Manuel (nombre ficticio) llevaba casi tres lustros trabajando en su empresa. Después de más de un año recibiendo sus emolumentos con retraso, y cuando ya le debían casi cuatro nóminas, decidió rescindir su contrato. Eso sí, no quería irse con las manos vacías. Quería cobrar el paro. Un colchón mientras encontraba otro trabajo.
Según la ley, si el cese en la empresa es voluntario, el trabajador no estará en situación legal de desempleo y, en consecuencia, no cumplirá con uno de los requisitos para acceder a la protección por desempleo. ¿Negociar el despido con la compañía? ¿Fingir un despido objetivo? Sería un fraude que acarrea sanciones para la empresa mientras que el trabajador perdería las prestaciones generadas.
La única salida que le quedó a Manuel fue la siguiente: mandó un burofax a la empresa con la correspondiente denuncia en el que alegaba los continuos retrasos y deudas de la empresa para que el juez acabara declarando despido improcedente y así tener derecho a cobrar la prestación por desempleo. Eso sí, hasta que tuviera lugar el juicio (en el caso de Manuel tardó siete meses), tuvo que seguir en su puesto de trabajo.
Aumentar la productividad y reducir la factura en procedimientos judiciales son la base que impulsa la medida
“Esta es una práctica bastante común. Mientras sale el juicio, la productividad del trabajador no es la misma”, se lamentan fuentes empresariales próximas al diálogo social que está manteniendo el Ejecutivo con sindicatos y patronal. Y añade: “El Gobierno va a aprobar que las personas que quieran abandonar la empresa puedan cobrar el paro”.
¿Qué es lo que se busca? Primero, que la productividad no baje cuando un trabajador no está a gusto en su empresa. Y, segundo, evitar el gasto judicial que suponen actuaciones como las llevadas a cabo por Manuel. ¿Disparará el gasto por desempleo? “No será así. Antes a muchas personas les compensaba no trabajar porque cobraban más estando en el paro. Con la subida del salario mínimo está situación se revierte”, señala la citada fuente.
EL GOBIERNO Y LA REFORMA LABORAL
La reforma laboral del Partido Popular (PP) no es del agrado del Gobierno de Pedro Sánchez. En un principio habló de derogar dicha reforma aunque luego matizó sus deseos diciendo que había que revisarla.
Retoques que, poco a poco, se van poniendo sobre la mesa. Ya ha aprobado reformar el Estatuto de los Trabajadores de manera que las empresas tengan la obligación de crear un registro diario de la jornada laboral con el objetivo de frenar el abuso que se comete con las horas extraordinarias no pagadas. Dicho registro deberá guardarse durante un periodo de cuatro años y deberán estar a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
También en su hoja de ruta está que los convenios tengan vigencia hasta que se logre el acuerdo en uno nuevo y no que tenga fecha límite de doce meses ese periodo de negociación como sucedía con la reforma del PP. De esta manera no se dejará a los trabajadores desprotegidos en caso de no acuerdo pasado dicho año. Tanto patronal como sindicatos están conformes en este punto.
Lo mismo que sucede en el hecho de que sea el convenio sectorial el que prevalezca sobre el de la empresa, aunque la patronal quiere introducir un matiz. Porque si las exigencias salariales no son de su agrado, podrán desengancharse de las mismas a través de las conocidas como cláusulas de descuelgue.
¿Qué otros aspectos podrían variar? La legislación relativa a las subcontratas, reducción de la jornada laboral como alternativa al despido, un plan de empleo juvenil, y medidas que impulsen la igualdad de género. “Hay voluntad de diálogo y las posturas se acercan”, concluye la fuente de la patronal.
