Los laboristas en España han dicho «basta» ante la «inseguridad jurídica» creada por los ministros de Trabajo y de la Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, respectivamente.
Así lo ha denunciado Rubén Molina en una conversación con MERCA2. Este graduado social ha sido el primero en dar el golpe encima de la mesa con una queja formal y registrada ante el Defensor del Pueblo con el fin de solucionar la situación actual. Antes, los colegios y despachos habían realizado escritos ante los Ministerios, pero no han recibido respuesta. Pero para Molina no era suficiente.
Hemos tenido que volver a trabajar como esclavos para sacar adelante esta situación
Los sucesivos cambios realizados por ambos ministros han provocado un hartazgo general en este sector, cuyos profesionales están teniendo «ansiedad» y graves problemas físicos, tanto de espalda como de cuello debido a las jornadas maratonianas. No son pocos los que sopesan cerrar el despacho ya que no sale rentable ni profesional ni personal ni económicamente.
Y es que, tanto Díaz como Escrivá han aprobado multitud de cambios en procedimientos administrativos, jurídicos o modificaciones normativas. Han publicado decretos a última hora, algunos a las 23.00 horas para entrar en vigor al día siguiente; y han otorgado nuevas responsabilidades y procedimientos en materia de Empleo y Seguridad Social. Todo para generar una «inseguridad jurídica palmaria en detrimento de los intereses de nuestros representados, tales como trabajadores, empresarios y autónomos«.
EL «GRADUADO CARACOL» ENCIENDE LA MECHA CONTRA DÍAZ
La paciencia de este graduado social valenciano se agotó el pasado domingo, 19 de diciembre. Fue en su casa cuando comenzó a redactar la queja por «la ineficacia de la administración para arreglar los problemas«. No son pocos: los ERTEs, cambios normativos y demás decretos aprobados durante la pandemia.
Su queja se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido un fuerte respaldo, con más de 4.000 firmas en apenas cuatro días. «A unas 1.000 diarias«, ha indicado el «graduado caracol», como se autodefine. Eso sí, espera que el ritmo aminore durante estas fechas.
La gota que colmó el vaso fue la orden de modificar las cotizaciones sociales con carácter retroactivo por el redondeo del salario mínimo interprofesional. Escrivá aprobó su entrada en vigor el pasado 4 de diciembre y obligaba a las gestoras a modificar no sólo las nóminas de diciembre, sino también las de septiembre, octubre y noviembre. Sin posibilidad de negarse, estos profesionales deben confeccionar ahora las cotizaciones de diciembre y modificar las de todos los trabajadores de los últimos cuatro meses. Una tarea ardua, pesada y lenta. Y todo, a las puertas de Navidad.
LA QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA DE DÍAZ Y ESCRIVÁ
Molina ha denunciado las penosas condiciones en las que se encuentran debido a la «insensibilidad» de la Administración. La enorme batería de medidas aprobadas desde hace casi dos años les ha obligado estar pendientes del BOE casi a diario. Los cambios producidos que condicionan su labor desde el pasado 14 de marzo de 2020, cuando se estableció el estado de alarma, declarado después inconstitucional.
Escrivá obligó a revisar todas las cotizaciones sociales desde el pasado 1 de septiembre. El Gobierno aprobó un redondeo del salario mínimo interprofesional, de los 1.324,84 euros a los 1.324,9.
Este cambio exige a los trabajadores laborales a revisar todas las cotizaciones de todos los empleados que perciban este sueldo. Así, Molina ha implorado una investigación e instrucción legal del procedimiento al Defensor del Pueblo con «el fin de formular la preceptiva resolución administrativa«. El organismo registró dicha queja el mismo día del Sorteo de Navidad, según ha corroborado este medio.
DÍAZ NO LES HA DEJADO NI UN DÍA DE DESCANSO CON JORNADAS DE 16 HORAS
«Hemos trabajado 16 horas diarias de lunes a domingo» durante la pandemia, ha lamentado Molina. «No hemos disfrutado ni de fines de semana ni de la conciliación con nuestra familia«, ha recriminado a Díaz. Todo porque la administración «cerró las puertas». Ante esta situación, el Ministerio les delegó obligatoriamente todos los trámites administrativos. «Nos dejó la gestión de la solución a los problemas laborales de empresas y autónomos», ha indicado.
