La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido que «no es fácil» sustituir a corto plazo el gas que suministra Rusia a los países de la Unión Europea por otros proveedores, y ha enmarcado en este propósito la reciente iniciativa diplomática de EE.UU. con Venezuela.
«Cuando el mundo se plantea de qué modo prescindir en un plazo corto de tiempo de uno de los mayores productores mundiales de gas por otros suministradores hay que saber que no es facil», ha enfatizado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En opinión de la vicepresidenta, en este contexto, reducir el consumo de gas en Europa es «obvio», así como implementar políticas de ahorro y eficiencia energética. También lo es buscar otras alternativas en otras fuentes productoras de estos recursos. «Eso es lo que está planteándose EEUU: si alguno de los productores de gas pueden contribuir a nivel global, al igual que ha hecho Noruega».
Para Ribera, la reducción progresiva de suministro de gas a Europa que ha estado haciendo Rusia en los últimos meses no es casual: «Putin viene preparando la invasión desde hace un año».
Por ello, ha señalado que la estrategia de Putin ha obligado a que desde EE.UU. y Noruega se busquen suministros alternativos. «Eso explica por qué Noruega y EE.UU. estén exportando más gas a Europa», ha afirmado.
Preguntada por la posibilidad de prolongar el gasoducto Medgaz, que conecta Argelia con España, hacia Europa, ha señalado que ahora que se están viviendo las «dramáticas» consecuencias que tiene la invasión con una presión al alza de los precios, la respuesta pasa por más Europa, más coordinación, un uso más eficiente de las infraestructruras, mayor autonomía energética y disminuir inmensa dependencia de gas y crudo de Rusia.
Así, ha señalado que una interrupción del suministro de gas ruso a Europa no es un tema que afecte especialmente a España, pero sí a otros vecinos de Europa, y ha reconocido que la internconexión con Francia «no es ajena» a esta discusión.
Ribera ha detallado que España cuenta además con un tercio de la capacidad de regasificiación de toda Europa, algo que los clientes de gas pagan en su recibo. «Esta capacidad tan grande tiene sentido que sea beneficiosa para el suministro de nuestros vecinos», ha indicado la ministra, quien cree que habría que acordar previamente que el coste de esa infraestructura se repartiera también a nivel europeo y no recayera únicamente sobre los consumidores españoles.
En cuanto a una posible ampliación del gasoducto, habría que definir una serie de cuestiones, que una vez acometida la obra no acabara en un «callejón sin salida», o que si empieza a estar operativa en 5 o 6 años que tenga una conexión «adecuada» con Francia, y que fuera financiada no solo por usuarios de gas españoles. Además, debería responder en materia de seguridad a exigencias de futuro para poder transportar gas natural mezclado, gas renovable, biometano e incluso hidrógeno renovable. «No existe la infraestructura, pero es necesario invertir en Europa en esas infraestructuras», ha recalcado.
Por último, preguntada por la conveniencia de recortar los llamados «beneficios caídos del cielo» a las tecnologías de generación eléctrica ya amortizadas, ha señalado que está a la espera de una postura común de la UE, que ya ha ido recogiendo alguna de las propuestas del Gobierno español. Tras afirmar que esa medida forma parte ya del debate fiscal y de las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía para Europa, ha reconocido que «no son intervenciones sencillas, deben hacerse con cuidado y respeto a la legalidad vigente.
