La guerra del taxi sigue librando batallas. Si alguien creía que el real decreto ley aprobado por el Gobierno era la ofensiva final de la contienda estaba equivocado. Ninguna de las partes está conforme y todos se sienten excluidos de las negociaciones. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos se queda sólo, algo que predijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, “esto será recurrido por todos”.
El taxi se siente traicionado, dolido y en estado de coma. No comprende cómo el ejecutivo, que supuestamente apoya al sector, ha indemnizado a las VCT con una moratoria temporal. No les da dinero sí un periodo necesario para que todo continúe igual, durante un máximo de cuatro años. Tiempo que consideran fundamental para que Uber y Cabify se consoliden como una alternativa real y contundente al taxi tradicional.
Fedetaxi, la asociación gremial mayoritaria, reconoce que este decreto ley “es lo menos malo para el taxi”, y que, aunque no les agrade, no es dañino para el sector. Aseguran así mismo, que se ha hecho con discreción y sin contar con ellos. “Nos lo han contado, pero no nos han dejado opinar”, señalan fuentes cercanas a la dirección.
Reivindican también, una serie de prestaciones para poder modernizar el servicio, como el uso de aplicaciones móviles donde se pueda calcular tiempo y dinero estimado para cada trayecto, o el taxi compartido en recorridos interurbanos, por ejemplo.
Las indemnizaciones son ahora uno de los puntos más calientes. El taxi considera que son ellos los que sufren competencia desleal y no entienden por qué no reciben algún tipo de compensación económica. Por todo esto, están estudiando la posibilidad de denunciar al Ejecutivo ante la Comisión Europea, a través de su oficina en Bruselas, para que se estudie si el plazo de margen para actuar, de cuatro a seis años, puede constituir una ayuda del Estado, opción que no está permitida.
Ninguna de las partes está conforme, nadie ve favorable que se legisle por Decreto ley, sino que todos consideran que lo adecuado hubiera sido un proceso negociador. Unauto, la patronal que agrupa la mayoría de las VTC, ha manifestado que no ha participado en ninguna reunión, y que el ministerio que dirige Ábalos les ha dejado de lado.
LA CNMC SE ALEJA DEL TAXI
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la CNMC también se ha manifestado. Se muestra cercana a las licencias de coche conductor y está elaborando un informe que podría servir como contexto antes de la convalidación del Decreto ley en la Cámara Baja. El documento no sería vinculante, pero si es significativo, ya que proviene del organismo regulador que vela por los intereses de empresas y usuarios, con una máxima de transparencia. Este organismo fue quien recurrió el reglamento impulsado por Ada Colau en Barcelona, y logró la suspensión cautelar del mismo.
El decreto ley del Gobierno contempla que sean las CCAA y ayuntamientos quienes cojan las riendas de la regulación de las VTC. El ejecutivo se excusa en que no es una cesión de competencias, ya que éstas son responsables de la ordenación del transporte de los territorios autonómicos. Además, limita las actuales licencias de VCT a trayectos interurbanos, es decir carreras fuera de las ciudades, pero en la horquilla de tiempo de al menos cuatro años, como “indemnización” a los perjudicados.
Por todo esto, Fedetaxi asegura que el problema se va a multiplicar por 17, ya que cualquier gestión va a ser mucho más compleja. No se muestran contrarios a la capacidad regulatoria de los consistorios en cuanto a jornadas, horario, libranzas, etc, pero matizan que no se ha actuado respecto al número de las VTC, una de las principales reclamaciones de algunas asociaciones de taxis, que piden que se establezca la ratio de un VTC cada 30 taxis, algo casi imposible ya que en ciudades como Madrid están en torno a un VTC cada tres taxis.
Unauto está en contacto con las comunidades autónomas y con los grupos de la cámara para intentar hacer presión al Ejecutivo. Están estudiando la posible inconstitucionalidad del decreto ley, ya que no lo ven “tan blindado”, como señaló Ábalos, por parte de los abogados del Estado. Su baza es tratar de convencer a los grupos con minoría parlamentaria para que sumen sus votos a la negativa de la ley, sobre todo PdCat y PNV, conscientes de la geometría variable que practican con asiduidad en el Congreso.
Además, la asociación mayoritaria de las VCT, apunta que las CCAA serán las responsables de las posibles indemnizaciones si produce la expropiación de licencias. Indemnizaciones que calcularon en torno a los 3500 millones de euros. Algo que el Ejecutivo rechaza ya que asegura que no van a existir, sino que lo que ha determinado es un cambio en las condiciones.
“Se está uberizando el taxi en lugar de taxificando Uber”, dicen miembros de Fedetaxi. Y eso es en sí mismo, una declaración de intenciones.
