Hacienda se prepara para empezar a comprobar los datos bancarios de los miles de españoles que tienen cuentas bancarias en Andorra. Lo hace tras la entrada en vigor el pasado uno de enero del convenio de intercambio automático de información firmado con el Gobierno del país. Una situación que va a provocar un auténtico quebradero de cabeza a miles de españoles que tienen cuentas en la antigua BPA, y que permanecen bloqueadas por el ejecutivo local.
En concreto, y según denuncian los afectados, se trata de más de 2.500 personas -la mayor parte españoles- de quienes la justicia andorrana sospecha. Los auditores de PwC temen que pueda tratarse de dinero de dudosa procedencia, y que se trate de cantidades procedentes del blanqueo de dinero. Así que ante esta situación, el Ejecutivo andorrano ha optado por impedir que puedan traspasarse a la entidad que asumió las operaciones de BPA, el Vall Banc, que fue quien percibió los activos sanos de la entidad extinguida. Ahora son los afectados quienes deben probar la procedencia del dinero y, según explican los afectados, les cuesta porque muchos datos los tenía la propia BPA y, en otros, resulta complejo encontrar a alguien con quien analizar la situación punto por punto.
Así que son muchos los clientes que, al intentar ponerse al día con la hacienda española, no han podido hacerlo pues no tenían liquidez para poder pagar la regularización antes del 31 de diciembre pasado. Es lo que denuncia la plataforma de afectados, cuya portavoz Gema Martín, ha explicado a Merca2 que esto ha obligado a muchos «a efectuar donaciones de sus cuentas a fundaciones, ONG’s o familiares» para evitar salir retratados en la foto. Además, denuncia que en la mayor parte de los casos «se trata de clientes que tienen ahorros» en Andorra.
La plataforma de afectados denuncia también que el fondo propietario de Vall Banc, JC Flowers, aprovecha la situación «para hacer negocio, pues está ofreciendo financiación a todas aquellas personas que necesitan el dinero para ajustar cuentas con la Justicia», explica su portavoz. De hecho, asegura que este bloqueo no es sólo para cuentas corrientes, también para aquellos que tienen posiciones en renta variable, dólares y fondos. ¿El motivo? Porque Credit Suisse, que es la entidad con la que operaba en el mercado BPA, ha dejado las operativas en suspenso, y ha bloqueado el acceso a los fondos.
Una decisión que adopta por la situación que se vive en torno a la titularidad de BPA, cuyos títulos están en manos de la sociedad creada para la reestructuración financiera. Sin embargo, en Andorra, el traspaso no puede hacerse directamente ya que es el banco quien actúa como responsable jurídico en la compra de bonos y valores, y luego hace la distribución interna en torno a sus clientes. Algo que compleja bastante la situación.
Ahora buena parte de las personas que están bloqueadas se están planteando tomar acciones legales contra BPA, el Gobierno de Andorra y el Vall Banc. Aunque contra este último reconocen que les cuesta un poco más, dado que ha optado por no atender a los clientes. «Nos han llegado a decir que está prohibido recepcionar cartas» de los clientes afectados.
Estas tres mil personas son las últimas que continúan en BPA. Hasta el momento el AREB (el FROB a la andorrana) ha permitido ya el traspaso de la mayor parte de las cuentas. Hasta ahora se han efectuado ya dos migraciones, la última el pasado mes de octubre. El Ejecutivo e Andorra tiene intención de continuar dando pasos a medida que se aclare la situación, pero todavía no ha sido capaz de dar una fecha concreta para que todo quede aclarado.