«Los trabajadores no han tenido que acudir a una oficina del paro para cobrar los ERTE«, ha zanjado. Este trámite se solventó con una autorización firmada por el trabajador para que la empresa dejara en manos de los asesores laborales toda la gestión.
A los gestores de los autónomos tampoco les ha faltado trabajo. Han tenido que tramitar todo tipo de papeles, como ceses de actividad o solicitudes de ayudas, entre otros. «Al estar las administraciones cerradas, si el trabajador o autónomo tenía un problema tenía que acudir al gestor o asesor«, ha apostillado.
Daba igual la hora y el día de la semana. El salario de estas personas estaba en juego si no se entregaba en tiempo y forma. Aún así, el SEPE ha tenido numerosos problemas que ha dejado en la estacada a más de un empleado, sobre todo a quienes tienen descendencia. El más crítico fue el hackeo sufrido, que debería haber puesto en alerta a todo el mundo debido a la sensibilidad de los datos.
DÍAZ, ¿POR QUÉ NO ABRE EL SEPE?
Además, han tenido que solucionar todas las improvisaciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo durante la pandemia. Una normativa que ha cambiado incluso de un día a otro, teniendo unos efectos muy importantes a la hora de poder tramitar correctamente los ERTEs. «La administración no estaba preparada para todo esto», ha asegurado.
«Nos han dado nuevas responsabilidades y funciones que nos han cargado a todos los laboralistas de trabajo«, ha destacado. Pero el «colmo de los colmos» ha sido la última medida adoptada por Díaz. El pasado 29 de septiembre entró en vigor la subida del salario mínimo con efectos a 1 de septiembre.
Este cambio, que ha supuesto un incremento del salario mínimo a 1.324,84 euros brutos a los trabajadores asalariados, obligó a rehacer todas las nóminas. De tal forma, que han obligado a redondear el salario mínimo a 1.324,9 euros. Este cambio, de apenas cinco céntimos, ha obligado a cambiar por completo no sólo las nóminas de diciembre, que estarían a punto de realizarse, sino también las de septiembre, octubre y noviembre. Todo a las puertas de Navidad y en fechas muy señaladas en el calendario.
TRABAJO LES CARGAN DE RESPONSABILIDADES
«Hemos tenido que volver a trabajar como esclavos para sacar adelante esta situación», ha lamentado. De hecho, la idea de arrojar la toalla pasa sobre las cabezas de este grupo. «No compensa ni profesional ni económicamente», se ha quejado. «A la Administración le da igual ocho que 88», ha enfatizado. «Nos vemos apartados y nos miran como si fuéramos el último mono«, ha proseguido Molina. «Hemos ido desbordados y hemos dicho basta», ha resumido.
Nos vemos apartados y nos miran como si fuéramos el último mono
Dar de alta a trabajadores también se realiza en fin de semana, no sólo para eventos, sino también para la hostelería. «La administración no se pone en nuestra piel«, ha considerado.
Según apunta Molina, la Constitución le ampara en esta queja cuando se exige que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Y es que así reza el artículo 13 de la Carta Magna.
PERSONAL ESENCIAL E IMPRESCINDIBLE, PERO EXHAUSTO
En la misma queja, Molina destaca la labor «esencial» e «imprescindible» de este colectivo para hacer frente a esta «maldita» pandemia, con el sacrificio de horas y horas de su salud y su familia para atender a trabajadores, empresas y autónomos, y «que sin nuestro trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificio no hubieran podido salir adelante los miles de expedientes reguladores de empleo, las prestaciones por desempleo, transmisión de seguros sociales, tramitación de ayudas y subvenciones tanto a nivel estatal, autonómico, provincial o local«.
Así, ha relatado que se han encontrado con «una administración pública totalmente insensible y sin empatía alguna a nuestra situación profesional«, donde lejos de facilitar la labor a los profesionales del sector, «ha puesto de manifiesto su falta de voluntad para proceder a proporcionar facilidades a los procedimientos y regulaciones administrativas y jurídicas que afectan directamente a las relaciones laborales».
