La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estudia hacer pagar a los vehículos más contaminantes por entrar o permanecer en el centro de las ciudades, con el fin de echarlos definitivamente de allí. No solo de las grandes urbes como Madrid, Barcelona o Valencia, sino de todas aquellas de más de 50.000 habitantes.
La idea vista con distancia y en la teoría parece lógica. El Gobierno sigue su hoja de ruta para la Transición Ecológica al pie de la letra y busca que los ciudadanos puedan disponer de una mejor calidad del aire, luchando así contra el cambio climático.
Pero si llevamos el planteamiento a la práctica y aterrizamos la teoría a pie de calle, las cosas suenan diferentes. Este nuevo ‘hachazo’ del Ministerio de Ribera afectará, en gran medida, a los ciudadanos que menos recursos tienen y que no pueden sufragar el cambio de su viejo coche por un vehículo eléctrico.
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El Ministerio desincentiva el uso de vehículos contaminantes, pero SU SEDE usa gasóleo para calefacción
La España de finales de 2021 cuenta con una inflación de más del 5%, un coste de la electricidad de más de 270 euros el MWh, unos combustibles a precios casi prohibitivos y una cesta de la compra en la que los precios de los productos básicos no hacen más que subir. En este contexto, ¿es el mejor momento para pensar en recaudar más dinero y penalizar a los conductores?
MOVILIDAD PARA LOS RICOS
Con este tipo de medidas seguro que mejora la calidad del aire en las zonas con restricciones a los vehículos contaminantes, pero se mantendrá igual o empeorará en las áreas donde circulen esos vehículos que los ciudadanos siguen necesitando para poder ir a trabajar o para poder desplazarse sin perder cantidades ingentes de tiempo.
El mensaje que se transmite es claro: los conductores con mayor poder adquisitivo podrán acceder al centro de la ciudad, porque dispondrán de un coche apropiado para ello, haciendo un fuerte desembolso y porque también podrán pagar el peaje anunciado para las autovías. Pero sin dinero, habrá que circular por la periferia o renunciar al transporte particular.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima que «como consecuencia de la implementación de las medidas de impulso de cambio modal, el 35% de los pasajeros-kilómetro que se realizan en la actualidad en vehículos convencionales se desplazarán hacia modos no emisores para el año 2030. Es, asimismo, el resultado de la importante presencia de vehículos eléctricos que se espera para 2030: cinco millones de unidades, incluyendo coches, furgonetas, motos y autobuses, así como el uso de biocarburantes avanzados».
Lo que no desvela el plan del Gobierno a los españoles es cómo pagar esos cinco millones de coches eléctricos, al precio que está en la actualidad ese tipo de vehículo, con los sueldos que se cobran en España y con el elevado porcentaje de paro registrado, sobre todo, tras la irrupción del Covid-19.
LAS CONTRADICIONES DEL GOBIERNO
Llama poderosamente la atención que el Gobierno se preocupe tanto de lo que contaminan los vehículos diesel y gasolina comprados hace ya varios años y, mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico calienta su sede de la Plaza de San Juan de la Cruz, ubicada en Nuevos Ministerios, con gasóleo, un combustible derivado del petróleo altamente contaminante, tal y como ha publicado MONCLOA.com
Las calderas diésel son las más contaminantes del mercado ya que expulsan humo sin ningún tipo de filtro. Estas calderas del Ministerio para la Transición Ecológica contribuyen a las graves emisiones contaminantes que sufre la ciudad de Madrid.
Sin embargo, que se sepa, Teresa Ribera no ha dado ningún paso hacia el cambio del sistema de calefacción de las dependencias de la sede que dirige, mientras pretende impedir el paso, justo delante de la sede ministerial, a los vehículos de millones de ciudadanos porque contaminan demasiado. En definitiva, echando mano del refranero: consejos vendo que para mí no tengo.
También es altamente contradictorio el afán que se muestra por penalizar la contaminación de la movilidad en la ciudad, que luego contrasta con el estudio realizado por las organizaciones Oil Change International y Overseas Development Institute, en el que se explica cómo de los países que integran la iniciativa Export Finance for Future (E3F), es decir, España, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido, el nuestro es el mayor proveedor de financiación de combustibles fósiles en el extranjero.
España, a través de su ECA Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación – CESCE, financia la iniciativa E3F y ocupa el poco honorífico primer puesto en este ranking, habiendo destinado un total de 6.200 millones de euros. A España le siguen a cierta distancia, en cuanto al gasto, Alemania (a través de su ECA Euler Hermes), con 5.000 millones de euros, y el Reino Unido (a través de UK Export Finance – UKEF), con 3.700 millones de euros entre 2018 y 2020.
Según la investigación, que lleva por nombre “Export finance for the past or the future?”, entre todos estos países destinaron 22.400 millones de dólares, unos 20.000 millones de euros, a financiar exportaciones para proyectos de combustibles fósiles en el extranjero entre los años 2018 y 2020.
Sin duda, esos 20.000 millones de euros contrastan con los aproximadamente 17.000 M€ que invirtieron esos siete países como apoyo a la exportación a la energía verde. Máxime cuando luego en cumbres como la de Glasgow la mayoría llevan la voz cantante a la hora de exigir severas medidas en aras de una transición ecológica mundial.
