Una factura electrónica es un documento de carácter fiscal que constituye una forma para emitir el recibo a clientes de venta de bienes o servicios. Como comprobante, esta muestra toda la información relativa a la transacción comercial y debe cumplir con todos los parámetros de autenticidad, entre ellos, la firma digitalizada.
En España, la facturación electrónica se ha convertido en noticia en los últimos meses. El 30 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que obliga al uso de estos documentos entre empresarios y autónomos. El nuevo estatuto establece desde ya un calendario de aplicación.
Los tiempos de aplicación de la nueva facturación electrónica
La nueva facturación electrónica deberá comenzar a utilizarse a lo largo de este año y en 2023. Según lo aprobado en el Consejo de Ministros, las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año tendrán 12 meses para aplicarla. En ese lapso deberán adaptar sus sistemas de despacho a la nueva tecnología.
Para las compañías que gestionan un flujo de ventas y facturación menor a los 8 millones, el calendario de ejecución se extenderá por 3 años. Esto incluye a las pymes, los emprendimientos y autónomos, quienes tendrán un calendario gradual. Según la firma española de consultores de QMA, el Gobierno ha tomado en cuenta la realidad de la digitalización en este sector productivo.
Para esas compañías, el Gobierno de España ha dispuesto el Programa Digital Toolkit, que tiene como objetivo proveer los fondos necesarios. Esto las hará más competitivas, ya que según QMA, será crucial en un futuro próximo. La digitalización será un requisito para acceder a subvenciones, estímulos financieros y contrataciones públicas, según lo visualiza esta compañía de desarrollo de software enfocada a pymes y autónomos.
Lo que busca el Gobierno con la facturación electrónica
En su exposición de motivos, el Gobierno de España ha dicho que la facturación electrónica busca una mayor transparencia en los procesos mercantiles. Igualmente, trata de promover la digitalización de las empresas pequeñas y medianas para que sean competitivas. Al ser más eficientes, las compañías podrán obtener una reducción en la estructura de costes por transacción.
La facturación electrónica también incidirá positivamente en una gestión más eficiente de los procesos de recaudación fiscal. Este recurso administrativo permitirá al Estado agilizar y hacer más transparentes las declaraciones de renta, sobre todo entre los autónomos y pequeños negocios. Hasta el momento de la promulgación y publicación de esta nueva obligación, esta modalidad entre empresas ha sido de carácter voluntario.
Con la aprobación de este proyecto de ley, España se coloca a la par de otros países europeos que ya están implementando estas formas digitales. Tal es el caso de Albania, Italia, Francia y Polonia, naciones que ya llevan años aplicando la facturación electrónica en los negocios B2B. La iniciativa forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, que es un programa de incentivos de la Unión Europea.
