El Institut Agrícola de Sant Isidre toma la iniciativa en defensa de la agricultura de proximidad de Barcelona que abastece a diario a Mercabarna y del hub agroalimentario del Baix Llobregat ante la intención de la Generalitat de ampliar la zona ZEPA -Zona de Especial Protección de Aves- en el Delta porque “arruinaría la economía del Baix Llobregat y del Área Metropolitana por el impacto en el futuro de las infraestructuras y la pérdida del hub agroalimentario del Baix Llobregat”. En este sentido el presidente del Institut Agrícola, Baldiri Ros, escribe en la editorial de la revista Drecera: “No es necesaria la ampliación de la ZEPA para compensar la ampliación del aeropuerto de 2006 y se podría hacer la actual ampliación sin ampliar las ZEPAS de zona agrícola”.
La patronal agroalimentaria catalana ha remitido una carta a la consellera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación, Teresa Jordà, en la que solicita que la Generalitat cumpla con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea en el 2006, que ha sido apoyada de forma individual por más de 150 empresarios de la comarca que han enviado su propia misiva, que representan más del 70% de los afectados. El Institut considera que, además de los incumplimientos, la Generalitat propone una ampliación de 1.000 hectáreas de la zona ZEPA para ocultar su mala gestión y argumenta en su favor que es una exigencia de la Comisión Europea, cosa que en ningún momento se propone en la Carta de Emplazamiento.
“No se puede sustituir un déficit de gestión crónica con nuevas ampliaciones de la zona ZEPA y más afectaciones a la zona agrícola”, se afirma desde el Institut en la revista Drecera y se detallan las propuestas del sector agroalimentario contra una ampliación de la protección que con “las limitaciones derivadas de un plan de gestión en una zona ZEPA: restricciones a los fitosanitarios, regadío, construcciones, infraestructuras, tipos de cultivo, retirada de la vegetación invasora, daños a la fauna, etc, difícilmente permitirían la competitividad de las empresas agrarias de la zona”.
El Institut Agrícola considera que la Generalitat y el Estado Español no han cumplido con sus compromisos lo que ha motivado que la Comisión Europea haya enviado una Carta de Emplazamiento en la que se insta a cumplir la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en la primera ampliación del aeropuerto.
La Carta de Emplazamiento señala que:
- Las autoridades españolas no han evitado el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies de aves por las cuales se designó como lugar de la Xarxa Natura 2000 del Delta del Llobregat, confirmaron la construcción de tres aparcamientos asociados a la terminal aeroportuaria ocupando la zona de exclusión establecida como corredor ecológico entre El Remolar y Els Reguerons, prevista como una de las medidas en el proyecto de ampliación del aeropuerto, sin haber sido objeto de una evaluación adecuada de sus efectos y sin Declaración de Impacto Ambiental.
- La Generalitat en su respuesta en el año 2015 a la Comisión aportó datos incorrectos e incurrió en contradicciones. Reseñó que los espacios de Ca l’Arana y la desembocadura del Llobregat fueron incluidos en la ampliación de 2006. Sin embargo, la Comisión constata que no se incluyen y pide su inclusión y un plan ambiental.
- Que en ningún momento la Comisión apunta como solución que se amplie la zona ZEPA en terreno agrícola, y que remite la Carta de Emplazamiento instando “a la corrección de los incumplimientos pactados en la primera ampliación”, pero en ningún momento reclama que esta subsanación “se haga hipotecando la zona agrícola”. Es decir, la Comisión Europa no ha pedido nunca más zona ZEPA, por lo que la ampliación de esta zona en 1000 hectáreas es voluntad del Govern de la Generalitat, no una imposición de la Comisión Europa.
Para dar respuesta a esta Carta de Emplazamiento, la Generalitat quiere ampliar en zona agrícola la ZEPA sin tener en cuenta a los afectados. Ante ello, el Institut Agrícola considera:
- Que no hay una gestión del espacio, no existe un plan de gestión, no hay presupuesto ni inversión real lo que ha provocado el abandono de la mayoría de infraestructuras hidráulicas de la zona – la incomparecencia del ACA durante más de 15 años ha impedido que se desarrollara cualquier actuación para paliar los efectos de las inundaciones-, que el Consorcio del Delta del Llobregat, controlado por la Generalitat con un 50% no tiene ni presupuesto ni capacidad para garantizar la eficacia de las medidas.
- Que los incumplimientos, consignados en la Carta de Emplazamiento de la Comisión, permitieron la ocupación de siete hectáreas por la construcción de los parkings, que se eliminó un corrector ecológico previsto en la Declaración de Impacto Ambiental, y que se construyeron sin Declaración de Impacto Ambiental previa, incumpliendo las obligaciones en la directiva sobre hábitats, dañando al territorio y frustrando las medidas compensatorias que pretendían asegurar la coherencia global de la Xarxa Natura 2000.
- Que es fundamental impulsar una “Operación verdad” para poner en evidencia la falta de diálogo de la Generalitat y su falta de transparencia ante los principales afectados, los agricultores, que no han sido ni consultados ni considerados, y que consideran que alguien juega con propiedades ajenas.
- Que exige, para afrontar la situación de forma integral, a la Generalitat el inicio de negociaciones con los afectados, que se cumplan los compromisos como la renaturalización del espacio ocupado por los parkings, que se incluyan los espacios de Ca l’Arana y la desembocadura que no fueron incluidos, la confección de un plan de gestión con dotación presupuestaria y la realización de un estudio medio ambiental que rediseñe una correcta planificación del territorio que no atente contra la actividad agrícola que afectaría directamente a la competitividad de la industria agroalimentaria y del territorio.
- Que la ampliación de la zona ZEPA en la zona agrícola, sin derecho a indemnización, no ha de ser moneda de cambio para evitar, a costa de los empresarios agrarios, el desembolso y la inversión necesaria para la renaturalización de los parkings, que se hicieron sin permiso, arreglar las inversiones hidráulicas y gestionar adecuadamente los niveles poblacionales de las zonas que se protegieron en su día.
- Que “en ningún caso es justificable el uso de las tierras agrícolas para justificar la ineficacia de la administración en la gestión de la zona ZEPA” porque esta ampliación “puede generar la desaparición de las empresas agrarias del Delta”, apunta Baldiri Ros, presidente de l’Institut.
- Que rechaza la ampliación de la zona ZEPA porque atenta contra la industria agroalimentaria que será menos competitiva, muchas empresas desaparecerán y no captará inversiones de futuro, algunas empresas han suspendido sus planes inversores ante la amenaza de la ZEPA, porque no se sustenta en datos cualificados, que no se ajustan a la realidad o que son erróneos, por lo que exige un plan integral que preserve la actividad agrícola.
- Que ante el nuevo escenario es necesario “rehacer la estrategia de ampliación del aeropuerto, teniendo en cuenta que las compensaciones son imprescindibles, así como la participación de los propietarios en las negociaciones”. Además, exige que “se convoque un procedimiento de concurso público donde las partes puedan manifestar sus reivindicaciones. La falta de transparencia existente hasta el momento es del todo inexcusable”.
