El Tribunal Supremo por fin se ha pronunciado, ha rectificado su decisión y será finalmente el cliente y no la entidad financiera, quien sea el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Esta decisión que favorece al sector financiero y por supuesto a las regiones que cobran el tributo. Pero esto no ha terminado, ya que los juristas especializados en este tipo de litigios tienen confianza en que el fallo sea elevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La sentencia aprobada con 15 de los 28 magistrados reunidos, los que votaron en contra del cliente, mientras otros 13 se mostraron a favor de que sean las entidades quienes paguen. Si la decisión hubiera sido desfavorable a los bancos, y según las palabras de la Ministra de Hacienda, se habrían revisado las firmas hipotecarias de los últimos cuatro años (periodo de revisión tributaria), habrían tenido que devolver a los clientes el importe y exigir el mismo a la banca, con un coste estimado de 5.000 millones de euros, casi nada.
Si recordamos, el origen del recurso sobre el impuesto, nos remitimos a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas contra la Comunidad de Madrid, quien llevó a Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera del Supremo, a revisar la doctrina al Pleno ante la “enorme repercusión económica y social” y el “giro radical en el criterio jurisprudencial” que supuso.
Incluso la banca se ha sorprendido de la decisión, creían en un fallo en su contra y ya estaban preparándose para la batalla legal. En este sentido la jornada siguiente a la decisión, que se tomó a última hora de la tarde del pasado martes, arrancó con fuertes subidas donde Santander inició la sesión con subidas del 3,7%, BBVA del 3%, Bankia del 5%, Bankinter del 4,4% y CaixaBank del 5,3%. Banco Sabadell el 5,7% y, fuera del Ibex, Unicaja roza inició la jornada con subidas del 5,6% y Liberbank, del 4,6%. Recuperando parcialmente lo que había perdido desde que el 18 de octubre el Supremo dictaminase que el sujeto pasivo del impuesto sería la banca.
Esto al final no tiene impacto en la firma de hipotecas, ya que todas las que estaban pendiente de firma, mantenían las condiciones del pago del impuesto para el cliente y simplemente estaban a la espera de si habría que modificar la documentación. Finalmente será así y el comprador no renunciará a la firma de compraventa de vivienda por el hecho de tener que pagar un impuesto que antes de la decisión del 18 de octubre, sabía que tenía que pagar.
Otra cosa es que los partidos políticos contrarios a la aplicación del impuesto, o que sea el cliente quien tenga que abonarlo, tomen cartas en el asunto y decidan en el Congreso reformar la Ley Hipotecaria. El Gobierno ya se ha pronunciado y estudiará el fallo del Tribunal Supremo mientras que la oposición critica que directamente no se suprima dicho impuesto.
Darío García, analista de XTB
