Pedro Sánchez dijo en su discurso en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy que, hasta que se convocasen las elecciones generales, el gobierno que pretendía encabezar pondría en marcha un programa de estabilidad que se resumía en cuatro puntos: 1) La estabilidad institucional y regeneración democrática; 2) La estabilidad macroeconómica y presupuestaria; 3) La estabilidad social, laboral y medioambiental; y 4) la estabilidad territorial como cuarto eje de este programa de estabilidad.
En su discurso de investidura, en enero de 2020, afirmó que: «el proyecto de la Coalición Progresista está indisolublemente unido a la libertad (…) frente a la intrusión arbitraria de las instituciones públicas». Una libertad que, según el presidente del gobierno, suponía «un control estricto de cualquier abuso por parte de los poderes públicos».
Es más, y cito textualmente, afirmó que: «No hay ni habrá ninguna excusa, ninguna justificación, señorías, para ningún comportamiento irregular».
Hoy, varios años después de que Pedro Sánchez empeñase su palabra y su prestigio -y el de España- autoproclamándose el paladín de la ética en política, de la regeneración democrática, de la lucha contra la corrupción hemos visto como desde el Gobierno de España, si, el gobierno que preside Pedro Sánchez se convocaban unas ruedas de prensa teledirgidas -durante los meses más duros de la pandemia- en las que se limitaba el número de preguntas y se filtraban las mismas con antelación.
Hemos visto como el gobierno utilizaba a la Guardia Civil para minimizar las críticas a su gestión en redes sociales y como los responsables de comunicación de PSOE, Unidas Podemos y los partidos socios del Gobierno solicitaban a la presidencia del Congreso que tomase las medidas necesarias contra los medios de comunicación que hacen preguntas incómodas a esos grupos y al gobierno.
Además, hace menos de una semana, vetó a medios no afines a una rueda de prensa sobre los fondos europeos. Por cierto, unos fondos de los que dejo de publicarse información oficial sobre su ejecución en el mes de agosto de 2021.
Así, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incorporaba hasta entonces, en su informe Principales Indicadores de la actividad económica y financiera del Estado se pueden consultar en (este enlace) un párrafo en la última página con el bajo título “Transferencias de la UE vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)”. Párrafo que ha desaparecido de los informes posteriores.
En sus dos únicos años completos, 2019 y 2020, como máximo responsable del Gobierno, Sánchez ignoró al Consejo de Transparencia hasta 105 veces, mientras que Rajoy sólo lo hizo en dos ocasiones en sus tres últimos ejercicios como presidente. Y en sólo tres años, el gobierno de la regeneración y la transparencia, ha hecho que España descendiese cuatro puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción pasando del 30 al 31 y fuese superados por Lituania, Corea del Sur o Catar.
Además Sánchez encadena sus desprecios al Congreso de los diputados como órgano que encarna la soberanía nacional y representa a todos los españoles pues, y este es su último desaire, se pasará dos meses, desde el 22 de diciembre y hasta el próximo 16 de febrero, sin someterse al control de nuestra cámara baja.
¿Qué problema tiene Sánchez con la transparencia? Ya se lo explico yo, nos quiere ocultar su nefasta gestión, la venta de España a nacionalistas y populistas y que su clientelar y ‘digital’ asignación de los fondos de recuperación esta ahuyentando inversiones se han ido a otros países, especialmente a Francia.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
