Las campañas electorales las carga el diablo con grandes dosis de demagogia. Es parte del debate político. Así, todas las promesas que estos días circulan por Castilla y León, con elecciones el 13 de febrero, tienen un importante aroma buenista. Un ejemplo es la banda ancha ficha con velocidades de 100 Mb/s para 2025. En el fondo se trata de algo positivo, en la forma puede resultar un grave problema económico tardar tanto tiempo en alcanzar esa capacidad tecnológica.
En el primer gran debate electoral televisado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que todos sus ciudadanos tendrán velocidades de 30 Mb/s para 2023; y que para 2025 habrá cobertura del 100% con 100 Mb/s. Esta afirmación viene cargada de contradicciones, medias verdades y, lo más importante, la insuficiencia de rapidez a la hora de conseguir las metas.
En primer lugar, porque los despliegues de redes, por mayor voluntad que ponga Mañueco, lo ejecutan los operadores de telefonía. Es cierto que los entes públicos ofrecen ayudas al despliegue, generalmente junto a fondos europeos, pero al final son las compañías privadas las que llevan la fibra a cada hogar, la comercializan, y cuando hay problemas, son ellas las que tienen que responder.
Por otra parte, las expectativas parecen bastante altas. Con datos de 2020, último informe público del Ministerio de Economía sobre este aspecto, en Castilla y León la velocidad de 30 Mb/s llegaba al 93% de la población; mientras que 100 Mb/s solo llegaban al 74%. Y de este dato, tan solo 158 municipios de los 2.248 que tiene la comunidad autónoma contaban con un rango de cobertura del 100%. Es decir, que toda la localidad cuente con la misma velocidad.
Es más importante la velocidad en poner 100 megas, que los 100 Mb/s en sí
En este sentido, fuentes del sector aseguran a MERCA2 que lo importante no es el número de municipios, sino la relación de éstos con el número de habitantes. Es cierto que la correlación aumenta, y un 87% de hogares cuenta con el 100% de cobertura a máxima velocidad. Pero aquí llega otro problema: los políticos, da igual el color, prometen algo que no podrán cumplir, puesto que hay municipios que por sus características nunca podrán tener una solución fija de 100 Mb/s.
Pero al margen de los datos, las promesas o la realidad en sí misma, hay otro factor que, atendiendo a las cifras que otorgan algunos expertos del sector, son el verdadero problema. Y es que la diferencia entre tener 30 Mb/s y 100 Mb/s puede determinar la capacidad económica de un municipio en su conjunto.
MÁS MEGAS, POR FAVOR
El actual consejero delegado de Lyntia, José Antonio López, que pasa por ser uno de los directivos más reputados en nuestro país en el sector telecos tras su paso por Ericsson España como máximo responsable, acaba de publicar su tesis doctoral ‘El impacto de la agenda digital en la España Rural’. Las conclusiones, tras el exhaustivo trabajo llevado a cabo, determinan el importante impacto económico que se produce en una región dependiendo de la velocidad de internet.
Según muestra el CEO de Lyntia en su tesis, y tras analizar cuál ha sido el efecto de las medidas aprobadas por Europa y desplegadas entre 2014 y 2020 en las poblaciones españolas de menos de 2.000 habitantes -rasgo característico de Castilla y León-; una de las principales conclusiones del estudio es que la conectividad a velocidad de 30Mb/s es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los usuarios, siendo precisamente los más afectados las poblaciones residentes en esa parte de la geografía.
Sin embargo, las poblaciones que cuentan con conectividades a velocidad de 100 Mb/s consiguen elevar su renta media un 1,4% en comparación con las que no la disfrutan, así como las afiliaciones a la Seguridad Social en un 3,1%, y una reducción de la tasa de paro en un 0,7%. Asimismo, se ha conseguido revertir la despoblación de la España rural con un incremento del 1,9% de la población respecto a las que cuentan con una conectividad de menos velocidad.
Estos resultados no se consiguen, según se desarrolla en la tesis, en poblaciones con una conectividad de 30 Mb/s. Explica José Antonio López que «la conectividad a 100 Mb/s cambia la realidad de esas poblaciones, consigue relanzar económicamente las mismas como buscaba Europa, revierte en muchos de ellos el éxodo poblacional y por tanto debería ser una prioridad, siguiendo los planes de Europa, llegar a todas ellas. Desde el punto de vista socioeconómico, el objetivo fijado por la ADpE de dar cobertura universal a 30 Mb/s no han sido suficientes. Para haber conseguido los objetivos de transformación digital social y evitar la brecha digital hubiera sido preciso alcanzar los 100 Mb/s para toda la ciudadanía».
Asimismo, como señala el ex CEO de Ericsson España, «con los 100 Mb/s, por fin llegó el vídeo a los entornos rurales». Porque con los 100 Mb/s, los parámetros de negocio de los operadores mejoran notablemente, de forma muy destacada en los hogares que contratan servicios de televisión y contenidos, pero también en cuanto número de clientes totales y de banda ancha fija, y se consiguen incrementos notables de ARPU (ingreso que se logra por cada usuario).
Es decir, que pese a la feliz idea de creer que tener 100 megas en 2025 es lo mejor que puede pasar a los ciudadanos castellanos y leonenses, la realidad es que deberían poder disfrutarlos ya para que todos esos parámetros económicos tomen curvas de crecimiento. Pero las elecciones son ahora, los problemas del año que viene no importan.
