Empezamos una semana atípica en España con Consejo de Ministros en lunes debido a que el martes es festivo en Madrid por el día de Almudena, un encuentro que la ministra de Hacienda va a aprovechar para sacarse de la manga un Real Decreto para modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como plusvalía municipal), que tumbó hace unos días el Tribunal Constitucional.
Así lo avanzó María Jesús Montero en un bochornoso acto electoral que ha encendido a las redes sociales, al grito de «tranquilos, que el lunes arreglo lo de la plusvalía», demostrando el modus operandi de un Gobierno que legisla a golpe de decreto y con poco respeto por las instituciones públicas.
La idea del Ministerio de Hacienda es crear un nuevo sistema de cálculo que permita a los ayuntamientos seguir ingresando cuantiosas cantidades por cada transmisión inmobiliaria y que grava en realidad la supuesta revalorización que han sufrido los terrenos urbanos sobre los que está construida una casa desde el momento de la compra hasta que se traspasa. Y digo supuesta porque precisamente lo que indica el TC es que se ha abusado de esa figura para recaudar de forma irregular gracias a incrementos ficticios del valor creados por el actual método de cálculo.
Aunque desde el departamento de Montero se afirma que con el nuevo Real Decreto se permitirá a los contribuyentes tributar en función de la plusvalía real, es decir, de la diferencia entre el precio de venta y el de compra; en realidad hay trampa. Y es que Hacienda va a crear un nuevo sistema de cálculo en función de valor catastral y de unos coeficientes diseñados para la ocasión. Sólo si el contribuyente demuestra que la plusvalía real es inferior a la calculada con el nuevo método, podrá tributar por ella. Y para asegurar que el sistema seguirá siendo beneficioso para los ayuntamientos serán ellos quienes determinen que los datos presentados son correctos.
Como bien nos recuerda el diario El País, esta reconfiguración del impuesto se realiza para «no estrangular las finanzas municipales», ya que esta figura fiscal es la segunda que más aporta a las arcas locales, por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que periódicamente se sube gracias a los catastrazos. El objetivo es, por lo tanto, que las haciendas locales no pierdan los 2.500 millones de euros que ingresaban por la plusvalía municipal en los años anteriores a la pandemia. Aunque ello suponga retorcer la sentencia del TC, algo que se ha convertido en habitual por parte de los políticos españoles.
QUE VIENE LA MOROSIDAD….
En el ámbito financiero no se habla de otra cosa que del aumento de la morosidad, que los bancos mantienen a raya gracias a la ingeniería contable pero que ya comienza a asomar la patita por debajo de la puerta de la economía española. El Banco de España ha salido a la palestra ha expresar su enorme preocupación porque el volumen actualizado de créditos en riesgo de impago alcanza ya los 93.000 millones de euros. Esta cantidad representa casi el 9% de la cartera de préstamos de las entidades españolas y en lo que va de año se ha duplicado.
El agujero no afecta sólo al sector financiero, sino también al Ministerio de Economía, ya que los mayores impagos se están registrando en los créditos ICO concedidos con motivo de la pandemia y que tienen aval estatal. Según los datos del organismo supervisor que dirige Hernandez de Cos, un 16% de los prestamos concedidos están en riesgo de mora, una tasa que duplica la contabilizada en el primer semestre del año.
Los sectores más afectados por los impagos crediticios son el turismo, hostelería, el transporte y la automoción, que ven como tras el fin de las restricciones se disparan sus costes por la crisis energética mientras sufren desabastecimientos de componentes por los problemas logísticos. Todo ello en un contexto inflacionario y acompañado por regulaciones laborales que elevan aún más los costes. Que llegue un aluvión de EREs es cuestión de tiempo y la banca no sólo es consciente de ello, sino que participará en el proceso.
LA CASA BLANCA SE ENFRENTA A LA OPEP+
Y ya que sacamos a colación la crisis energética no podemos evitar hablar del conflicto entre la OPEP+ y Estados Unidos a cuenta del suministro de petroleo. Resulta que la Casa Blanca pidió públicamente al cartel de productores (en el que está Rusia) que aumentara el bombeo en más de 400.000 barriles diarios, que era la cantidad pactada hace meses por esta organización.
Sin embargo, la pasada semana la OPEP+ comunicó que no modificaría su estrategia para reducir el importe del oro negro y el Gobierno de EEUU ha dicho públicamente que está preparado para utilizar «todas las herramientas» necesarias para reducir los precios del combustible, acusando al cartel de “poner en peligro la recuperación global”.
Menuda paradoja ¿no creen? Ahora resulta que la recuperación global depende del precio de unos hidrocarburos que los gobernantes dicen querer expulsar de nuestras economías porque son contaminantes. Este tipo de conflictos demuestran que el petróleo seguirá teniendo un papel fundamental en el desarrollo de los países y que la supuesta lucha contra el cambio climático es una excusa para subir y crear nuevos impuestos, alimentar burbujas de activos y retrasar el necesario ajuste que debería haberse producido tras la crisis financiera de 2008-2012.
La necesidad de hidrocarburos es de tal magnitud que el precio del petróleo está cerca de alcanzar sus máximos en siete años y los estadounidenses ya pagan la gasolina un 60% más cara que hace un año. Lo cual explica la beligerancia de la Casa Blanca con el cartel.
LA BANCA CENTRAL TEME A LA INFLACIÓN
Por lo tanto veremos como en los próximos meses el crudo sigue presionando al alza sobre la inflación, que es el gran quebradero de la cabeza para las autoridades económicas aunque los banqueros centrales de EEUU y Europa sigan poniéndose de perfil. Tras la reciente reunión del consejo de gobierno de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) el mercado espera que las subidas de tipos de interés comiencen en 2023, aunque si la subida de precios es estructural (y no coyuntural como sigue manteniendo Jerome Powell) podrían producirse en la segunda mitad de 2022.
En cuanto al BCE, Christine Lagarde sigue manteniendo su hoja de ruta, es decir, no reducir por el momento el programa de compra de activos y preparar otro a partir de diciembre con nuevo nombre pero mismo objetivo: mantener bajos los costes de financiación para evitar la quiebra de España e Italia. El consenso de analistas no espera subidas de tipos en la eurozona al menos hasta 2024, aunque todo dependerá de la evolución de la inflación en el segundo semestre del próximo año.
OJO AL EURIBOR
Antes de que se produzca el incremento de las tasas de interés de referencia el BCE reducirá la penalización que cobra a los bancos por el dinero que depositan en el banco central (la denominada técnicamente «tasa de facilidad de depósito»). Ojo porque cuando esto se produzca se trasladará al Euribor, que es el tipo de interés interbancario y al que se referencia la mayoría de las hipotecas variables en España. De hecho el indicador ya está experimentando un leve aumento, que lo sitúa en su mayor nivel del último año aunque siga en terreno negativo.
Si van a contratar una hipoteca aprovechen las ofertas que están haciendo los bancos en este final de año, porque a lo mejor en 2022 las condiciones financieras son peores. Eso sí, tengan cuidado con las comisiones, que son las que actualmente mantienen el negocio de las entidades con casi 15.500 millones de euros de ingresos entre enero y septiembre, un 11% más que hace un año.
