“La vaca ha parido”. De esta forma tan elocuente, dos de las organizaciones de autónomos (ATA y UPTA) han definido el principio de acuerdo con el Gobierno. ¿Por qué principio? Porque todavía no está atado y bien atado. Y los precedentes no son halagüeños. Hace tan solo una semana que el Ministerio de Trabajo, en voz de la ministra Magdalena Valerio, dio freno y marcha atrás acerca a la subida de cuotas.
Fueron las presiones ejercidas por Comisiones Obreras, en concreto, por su organización de autónomos (UATAE), quienes hicieron explotar el pacto. Y ha sido esta última la que ha vuelto a decir que se trata de un castillo en el aire porque no hay una fecha definitiva para la reforma del sistema de cotización según los ingresos reales.
La aprobación de los presupuestos generales del Estado resulta clave para el arranque del acuerdo
La pelota está en el tejado del Gobierno que, además de hablar con patronal y sindicatos, deberá acometer algunos cambios legislativos. “No sabemos el marco legal en que se va a poner en marcha el acuerdo. Si hay presupuestos habrá marco legal”, reconoció Lorenzo Amor, presidente de ATA. ¿Y si no los hay? Entre otras leyes, deberá modificarse la Ley General de la Seguridad Social. ¿Contará el Gobierno con el apoyo de los nacionalistas catalanes, por ejemplo?
LA ZONA DE SOMBRA DE LOS AUTÓNOMOS
Otro agujero negro tiene que ver con cuántos trabajadores autónomos están por debajo del nivel de ingresos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Gobierno tiene que presentarnos una propuesta que adapte las cotizaciones a los ingresos”, manifestó Eduardo Abad, presidente de UPTA.
Y eso puede llevar tiempo. De momento, la secretaría de Estado de la Seguridad Social ha contactado con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el cruce de todos los datos de los afiliados al RETA y su cumplimiento de las obligaciones fiscales. Los primeros resultados, por decirlo así, no son buenos ya que existe una disparidad entre ambos registros.
“Sobre todo hay una zona de sombra con centenares de miles de afiliados al RETA sin aparente cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual requiere un tratamiento muy cuidadoso de los cruces a fin de garantizar la definición precisa del colectivo de trabajadores autónomos que se encuentren por debajo del nivel de ingresos del SMI”, indican desde ATA y UPTA. Antes del 31 de enero, la secretaría de Estado de la Seguridad Social presentará un primer documento sobre la cuestión.
En este Plan B, por denominarlo de alguna manera, uno de los puntos clave hace referencia a que la cuota mínima a la Seguridad Social de los afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) suba 64 euros al año, y 83 euros para los societarios.
Durante 2018, las cuotas de los trabajadores autónomos en alta en el RETA han subido un 1,25%. La recaudación se ha incrementado un 1,75% para una subida de afiliados del 1,10%. Por tanto, las cuotas del colectivo han subido en promedio un 0,70%.
En el caso de las bases de cotización de cada trabajador en el Régimen General han subido, en promedio, más de un 3% (6,8% de recaudación y 3,75% de incremento de afiliación). Si continúa este desfase, la desigualdad de prestaciones entre afiliados al RETA y al Régimen General se incrementará.
También entre lo acordado, los tipos de cotización subirán de forma escalonada para situarse en el 30% en 2019, el 30,3% un año después, el 30,6% en 2021, y quedar fijado de manera definitiva en 2022. En cuanto a prestaciones, la obligatoriedad de la cobertura de las contingencias profesionales conllevará que los autónomos puedan recibir prestaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ello podría, a su vez, suponer un aumento del tipo de cotización.
De lo que no aparece ni una coma en el acuerdo son tres aspectos claves en la ‘vida’ del autónomo. Uno es el IVA: no se determina qué sistema va a haber para que no adelanten su pago por facturas no cobradas. Otro, las deducciones de los gastos de manutención. Y, el tercero, las deducciones por gastos en el hogar. Todavía hay partido.
