España remite este miércoles a la Comisión Europea el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023, dotado con 47.724 millones hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores.
En concreto, el plan de aplicación de la PAC en España, que debe estar entregado antes del 1 de enero de 2022, supone un «potente» instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector.
De esta forma, según ha explicado ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, España contará con una PAC «más justa, más social y más sostenible» para potenciar un sector agroalimentario estratégico que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores.
El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan «cambios, profundos, pero graduales», que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos «más justos y eficientes».
Planas ha señalado que la entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con los servicios de la Comisión Europea.
En total, en la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones, se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas y se han llevado a cabo cinco Conferencias sectoriales en el último año y medio y numerosas reuniones bilaterales.
Ello nos ha permitido un consenso entorno al documento que mañana remite el Gobierno a Bruselas. Creo que es un elemento a subrayar, tenemos un país muy diverso y hemos conseguido articular un Plan Estratégico nacional del conjunto de España», ha subrayado.
Una versión inicial del Plan Estratégico está disponible desde el día 30 de noviembre en la web del ministerio para consulta de todos los interesados, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.
Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico.
Planas prevé que la Comisión Europea lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
Según ha explicado el titular de Agricultura, a los 47.724 millones previstos hasta 2027 se suma la cofinanciación, con lo que la dotación se eleva a más de 50.000 millones para el periodo.
En concreto, el plan supone en materia de ayudas directas más de 4.800 millones de euros anuales, 700 millones en medidas de mercado, incluyendo los programas sectoriales, y 1.700 millones en medidas de desarrollo rural.
«Creo que está muy bien dotado el mundo rural para afrontar los grandes retos que tenemos ante nosotros, con una mejor distribución de los fondos, más equilibrada y más justa», ha resaltado.
PLAN ESTRATÉGICO, CLAVE PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL SECTOR AGRARIO
El Plan Estratégico es un instrumento «determinante» para garantizar la viabilidad de los sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural.
Para ello, contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de sus explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones, el uso de tecnología y la digitalización, entre otros aspectos.
La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance.
Entre ellas, la limitación («capping») y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros.
No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta.
También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.
Además, el Plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional.
Por primera vez, se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en el sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.
«Se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas y de la propia hoja de ruta establecida en el ‘Pacto Verde Europeo'», subraya el Ministerio.
La propuesta que se va a presentar a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.
LEY DE GESTIÓN DE LA PAC
El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva PAC en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.
La nueva orientación de la PAC con el diseño de los planes estratégicos nacionales hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas incluidas en el mismo.
Este anteproyecto de ley tiene como objetivo poner en marcha un sistema eficaz de gestión y control y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, garantizando el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
