Hasta hace unas semanas Ángel Pérez-Maura era un perfecto desconocido para la opinión pública española. Su noble apellido de rancio abolengo es uno de los que han marcado la Historia de nuestro país, pero este naviero de origen cántabro se había mantenido en el ostracismo mediático a pesar de haber protagonizado uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en Guatemala, cuya Fiscalía le acusó de haber sobornado nada más y nada menos que al presidente del Gobierno para que adjudicara a su compañía la construcción y posterior gestión de un importante puerto en la Costa del Pacífico.
El envidiable trabajo realizado por sus abogados y asesores de comunicación le permitió pasar de puntillas por este escándalo en España. Y todo ello a pesar de que las autoridades guatelmatecas lograron que Interpol emitiera una orden de busca y captura contra el empresario español. Su máximo hombre de confianza, Juan José Suárez Meseguer, también de origen ibérico, no tuvo tanta suerte y se encuentra en la cárcel, acusado de haber entregado 24,4 millones de dólares al asistente de Roxana Baldetti cuando esta era vicepresidenta del Ejecutivo que presidía Otto Pérez Molina a cambio de la citada adjudicación.
Todo esto sale a la luz ahora debido a la investigación que ha puesto en marcha la Audiencia Nacional española para determinar si el ex comisario José Manuel Villlarejo –exponente máximo de las cloacas del Estado– fue contratado por Ángel Pérez–Maura para que evitara su extraditación a Guatemala gracias a los contactos que este policía reconvertido a detective privado tiene en la magistratura.
Tal como ha desvelado Moncloa.com entre sus amistades destacan dos nombres: el del ex juez Baltasar Garzón y el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que antes de aceptar el encargo de Sánchez era Fiscal de la Audiencia Nacional. Los audios publicados por el citado diario ya están a disposición de Anticorrupción por si pudieran ser constitutivos de delito.
Anticorrupción tiene indicios de que el naviero español pagó 7,4 millones a Villarejo para que lograra enterrar el caso
Además, según ha desvelado el diario El Confidencial, Anticorrupción tiene indicios de que el naviero español pagó 7,4 millones de euros a Villarejo para que lograra enterrar el caso y permitirle irse de rositas. No piensen que el naviero se puso nervioso cuando se dicto la orden de busca y captura: se presentó tranquilamente en la Audiencia Nacional para ofrecer su colaboración y explicar que seguiría trabajando con normalidad hasta que la Justicia determinara lo contrario.
A tenor del resultado, la jugada le ha salido redonda, ya que fuentes jurídicas cercanas a los Pérez–Maura han confirmado a Merca2 que en la actualidad “no hay ningún cargo” contra el empresario español y que, tras rechazar dos veces la Audiencia Nacional su extradición, se ha dado carpetazo al asunto. Por lo tanto, el naviero puede seguir siendo presidente de Pérez y Cía, un gigante con presencia en España y Latinoamérica y que es propiedad del clan de los Pérez–Maura desde su fundación en 1853.
LOS ORÍGENES DE ÁNGEL PÉREZ-MAURA
Esta familia, con un patrimonio que supera los 300 millones de euros, ha sabido mantenerse en un segundo plano a ojos de la sociedad, a pesar de que en sus orígenes la exposición mediática era prácticamente uno de sus principales modos de vida.
El nacimiento del clan se remonta al siglo XIX, cuando un joven Antonio Maura, político español que luego llegó a ser presidente del Gobierno, se casó con Constancia Gamazo. Uno de los hijos del matrimonio fue Gabriel Maura, que consiguió que el rey Alfonso XIII le otorgara un ducado a medida en reconocimiento a la labor de su progenitor. A su vez, Gabriel tomó en matrimonio a Julia de Herrera, Condesa de la Mortera, cuya familia se forró en Cuba aprovechando sus envidiables contactos con el poder político en España.
El duque y la condesa tuvieron una hija, Gabriela Maura de Herrera, que es la abuela del actual presidente de Pérez y Cía. Tras casarse con Ramiro Pérez de Herrera, dio origen a la saga Pérez–Maura que hoy es dueña de la compañía naviera. El padre de Ángel fue el que impulsó el negocio familiar y el que emparentó a la familia con el clan de los Botín, al casarse con Elena García Botín, prima de Emilio Botín, el histórico presidente del Banco Santander.
