La entrada de IFM en el capital de Naturgy sigue generando polémica, sobre todo por el interés de VOX de esclarecer si se ha producido un pacto ilegal de accionistas que haya permitido al fondo de inversión australiano tener información interna con la que preparar la Oferta Pública de Adquisición (OPA). Una operación que aunque no salió como esperaba –IFM consiguió tan sólo el 10,83% de los títulos– le permitirá sentar en el consejo de administración de la eléctrica a Jaime Siles, su hombre en España.
La posible existencia de un pacto de IFM con los otros dos fondos que tienen una elevada presencia en el capital del grupo que preside Francisco Reynés (el británico CVC Capital Partners y el estadounidense GIP) siempre ha estado sobre la mesa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dijo que lo investigaría, sin que se haya conocido resultado alguno, lo que ha provocado que VOX considere que el presidente del organismo Rodrigo Buenaventura no ha hecho todo lo posible para llegar hasta el fondo del asunto.
Las sospechas se fundamentan en la inacción del regulador cuando IFM lanzó la OPA, ya que el propio Buenaventura conocía la posible existencia de este acuerdo irregular. Así se lo trasladó personalmente el portavoz de VOX en el Congreso, Victor González, en una reunión en la que el diputado expuso al presidente de la CNMV su preocupación sobre esta cuestión, tal como avanzó MERCA2 el pasado octubre.
Ya por aquel entonces el área económica de VOX consideraba que había indicios de que existía una acción concertada de los fondos de inversión para tomar el control de Naturgy y realizar un despiece de la empresa, vendiendo activos para hacer caja.
En este contexto Criteria mostró en numerosas ocasiones sus reticencias a la entrada de IFM y sólo recientemente ha sellado la paz con el fondo australiano, de cara a a la próxima junta general de accionistas que se celebrará el próximo 15 de marzo y que certificará la entrada de Siles como consejero.
Una junta general en la que el tema estrella será el proyecto Géminis, que supone partir Naturgy en dos, separando los negocios regulados del grupo energético de los que operan en régimen de mercado libre. A la par que se ha presentado esta iniciativa –que ha provocado un tremendo golpe en Bolsa– Criteria se ha blindado en el consejo de administración, sumando otro asiento y teniendo así tres votos en las futuras deliberaciones.
Y cuando parecía que había fumata blanca entre los implicados en este culebrón corporativo, el partido de Santiago Abascal no ha querido dejar pasar lo que considera que es un atropello a los minoritarios y a los intereses estratégicos de España. Por ello ha lanzado una ofensiva para conocer la verdad sobre los posibles acuerdos previos de IFM con los otros dos fondos que ya estaban en el capital de Naturgy. Y lo primero que ha solicitado al Gobierno es que desvele sí ha recibido informes que pongan de manifiesto la existencia de dicho pacto ilegal.
EL CNI ESPIÓ A LOS FONDOS Y AVISÓ A MONCLOA
Según la documentación a la que ha accedido MERCA2, los diputados de VOX Macarena Olona, Rodrigo Jiménez, Pablo Sáez, Ruben Manso, Victor González e Inés María Cañizares han presentado una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados solicitando al Ejecutivo esta información. La clave para entender esta petición es que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizó una investigación por su cuenta (al margen de la CNMV) analizando las comunicaciones entre los implicados.
El resultado de estas pesquisas es secreto, aunque dos fuentes cercanas al CNI confirman extraoficialmente a este diario que se elaboró un informe con las principales conclusiones que se puso en conocimiento de presidencia del Gobierno. Un documento que no se ha hecho público pero que podría esclarecer el papel de todos los implicados en esta operación corporativa y al que hace referencia VOX en su pregunta parlamentaria, aunque no lo cite expresamente.
Además, el partido de Santiago Abascal reclama al Ejecutivo «una copia de todos los expedientes administrativos generados como consecuencia de la OPA» del fondo australiano, operación que fue aprobada por el Consejo de Ministros en agosto del pasado año.
La intervención de los espías en las grandes empresas estratégicas es algo que siempre se ha producido, aunque en los últimos meses se ha potenciado esta estructura de vigilancia con la excusa de proteger la seguridad nacional. La realización de labores de información ha provocado incluso una guerra entre el CNI y la CNMV, sobre todo después de que el propio Buenaventura reclamara eliminar el denominado blindaje antiopas aprobado por el Gobierno tras la pandemia.
