En 2010 Agbar contuvo la respiración porque un juez dictaminó que prestaba el servicio de suministro de agua de forma ilegítima porque operaba sin contrato de concesión. Lejos de caerse su negocio, el Ayuntamiento de Barcelona creó una empresa mixta para alegría de la multinacional, que se quedaba el 85% del accionariado.
La Ciudad Condal apuntalaba el negocio de Agbar, que desde 1870 hasta nuestros tiempos (con excepción del periodo republicano) había cobrado facturas ilegales. Tiempo después se conoció que la filial de la francesa Suez era la principal financiadora de Convergència, situación que no provocó ningún terremoto en la opinión pública pese a que los ciudadanos de Barcelona habían visto como su factura del agua se disparaba entre 2009 a 2015 más de un 65%.
REMUNICIPALIZACIÓN, PELIGRO PARA AGBAR
París, Buenos Aires, Atlanta, Indianápolis, Berlín y Budapest han decidido remunicipalizar su servicio de suministro de agua y Ada Colau tomó nota: intentó promover una consulta ciudadana para evitar que las manos privadas hiciesen caja con los recursos públicos, pero los herederos de Convergència y la CUP negaron a los barceloneses este «derecho a decidir».
Agbar por su parte no se ha achicado y lo ha dejado claro: exige una milimillonaria inmemnización si se remunicipaliza el servicio, ha realizado un guiño a las huestes de Puigdemont con su decisión de regresar fiscalmente a Catalunya y cuenta con la complicidad de Manuel Valls, aspirante a la alcaldía por una candidatura promovida por Ciudadanos.
El ex primer ministro francés realizó varios guiños a Suez, matriz de Agbar, durante su mandato y este hecho escuece a Barcelona en Comú, que advierte como una pinza antinatura puede consolidar el poderío de la multinacional, posible disfrutona de una pinza entre esteladas y rojigualdas. Banderas versus ética. ¿Les suena?
ÁNGEL SIMÓN LIDERA AGBAR
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) lo tiene claro: apenas un tercio de la población española era abastecida por sociedades privadas hace dos décadas y en la actualidad este porcentaje supera el 50%.
El origen de este disparate lo resumió Ecologistas en Acción: «La privatización de los servicios de abastecimiento urbano se impulsó desde la década de los ochenta en los países del Sur. Los argumentos para esta medida, que se calificaba como técnica, se basaban en la eficiencia, transparencia, la inversión y transferencia de tecnología que aportaban las empresas de capital privado frente a la supuesta inoperancia del sector público.
Y rematan: «El resultado, después de más de 30 años de experiencia, es que las ventajas de la gestión privada han sido inexistentes, el mismo Banco Mundial lo reconoció en el Foro Mundial del Agua de México en 2006, pero las sigue promoviendo». Ángel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, compañía que en algunos foros públicos se atreve a dar clases de ética sobre los negocios. Ver para creer.
LAS CLAVES DE AGBAR
Agbar junto a FCC controla más del 90% de la gestión privada del agua. Este duopolio se ha aprovechado de la debilidad económica de centenares de Ayuntamientos, que reciben con alegría un canon millonario a cambio de ceder un recurso público. Es decir, cuando no pueden vender suelo comienzan a desprenderse de lo que tienen a mano.
El duopolio se ha aprovechado de la debilidad de centenares de Ayuntamientos, que reciben con alegría un canon millonario a cambio de ceder un recurso público.
El error de los contratos es que no obligan a las empresas privadas a reinvertir los beneficios en el propio ciclo hidráulico, pero a cambio los alcaldes de turno se quitan de encima la labor de contratar a personal o mantener instalaciones mientras reducen sus deudas. Agbar y FCC se frotan las manos porque se encargan de un servicio de alta viabilidad que cuenta con una alta garantía de cobro. Por lo cual todos ganan…menos los ciudadanos.
