Parece que no hay marcha atrás. La subida del impuesto al diésel es casi un hecho. Sin embargo, no paran de salir organismos en defensa de este combustible. El último, la Organización de Consumidores y Usuarios. Además, la OCU se ha atrevido a ir más allá y ha pedido una equiparación de la fiscalidad de la gasolina y del gasóleo, pero a la baja. Una nueva vuelta de turca que podría ser, quizá, la solución al conflicto.
Tal como todas las asociaciones del sector automovilístico aseguran, la contaminación no es debida a los coches diésel, sino a los automóviles más antiguos. Sean del combustible que sean. “Los vehículos diésel tradicionalmente emitían muchas más partículas que los de gasolina. Sin embargo, la generalización de los filtros de partículas en los diésel y los nuevos motores de gasolina de baja cilindrada han hecho que actualmente estén prácticamente igualados”, ha señalado la OCU.
De esta manera, parece evidente que no es nada raro que se quiera igualar la imposición de ambos combustibles. La duda está en las formas. Si hace años, cuando los vehículos contaminaban mucho más, se establecieron los impuestos actuales, ¿qué motivo hay hoy en día para subir las tasas si los automóviles contaminan menos?
La subida del impuesto al diésel provocaría, según la organización de consumidores, una bajada en las matriculaciones de este tipo de vehículos, lo que haría envejecer todavía más el parque móvil. Esto supondría un aumento de las emisiones de CO2 en los próximos años. Un resultado contrario a lo que pretende evitar la propuesta actual.
Por todo esto, la OCU se ha mostrado contraria a la persecución que desde el Gobierno y algunos ayuntamientos se está llevando a cabo contra los motores diésel. En su lugar, debería tratarse de eliminar de circulación a los coches más contaminantes, independientemente del combustible que utilicen.
Entre los contras que tendría el nuevo impuesto estaría que afectaría a los conductores que cuentan con menos recursos. El ataque al diésel haría que las personas que no están en disposición de comprarse un nuevo automóvil tengan que pagar más por poder conducir su antiguo coche.
Por todo ello, la OCU ha explicado que, si al final se decide por subir la imposición al combustible, la recaudación extra debería utilizarse para subvencionar la compra de nuevos coches más ecológicos y el envío a chatarra de los más antiguos, “que son los que verdaderamente contaminan más”.
EL PP TAMBIÉN APUESTA POR EL DIÉSEL
Por su parte, el Partido Popular (PP) también ha querido mostrar su rechazo a las propuestas del Gobierno. No obstante, ha asegurado que un vehículo de más de 10 años contamina como seis vehículos actuales, “por lo que la política para reducir emisiones pasa por la renovación del parque automovilístico”.
En una reunión con el presidente de la la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, el presidente del PP, Pablo Casado, ha hecho hincapié en que el 42% de los vehículos fabricados en España son diésel, y cerca de 40.000 trabajadores se mantienen gracias a esa producción.
Asimismo, De los Mozos ha señalado que es el momento de hacer reformas para garantizar el futuro de la industria del automóvil en España, que permitan la adjudicación de modelos y tecnologías relevantes que ratifquen la posición del país como uno de los principales productores mundiales. La industria de la automoción es un activo clave de la economía española y como tal, hay que protegerlo», apostilló.
Entre las propuestas que ha señalado el partido se encuentran la reforma de la tributación de los vehículos, para reducir su peso en la compra. Además, el PP ha propuesto un plan para el desarrollo de infraestructuras de recarga de energías de cero y bajas emisiones.