El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado este martes varias normas que regularán las nuevas relaciones entre camioneros y cargadores, la introducción de mecanismos de revisión de precios en la obra pública para limitar el impacto de la inflación, y la nueva Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación acumulaba más de seis meses de retraso.
La ministra de este Departamento, Raquel Sánchez, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Ministros, que se trata de un «ambicioso paquete normativo», que abarca gran parte de la actividad del Ministerio y que tiene por objetivo impulsar las políticas de movilidad y transporte.
La principal novedad es que el Gobierno contemplará por primera establecer un régimen de libre concurrencia en las líneas interurbanas de autobús, lo que permitirá la explotación de varios trayectos por nuevas compañías, algo que el sector llevaba tiempo reivindicando.
Por ello, el Ministerio reordenará el transporte regular de viajeros por carretera, con un nuevo marco concesional, dándose un año de plazo para su entrada en vigor, que revisará cada 5 años, al mismo tiempo que también se considerará la cofinanciación de las comunidades autónomas en varios tramos.
En el marco de esta nueva ley, se impulsará la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas administraciones, y se incluirá un título específico sobre la planificación de infraestructuras, que recogerá el coste y beneficio de cada proyecto, considerando tanto la rentabilidad financiera como la económica y social, para aprovechar al máximo los fondos europeos.
Se trata de promover la sostenibilidad en la movilidad e incentivar su digitalización y la innovación en un sector fundamental para la vida cotidiana y la economía, que supone un cambio radical en la política de transporte porque se reconoce por primera vez la movilidad como un derecho, lo que garantiza el acceso a cualquier ciudadano, con independencia de su renta, género o limitaciones físicas», ha señalado Sánchez.
Se calcula que las palancas incluidas en la ley creen 185.000 puestos de trabajo y aporten 20.000 millones de euros al PIB de España, al mismo tiempo que promueve la descarbonización de un sector responsable del 30% de las emisiones de efecto invernadero -procedentes el 95% de estas de la carretera-.
TRANSPORTISTAS y REVISIÓN DE PRECIOS
El Gobierno también ha aprobado las medidas a las que se comprometió con los transportistas el pasado mes de diciembre, que incluye la prohibición de que los camioneros hagan la carga y descarga o de que se pacte que los transportistas asuman el incremento del precio de los carburantes.
Asimismo, se reducirán a la mitad los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tiene derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga, se limitará la competencia desleal extranjera y se impulsarán las áreas de descanso seguras y vigiladas.
Dentro de este decreto, el Ministerio también ha incluido una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional.
Así, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de ese 5%. En cualquier caso, cualquier variación en el presupuesto se limitará al 20% del importe original del contrato.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Por otra parte, el Gobierno también da dado luz verde a la creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes en el transporte marítimo, ferroviario y de aviación civil, en línea con las reivindicaciones de las víctimas de accidentes.
El nuevo ente tendrá personalidad jurídica propia y autonomía financiera, que se suma a la ya existente autonomía funcional de los órganos cuyas funciones asumirá, con una organización similar a la de otros organismos como la Airef, CNMC o la Agencia Española de Protección de Datos, favoreciendo la protección de la información reservada y los derechos de las personas declarantes.
Por último, también se ha reformado la Ley de Navegación Marítima y la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para mejorar, según la ministra, la competitividad de este sector, dar seguridad jurídica en ámbitos como la ciberseguridad y avanzar en otras medidas como la sotenibilidad marítima y la protección del medio ambiente, así como en al regulación de los buques sin tripulación.
