El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa pretendía ejecutar en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo).
Los magistrados de la sala de lo social del Supremo se reunieron el pasado miércoles día 20 para deliberar sobre el recurso que interpuso la multinacional contra la anulación del ERE, que afectaba a más de 500 trabajadores. Con su decisión, conocida este jueves, desestiman el recurso de casación interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal.
En su día, el TSXG decretó nulo el ERE de Alcoa al apreciar «mala fe» en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo «fin único y primordial» era «apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible».
Ahora solo queda saber qué va a hacer el Gobierno. ¿De una vez por todas va a tomar cartas en el asunto y defender los derechos laborales de todos los trabajadores o va a seguir mirando para otro lado mientras Alcoa sigue actuando de mala fe un día tras otro? Alcoa tiene que salir de este país y la única forma que hay se llama SEPI», ha aseverado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
En este sentido, ha valorado que quienes tenían razón eran los trabajadores «y no la empresa, que quiso aplicar un despido injusto». «Solo la posición de toda una comarca y de los trabajadores, que siempre creyeron que la solución era seguir produciendo, fue la que consiguió que el Supremo ratifique que fue una auténtica vergüenza todo lo que ha pasado», ha concluido.
Por su parte, la CIG acoge «con enorme satisfacción» el auto y precisa que ratifica «en todos sus aspectos» la sentencia por la que se declaró la nulidad del ERE de Alcoa, «tirando abajo punto por punto el recurso de la empresa».
Para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, hoy «se vuelve a confirmar judicialmente la razón que asiste a los trabajadores en su lucha contra los despidos y el cierre de la fábrica». «Alcoa debe tomar nota, dar un paso atrás y permitir una solución que garantice la continuidad productiva y de todos los empleos», afirma.
En cuanto a los gobiernos central y gallego, «tienen la obligación de aplicar esa solución, procediendo a la intervención pública de la factoría», incide.
En otra nota de prensa, UGT-FICA-Galicia aplaude la confirmación del TS y añade que «la lucha por el futuro de Alcoa no termina aquí», para abogar por «seguir trabajando entre todos por el futuro de la factoría».
«Las administraciones deben implicarse y coordinarse en la búsqueda de una salida para una fábrica que sí tiene futuro», incide esta organización.
En un comunicado, por último, el comité apela a la prudencia, toda vez que el Supremo ha indicado que «en los próximos días se conocerá el texto completo de la sentencia de la Sala de lo Social» del tribunal.
