ACS hizo el negocio del año pasado con la venta de una parte de Cobra al grupo francés Vinci. De hecho, los resultados de la constructora española se vieron incrementados sobre todo por esta venta. Su beneficio neto fue de 3.045 millones de euros en 2021, lo que supone multiplicar por cinco los 574 millones de euros que ganó en 2020. Un aumento que se explica por los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de su división industrial (Cobra) a Vinci por unos 5.500 millones de euros.
Pero no es oro todo lo que reluce. Los últimos negocios de Cobra en Perú han acabado en arbitrajes que no han favorecido los intereses de la compañía en este país. La compañía se ha visto sumida en sendos conflictos en dos proyectos que está gestionando, uno de Petroperú y otro es Majes Siguas II. La compañía del Ibex maneja ahora mismo un 49% de Cobra, mientras que Vinci tiene el 51% restante, ocupando la posición mayoritaria. Para ambas compañías, Latinoamérica es uno de sus mercados principales en cuanto a la construcción y las concesiones que manejan en esta región.
Recientemente se ha conocido que Cobra ha perdido el arbitraje contra Petroperú. Se inició en 2020 debido a que la compañía se negó a la ejecución de unos trabajos para las líneas de ductos de interconexión. Estas eran esenciales para el buen funcionamiento del proyecto de modernización y ampliación de la Refinería de Talara, situada en la costa norte de Perú. Las obras contemplaban el diseño y construcción de trabajos para la modernización y reducción de la contaminación y la ampliación de dicha refinería.
Cobra ha perdido el arbitraje contra Petroperú y tendrá que retomar las obras
Así, el tribunal ha decidido que Cobra no podía continuar rechazando la ejecución de tales actividades, por lo que ha ordenado que la compañía ejecute inmediatamente los trabajos que se negaba a hacer. De igual forma, ambas partes deben asumir las costas del arbitraje a partes iguales. El tribunal también considera probado, en base al informe pericial, que 13 líneas de interconexión eran responsabilidad de Cobra. Aparte de Cobra, el consorcio encargado de ejecutar las obras estaba formado por Sinohydro Corporation Limited.
ARBITRAJE DE MAJES SIGUAS II
Pero no ha salido solo este arbitraje el que ha tenido la compañía en Perú. Por otro lado, recientemente ha decidido desprenderse del proyecto Majes Siguas II tras años de litigio. Este proyecto es una inversión pública-privada que consiste en incorporar 38.500 hectáreas para producción agrícola. Igualmente, iba a desarrollar un componente para generar energía eléctrica vía las hidroeléctricas Lluta y Llucta. Con Majes II se iban a generar 190.000 empleos directos y otros 290.000 indirectos. Pero las paralizaciones de la obra a lo largo de once años fueron ocasionadas por el gobierno regional debido a los constantes incumplimientos en el contrato.
Cobra ha tenido unas pérdidas económicas cifradas en 220 millones de dólares (191 millones de euros al cambio) tras cuatro años de espera y sin poder hacer nada por evitarlo. La compañía podría haber roto relaciones antes, evitando esta pérdida económica, pero no ha sido hasta hace unos días cuando ha decidido desvincularse del proyecto, lo que da lugar a comenzar un arbitraje con el estado peruano. Las razones de la desvinculación, además de los continuos retrasos y las pérdidas económicas, vienen también por la no firma de la adenda 13, para la que la empresa otorgó de plazo hasta 30 de diciembre de 2021. Este límite fue acordado por los accionistas.
Ahora, este problema legal y los quebraderos de cabeza irán a parar a Vinci, que tendrá que volver a esperar a un arbitraje internacional con el gobierno de Perú para ver si finalmente después de 11 años se desbloquea el proyecto. Igualmente, el grupo Cobra decidió enviar una carta al Ministerio de Economía y Finanzas peruano y al Gobierno de Arequipa dando por concluido el contrato y anunciando acciones legales para paliar esta situación. En ella, explican que se reservan el derecho de reclamar el reconocimiento y pago de cualquier obligación pendiente, así como los daños y perjuicios que correspondan de conformidad con el contrato y las leyes aplicables. Así pues, las pérdidas debido a la paralización del proyecto durante once años son de 191 millones, pero también apuntan que en futuras comunicaciones irán actualizando este número.
De hecho, en dicha misiva que el grupo mandó al gobierno peruano para romper las relaciones en este proyecto. En la misma, se enumeran hasta cuatro incumplimientos en los que incurrió el Gobierno de Arequipa y que justifican la caducidad del contrato. Uno de ellos es la citada adenda 13, que tenía como objetivo modernizar el sistema de riego, utilizando tubos, en lugar de canales y llevar el agua al adjudicatario a la cabecera de la parcela. Demandaba una inversión de 104 millones de dólares que se recuperaría de la venta de tierras. Este cambio tecnológico tenía el visto bueno del Ministerio de Economía del país.
