La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), tras analizar las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la grave sequía que sufre gran parte de España, ha reconocido «avances y logros» para el sector, pero ha reclamado «más decisiones y de mayor alcance» como ayudas directas, ya que la situación provocada por la sequía es «dramática» en algunas zonas.
En concreto, la organización agraria ha recordado en un comunicado que fue la primera en reclamar la convocatoria de la Mesa de la Sequía para analizar y afrontar el problema hídrico, una herramienta que ha dado como resultado la aprobación de este real decreto. «Será muy importante la letra pequeña y la concreción de todas las medidas», han indicado desde UPA.
Las medidas frente a la sequía que publica el BOE incluyen logros «importantes» para el sector como la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el IRPF por el método de módulos.
También se establece la exención de las cuotas del IBI para aquellos productores agrarios que hayan sufrido unas pérdidas superiores al 20% en zonas con limitaciones específicas y de un 30% en el resto de zonas.
En materia laboral, se incluyen aplazamientos para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) de las cuotas a la Seguridad Social, a un interés del 0,5%. A su vez se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura.
Sin embargo, para la organización agraria la principal medida que queda pendiente es la de conceder ayudas directas para los sectores y zonas más afectadas por la sequía.
Unas ayudas que deberían provenir de los fondos Feader no ejecutados, al igual que como se hizo con las medidas Covid-19. Así, han mostrado su deseo de que en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del lunes se desbloquee esta medida.
Por otro lado, UPA ha señalado que una de las medidas importantes puestas en marcha es la fijación de un precio para el agua desalada por debajo de los 0,45 euros/m3, una reivindicación histórica para los agricultores del sureste de España que hará accesible esta agua para uso agrícola. A su vez, también se reducen las cuotas del canon de regulación en Guadiana y Guadalquivir, algo muy necesario en este contexto de escasez. Las tarifas de utilización del agua para los regadíos también se rebajarán.