Elena García Botín fue durante muchos años diputada del PP por Cantabria (antes por Alianza Popular) y presidenta de la naviera familiar, cargos que abandonó en 2014 prácticamente al mismo tiempo. En el caso de su huida del partido popular, la salida se produjo por sus diferencias con la postura permisiva de Mariano Rajoy respecto al aborto.
El entonces presidente de la formación política renunció a los valores cristianos y compró el discurso socialdemócrata que establece que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que está por encima de la vida del no nacido. Y por ahí sí que no pasó Dona Elena, que llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de salir del PP siguiendo los pasos de otros políticos que se marcharon sintiéndose traicionados por el nuevo rumbo adoptado por el rajoyismo–sorayismo tras los atentados del 11–M de 2004.
Y es que la familia Pérez–Maura siempre ha tenido fuertes convicciones religiosas, tal como demuestra una anécdota contada por uno de los hermanos de Ángel, que además es el más famoso de todo el clan porque es habitual de tertulias televisivas y adjunto al director de ABC, periódico en el que ha desarrollado toda su carrera profesional. En 2014, el periodista escribió un artículo para mostrar su indignación porque la Guardia Civil hubiera saboteado una cacería en Talavera de la Reina en la que estaba el Marqués de Griñón.
El texto del famoso periodista concluía criticando a los agentes y llamándoles talibanes por no haberse quitado sus gorras cuando los asistentes a la cacería se pusieron a rezar a la Virgen de la Cabeza terminando con unos vivas al Rey de España, algo que por lo visto es habitual en este tipo de eventos y que pudo servir de inspiración a Berlanga para su Escopeta Nacional, película que los más jóvenes desconocerán pero que recomiendo encarecidamente para hacerse una idea de cómo era (y es) la rancia clase empresarial y política proveniente del tardofranquismo.
El actual presidente de Pérez y Cía no es el único miembro de la familia que ha tenido problemas con la Justicia
La dinastía heredera del ducado de Maura siempre ha mostrado una gran afición por la caza, actividad que realiza en los múltiples cotos privados que tiene en Cantabria y “deporte” que comparten con otro gran amigo de la familia: el Rey Emérito Juan Carlos I, con quien el padre de Ángel Pérez–Maura competía en regatas cuando ambos eran jóvenes. La relación con la Casa Real siempre ha sido estrecha como corresponde a toda saga aristocrática que se precie.
El actual presidente de Pérez y Cía no es el único miembro de la familia que ha tenido problemas con la Justicia. Tal como desvelaron varios medios de comunicación en el caso de Los Papeles de la Castellana, uno de sus tíos, Borja Pérez–Maura, legalizó un patrimonio de ocho millones de euros en la amnistía fiscal que promovió el PP, un dinero que estaba a buen recaudo en Suiza.
Los asesores fiscales del clan explicaron a la Agencia Tributaria que el 90% de estos fondos procedían de la herencia de su padre. El amnistiado por Cristóbal Montoro había sido vicepresidente de la naviera y, fíjese usted por donde, su hermano Ramiro y también tío de nuestro protagonista fue embajador de España en un puñado de países que, casualmente, son casi todos ellos considerados paraísos fiscales. Antes de ser diplomático ocupó un cargo de Senador por UCD en 1977.
Observando las conexiones políticas y financieras de los Pérez–Maura se comprende un poco mejor la dificultad que ha tenido el Gobierno de Guatemala para conseguir la extradición del naviero español que preside la compañía que representa la herencia del imperio familiar. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y los abogados del presidente de Pérez y Cía, insisten en que no ha habido ninguna irregularidad y que el caso de los presuntos sobornos está cerrado, aunque en el país latinoamericano el proceso judicial continúa para los detenidos.
Con independencia de que haya podido contratar los servicios del ex comisario Villarejo, la verdadera jugada maestra de Ángel Pérez–Maura fue acordar la venta al grupo holandés APM de la participación mayoritaria que tenía Pérez y Cía en el Grupo Marítimo TCB justo antes de que saltara el escándalo por el cobro de comisiones. Resulta que TCB era la matriz a través de la cual la compañía española logró la concesión presuntamente irregular de la gestión del puerto de Quetzal. Cuando las autoridades guatelmatecas descubrieron el pastel Pérez y Cía se había desligado completamente del cuerpo del delito. Muerto el perro se acabó la rabia.
