Se aproxima el mes de marzo, y los precios de la electricidad en España siguen disparados (hoy se paga a 199,94 euros el MWh). No han vuelto a la normalidad como se prometió en varias ocasiones desde el Gobierno. Casualmente, comenzaba la semana con una tribuna de opinión, en medios afines al Gobierno, de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que llama a acelerar la transición energética en España. La vicepresidenta tercera del ejecutivo de Pedro Sánchez, además de mantener su apuesta ideológica por una transición que cada vez se está tornando más injusta, carga contra la Unión Europea.
Las palabras de Ribera quedan muy bonitas negro sobre blanco «una situación como ésta tiene una respuesta obvia. Debemos acelerar la transición energética para reducir nuestra dependencia del gas, la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y evitar seguir drenando recursos que deberían destinarse a facilitar socialmente la transición, potenciar la innovación y acelerar las inversiones en transición energética, incluidos renovables, almacenamiento, digitalización o eficiencia».
Pero esas palabras provocan varias preguntas. ¿Qué pasa con el presente? Porque siempre habla del futuro y de aspectos, como el almacenamiento energético, que está por llegar a gran escala. ¿Cómo se soluciona en este 2022 la volatilidad del precio del gas? Máxime con el conflicto entre Rusia y Ucrania a falta de la chispa que prenda el comienzo de las hostilidades. Porque ya ha reconocido varias veces que el precio del gas seguirá alto durante muchos meses y por ende el precio de la luz.
En palabras de Ribera, «es fundamental utilizar los medios públicos de que disponemos con inteligencia y acompañar el despliegue renovable acelerando la apuesta por la innovación y la investigación de nuevas tecnologías, como el almacenamiento, que deberá ser el respaldo (backup) de las renovables».
Nadie duda de que el almacenamiento energético será el respaldo de las renovables pero, tras años de investigación las posibilidades y los avances por lo pronto resultan insuficientes, algo que representa el gran hándicap de la energía verde.
NI UN EURO DE INVERSIÓN PARA NUCLEAR O GAS
Entretanto, hay que seguir cubriendo la demanda energética y las alternativas en materia de almacenamiento no abundan, preocupan y encuentran remedio en la prolongación del uso de las fuentes menos contaminantes. Ribera ya ha descartado por activa y por pasiva invertir un euro en energía nuclear o en cualquier otra que tenga que ver con el gas, lo que nos aboca a seguir comprando gas a Argelia, Rusia, Estados Unidos o Qatar, al precio nos impongan, y a seguir quemando carbón, que de momento hasta finales de mayo seguirá operando la central de As Pontes.
Se puede estar a favor o en contra de la energía nuclear, pero la gran mayoría de expertos (la ONU la considera imprescindible) coincide en que es una energía fundamental para lograr los objetivos de descarbonización, aunque tenga su lado oscuro, y que es la mejor energía de respaldo a las renovables en cuanto a su incidencia en el medio ambiente. Francia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Finlandia y muchos otros países están apostando por invertir en pequeños reactores nucleares de última generación.
De las decisiones de estos países se intuye que el almacenamiento de la energía eólica y solar va para largo. Una evidencia que, pese a gozar de una aceptación cada vez más extendida entre las autoridades energéticas, no sirve de inspiración a la ministra Ribera que, ni siquiera, se plantera dudas al respecto: ¿su fanatismo ideológico no le deja ver más allá de la hoja de ruta marcada a fuego? Se hará lo que se tiene previsto, cueste lo cueste. Y ese precio, lo pagarán los consumidores.
La ministra no valora en su tribuna las quejas de miles de agricultores, ganaderos o pescadores, que no quieren que se les expropien sus terrenos y que en sus campos o caladeros de pesca se instalen macrohuertos solares o polígonos de eólica marina. Esa es una de las caras que oculta la transición energética.
La Comisión Europea ha incluido la energía nuclear y el gas dentro de su proyecto de documento de taxonomía verde, pendiente de aprobación. Ribera se ha mostrado siempre frontalmente en contra y no pierde ocasión para cargar públicamente contra la CE en su gestión de la crisis, ante el nulo caso que han hecho desde Bruselas a las propuestas del Gobierno español.
«Cabe cuestionarse el acierto de las propuestas de la Comisión, centrada en trasladar los costes desde el bolsillo de los consumidores al de los contribuyentes. Una propuesta que tiene dos grandes problemas: al riesgo de la tensión social y económica, se une la mayor desigualdad en la respuesta de los Estados Miembros, ya que el volumen de gasto depende de la capacidad presupuestaria y fiscal de cada uno de ellos», argumenta Ribera.
RIBERA ELUDE SU RESPONSABILIDAD: BALONES FUERA
Como suele ser habitual, la vicepresidenta tercera del Gobierno elude cualquier responsabilidad en la crisis energética y echa balones fuera. «Durante meses, se ha respondido sobre la base de tres premisas que hoy parecen equivocadas. En un principio, se destacó que estábamos ante un problema coyuntural» dice Ribera, como si no hubiera sido ella la que hubiera hecho esas declaraciones en multitud de ocasiones, ante la incapacidad del Gobierno para solucionar el problema.
Sin embargo, prosigue la ministra «la coyuntura dura más de lo esperado y, probablemente, pueda mantenerse todavía bastante tiempo, a tenor de la fuerte demanda y el contexto geopolítico». Palabras estas que colisionan con lo afirmado a lo largo del último semestre de 2021, cuando ponía marzo de 2022 como fecha tope para volver a unos precios normales de la electricidad. Ahora, con marzo a la vuelta de la esquina, sigue con su huida hacia adelante, desdiciéndose sin ningún rubor.
Pocos confían en las palabras de una ministra incapaz de adelantarse a los acontecimientos, subyugada a su autoimpuesto fanatismo ideológico y que en cada declaración que hace lo único que intenta es ganar tiempo, esperando que sus palabras se olviden con el paso de los días, mientras ella siga permaneciendo en el cargo.
¿O ya no se acuerda la ministra cuando afirmaba que en 2022 los españoles pagaríamos la luz más barata que los franceses y los alemanes? Si nos centramos en estos tres países, los precios medios de la electricidad en 2021 para la gran industria fueron: en España 120,42 euros por MWh, en Francia 50,35€ y Alemania 83,86€. En España se ha pagado más del doble que en Francia. Las industrias españolas se hubieran ahorrado muchísimos millones de euros en el caso de estar ubicadas al otro lado de los Pirineos.
Y este año las cosas van por el estilo. La pérdida de competitividad es dramática para sectores que necesitan de la electricidad y el gas para funcionar y aunque les encante el futuro que presenta la transición energética, en el presente no ven la luz al final del túnel.
