El consejo de ministros ha aprobado un real decreto para regular la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas con los de otros Estados miembros de la Unión Europea, lo que permitirá que el telepeaje español se adecue a los estándares técnicos del resto de países europeos, y viceversa.
Este sistema no será aplicable ni a los sistemas de peaje para los que no existan medios electrónicos de cobro, ni a los sistemas de peaje pequeños de carreteras estrictamente locales, y tampoco a las tasas de aparcamientos.
El decreto aborda su implantación, neutralidad ante la potestad tarifaria de las administraciones públicas, la protección de los derechos de los usuarios, el derecho de los proveedores a recibir una remuneración, las notificaciones de los peajes o la contabilidad de los prestadores de servicios de peaje, entre otros aspectos.
En su capítulo técnico, se refiere a las soluciones tecnológicas, armonización tecnológica y transición, requisitos de los componentes de interoperabilidad y a lo relacionado con los parámetros de clasificación de los vehículos.
En cuanto al plano administrativo, se centra en el órgano de mediación, como el establecimiento, funciones y procedimiento, y en las cláusulas de salvaguarda, como el procedimiento y transparencia, así como en la supervisión y colaboración con las comunidades autónomas.
Los dos principales objetivos que persigue esta decisión son poder viajar por todo el continente con un único dispositivo electrónico y facilitar el intercambio de información sobre los peajes impagados en los distintos Estados miembros.
Ya en 2004, la Comisión Europa intentó llevar a cabo una normativa parecida pero sin éxito. El Gobierno español traspuso esa directiva por vía del real decreto en febrero de 2006, pero, como argumenta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los avances tecnológicos «han ido por delante de su regulación a nivel europeo», de manera que se fueron implantando por los diferentes países sin que fueran del todo compatibles entre sí.
Ahora, la Comisión ha vuelto a intentarlo y para ello lanzó en 2019 una nueva directiva que tenía que haber adquirido rango de ley en los distintos países de la Unión antes del pasado 19 de octubre de 2021.
