Los partidos políticos cuentan con 49 fundaciones bajo sus alas. Siendo más concretos, hay que hablar de 42 fundaciones, cuatro asociaciones y tres sociedades mercantiles. A la cabeza está el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con nueve; le sigue IU, con ocho; y Ciudadanos, Aralar, Partido Comunista y Partido Nacionalista Vasco (PNV) con tres, respectivamente.
¿Qué tienen en común todas ellas? Que son compartimentos estancos en los que brilla el hermetismo. “Las fundaciones políticas y entidades vinculadas son simples estructuras jurídicas sin actividad alguna ni mecanismos de control, constituidas con el solo propósito de obtener subvenciones de las administraciones públicas afines y sin ninguna base social”, señala Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia.
Según el estudio de la citada fundación titulado Transparencia, el mejor eslogan 2017, sólo cuatro fundaciones afines a partidos políticos se pueden colgar la medalla de la nitidez: Sabino Arana (PNV), Alkartasuna (EA), Josep Irla (ER) y Rafael Campalans (PSOE). De los quince indicadores de transparencia, cumplen como mínimo con doce.
De las nueve organizaciones satélites que tiene el PSOE, siete se pueden colgar la medalla de opacas
Otras cinco son translúcidas, al cumplir por lo menos con la mitad de los parámetros analizados: Nous Horitzons (ICV), Popular Estudios Vascos (PP), L’Alternativa (EUA), Investigaciones Marxistas (IU-PC), y Tomás Meabe (PSOE). Y cuarenta son opacas, al estar por debajo de la mitad de los requisitos requeridos.
De esas cuarenta, el partido de Pedro Sánchez cuenta con siete fundaciones. De ellas, cuatro no cumplen con ninguno de los requisitos: Societat i Progrés Comunidad Valenciana, Redes de futuro para la Región de Murcia, Matilde de la Torre, y Alfonso Perales.
EL PSOE NO ESTÁ SOLO
Dos fundaciones del PNV, las tres de Ciudadanos, una de las dos de Podemos, y una de las dos del PP también suspenden con un rotundo cero en cuanto a transparencia al no cumplir con ninguno de los parámetros.
Según la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, sobre financiación de los partidos políticos, “las fundaciones vendrán obligadas a hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos”. Como puede apreciarse, la ley cae mayoritariamente en saco roto.
Si echamos un vistazo al último informe del Tribunal de Cuentas (TC), las subvenciones percibidas por las fundaciones vinculadas o dependientes de partidos políticos ascendió a 3,8 millones de euros, en 2014, y a 3,4 millones, en 2015.
En la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas instituciones y legales, celebrada el pasado año, Ramón Álvarez de Miranda, por aquel entonces presidente del citado tribunal, dijo que “sería recomendable aplicar a las fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones”.
Las donaciones privadas a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de partidos políticos fueron de 5,3 millones de euros, en 2014, y 4,9 millones de euros en 2015, según la información remitida al TC. Aunque éste revela que, ni son todas las que son, ni están todas las que están, ya que, por ejemplo, hay donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas a tal efecto.
“En la mayoría de los casos no se trata de entidades de nueva creación sino de organizaciones que ya existían y sobre las que el Tribunal de Cuentas no tenía conocimiento por no haber sido previamente informado de su existencia por los partidos políticos”, recalca Martín Cavana. Y añade: “Esta circunstancia resulta especialmente grave actualmente por cuanto, una vez superada la crisis económica y debido al control más laxo que existe sobre estas organizaciones, existe un grave riesgo de que las entidades vinculadas se utilicen como una vía para financiar ilegalmente a los partidos”.
De ahí que el ya ex presidente del TC, en su citada comparecencia, subrayase que “sería recomendable aplicar a las fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones”. Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida para cumplir esa recomendación. PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y compañía tienen trabajo por delante.
