El Canal de Isabel II, empresa de aguas de Madrid, buscará la fórmula del arbitraje para afrontar la pérdida de varios contratos perdidos en las últimas semanas. La corporación ha optado por esta vía debido a que estos, firmados a través de Interamericana de Servicios SA (Inassa) en Colombia y República Dominicana, han acabado en conflictos. De hecho, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en el Pleno de la Asamblea no ha descartado tomar esta iniciativa ante la situación de la entidad en estos países.
La problemática en Colombia ha venido porque el Ayuntamiento de Barranquilla decidió vender las acciones embargadas de AAA, escudándose para ello en una ley de lucha contra los carteles de droga y paramilitares. El ayuntamiento de la localidad colombiana Ayuntamiento de Barranquilla se ha deshecho del 34% de sus acciones a terceros, pese a que estaban embargadas y a que no hay todavía una sentencia judicial definitiva sobre la expropiación.
En octubre de 2018, la Fiscalía colombiana embargó las acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones a esta empresa por un contrato de asesoría técnica que no se produjo, iniciando así el proceso de expropiación. Por este caso resultó condenado a 15 años el gerente de Triple A Ramón Navarro Pereira, y la Fiscalía ordenó además sanciones para otros siete directivos y exdirectivos de Triple A, varios de ellos españoles.
Es por ello que el Canal estaría dispuesto a defender sus intereses económicos y patrimoniales incluso hasta llegar al arbitraje de inversiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Igualmente, la consejera de Medio Ambiente ha expresado que «protegeremos sus inversiones, sus intereses económicos y patrimoniales y acudiremos a las instancias judiciales necesarias». Además, ha valorado que actualmente en la cuestión colombiana cuentan con el apoyo del Gobierno de España a través del Ministerio de Exteriores y del de Industria, Comercio y Turismo.
Canal de Isabel II va a pelear la pérdida de estos dos contratos en Latinoamérica
ARBITRAJE EN REPÚBLICA DOMINICANA
Por otro lado, otra de las filiales que tiene Inassa en este país, AAA Dominicana, también entrará en proceso de arbitraje. El Canal de Isabel II iniciará el procedimiento ante la Cámara de Comercio de Santo Domingo, debido a que el Gobierno de la República Dominicana rompió un contrato firmado hace 21 años con la compañía madrileña. AAA Dominicana perderá un 87% de sus ingresos, por lo que el arbitraje busca recuperar «todos los conceptos adeudados hasta la cancelación del servicio» y percibir de Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) «una indemnización por los importes ya conciliados y acordados por las partes».
La semana pasada, la Comunidad de Madrid dio la autorización para presentar la demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Santo Domingo contra la CAASD. La demanda va relacionada contra el contrato firmado en 2001 por 23 millones de dólares. En abril de 2021 se anunció la rescisión de este contrato por parte del director de CAASD porque «la ejecución del mismo por parte de la empresa AAA Dominicana S.A. ha sido deficiente en todas sus partes».
El director de CAASD explicaba, en un comunicado publicado en la página web de la corporación, que «el contrato con la empresa AAA Dominicana S.A. constituye un obstáculo para el cobro eficiente del agua debido a que no cumple con el objetivo para el cual fue pactado». Igualmente, consideraba «lesivo pagar un honorario fijo a AAA por encima del monto que se recolecta».
También destacan «irregularidades» en las últimas renovaciones por no respetar la libre competencia en la contratación pública, ocasionando «perjuicio al interés general». Fuentes del Canal han indicado que «el vencimiento está previsto contractualmente para el 28 de febrero de 2022», y que cuentan con «autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid» para someter a arbitraje la controversia suscitada con CAASD «en caso de fuera necesario en el marco del cierre del contrato» suscrito en 2001.
