hacia las tesis soberanistas. Además, en el mundo empresarial catalán siempre se ha sabido que bajo su batuta Abertis colocaba a ex–dirigentes de CiU para garantizarles un retiro dorado tras su salida de la política.
A todo ello se suma que Alemany es de los pocos empresarios de renombre que ha defendido que una Cataluña independiente es económicamente viable, lo que ha servido de munición al mundo separatista para cargar su propaganda contra el Estado.
REYNÉS, EL HOMBRE DE FAINÉ QUE DERROTÓ A ALEMANY
En este contexto se produjo la lucha en la cúpula de Abertis, una guerra que acabó ganando Fainé de la mano de Reynés, que logró finalmente poner en su sitio al presidente de la concesionaria. La tarde del lunes 9 de octubre comunicó Abertis a la CNMV que trasladaba su sede social al madrileño Paseo de la Castellana, tras la celebración de un consejo de administración extraordinario que puso fin al culebrón y despejo los rumores que se cernían sobre Abertis después de haberse revelado el presidente contra su principal accionista.
Las fuentes consultadas indican que Alemany no cedió de buena gana y que sigue considerando que las empresas catalanas deben servir como plataformas para hacer política, aunque oficialmente esta visión se oculte para evitar polémicas que pongan en riesgo la imagen corporativa del grupo catalán en el resto de España.
Tras su salida de Abertis, Salvador Alemany ha vuelto a repetir la jugada, aunque en este caso su perfil reducido ha hecho que la noticia haya pasado desapercibida. Ahora es el máximo responsable de Saba, una de las compañías lideres en el sector de los aparcamientos y la única de las grandes empresas de Criteria que todavía mantiene su sede en Cataluña a pesar de la creciente inseguridad jurídica.
ALEMANY MANTIENE SABA EN CATALUÑA Y LOS FONDOS SE VAN
A finales del pasado año, los fondos de inversión que tenían un peso importante en el capital de Saba –KKR, Proa Capital y Torreal– solicitaron a Alemany que siguiera los pasos del resto de sociedades huyendo del avispero separatista, pero el presidente repitió la jugada y rechazó la petición.
La cuestión nunca se trató en el consejo de administración pero las fuentes consultadas aseguran que en varias ocasiones responsables de estos accionistas que representaban casi la mitad del capital hablaron con Alemany para exponerle su preocupación por los efectos de mantener la sede en territorio catalán.
No hay que olvidar que por aquel entonces el Gobierno, con el respaldo del Senado, había aprobado la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el fin de intervenir la autonomía y los dirigentes separatistas estaban en la cárcel, con la excepción de Carles Puigdemont y otros líderes que huyeron de España para no ser detenidos.
Tras la negativa de Alemany a poner a salvo los intereses de Saba los principales accionistas negociaron la salida del capital, operación que concretaron el pasado verano. Criteria adquirió las participaciones de KKR, Torreal y Proa Capital en Saba abonándoles casi 440 millones de euros. Ahora es el holding de participadas de La Caixa quien posee el 99% de las acciones de la multinacional catalana y tendrá el 100% una vez que concluya las compras a los minoritarios que todavía permanecen en el capital.
Resulta, además, que Saba es la única de las grandes empresas del imperio Criteria que mantiene su sede en Cataluña, contra el criterio de KKR, Abelló Proa que han acabado vendiendo su participación a la Caixa saliendo del capital.
