El Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid ha condenado a Abertis, Sacyr y ACS al pago conjunto de 450 millones de euros a Haitong Bank, agente del sindicato financiador de las radiales 3 y 5 de Madrid, que quebraron durante la crisis financiera y tuvo que rescatar el Gobierno. Según informaron fuentes jurídicas, el juez ha estimado en la demanda las pretensiones de los demandantes por el supuesto incumplimiento de la cláusula 4 del Contrato de Apoyo de la financiación de ambas radiales.
La sentencia reclama a Abertis 175 millones de euros, a Sacyr 141 millones y a ACS otros 133 millones de euros, por sus participaciones del 31,22%, del 25,16% y del 23,62% en la sociedad concesionaria, Alazor Inversiones. La sentencia tiene recurso de apelación en segunda instancia, ante la Audiencia Provincial de Madrid, y recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Además, falta por resolverse en vía judicial todavía la cuestión de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) como concedente y actual dueña del activo. En el supuesto de que la Administración pagara la RPA, esos importes servirían para pagar la deuda de la concesionaria a los fondos oportunistas.
FACTURA PROVISIONAL
Estas dos autopistas, que unen Madrid con Arganda y Navalcarnero, quebraron con una deuda de 449 millones de euros tras el descenso del tráfico registrado durante la última gran crisis financiera de 2008. El entonces Ministerio de Fomento las rescató en mayo de 2018 y ahora sigue asumiendo su gestión bajo la sociedad pública Seittsa.
El importe demandado por Haitong corresponde a los contratos de apoyo que las tres compañías firmaron con los fondos, que incluían una serie de garantías de pago en caso de quiebra, que es lo que finalmente sucedió.
Bajo la condición de ‘ejes imprescindibles para el país’, estas autopistas se construyeron durante la etapa de Gobierno de José María Aznar por iniciativa privada, aunque con garantías del Estado. Una vez que las autopistas quebraron, los bancos vendieron la deuda a los fondos de inversión, que se hicieron con su propiedad, aunque la gestión pasó a manos del Estado.
Por ello, el Gobierno está calculando ahora la RPA de estas dos autopistas y otras siete que también quebraron, que es el pago que el Estado debe realizar a los propietarios de las vías por la inversión realizada en su construcción y que aún no habían amortizado.
Por el momento, la factura calculada por el Gobierno por el rescate de las dos radiales de Madrid es de cero euros, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura.
