El transporte de pasajeros por carretera no vive su mejor momento. Tras un duro 2020 donde todas las empresas tuvieron que parar en casi todas sus rutas, ahora ven con incertidumbre el anuncio del pago por uso de carretera. Entre medias, un intento por levantar cabeza para el que se han apoyado en las ayudas de los ERTEs, pero que ahora ven que no ha tenido mucho sentido. De hecho, en mayo del pasado año, las empresas aglutinadas en Fedintra, la patronal andaluza, ya daban por perdido el año debido a la cancelación de los contratos turísticos.
En la pasada asamblea general de Confebus, Rafael Barbadillo, su presidente, expresó su preocupación ante la ministra Raquel Sánchez por el anuncio del Ministerio de Transportes. «Nos preocupan los anuncios que se están haciendo en materia fiscal, concretamente me estoy refiriendo a la posible introducción de la tarificación por el uso de las infraestructuras, que de aplicarse al transporte público desincentivaría su uso ya que encarecería los títulos de transporte».
«Nos comentaron que al sector de transporte de viajeros no estaba previsto meterle en el pago de autopistas y autovías. Si nos metieran sería un auténtico desastre», destaca Antonio Vázquez, presidente de Fedintra. Vázquez lamenta que «ahora que estamos intentando levantar cabeza, si nos meten lo de los peajes creo que sería la puntilla del sector». Las compañías de autobuses vienen de una época dura, de la que todavía no se han recuperado. Habría que dar facilidades al transporte colectivo, por ahí van las medidas en los países del norte de Europa, donde se promueve un transporte más sostenible», afirma el presidente de Fedintra.
Por otro lado, desde el sector expresan que esta medida les haría perder competitividad como país turístico frente a los principales competidores. El Brexit ya les ha supuesto a las compañías una pérdida importante de parte del negocio, sobre todo a las andaluzas, que han perdido parte del pastel en la Costa del Sol. «Solicitamos que, de implantarse tal medida, tenga un efecto neutral para el transporte de viajeros por carretera, porque su uso contribuye a la descongestión de las infraestructuras, une a la España rural, reduce las emisiones y fomenta el turismo, por destacar solo algunas de sus contribuciones», señala Barbadillo.
La implantación de los peajes repercutirá en el billete que pagan los usuarios
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
El momento que está viviendo el sector de los autobuses no es el ideal para generar beneficios. A esta problemática de los peajes, se une la liberalización de las líneas ferroviarias. Los nuevos competidores, como Ouigo o Ilsa, han quitado usuarios a las líneas de autobuses de larga distancia, sobre todo a la línea Madrid-Barcelona, que es en la que operan. Además, esto puede llevar a un efecto dominó sobre el sector del autobús, que también puede acusar la entrada de otros competidores extranjeros que sigan haciéndole perder cuota de mercado. Esta situación podría provocar incluso la desaparición de compañías pequeñas que no vean rentable hacer algunos trayectos.
A todo esto se suma algo esencial en el día a día de cualquier empresa de autobús: la gasolina. Su precio ha estado aumentando e incluso no se espera que baje a corto plazo. Ahora mismo, el precio de la gasolina está en niveles que solo se habían visto en 2014. Y, además, en un momento en el que tanto el coste energético como las materias primas están también con unos precios por las nubes. Los datos de la CNMC reflejan que estos costes han aumentado entre 2014 y 2020 en tres céntimos por litro tanto en gasóleo A como en gasolina 95. El coste récord del margen bruto de distribución tiene un efecto más costoso para el usuario, que está obligado a llenar el depósito.
Igualmente, como confirman diversos actores del sector, todos estos problemas repercutirán en el billete que pagan los usuarios por utilizar el transporte. Esto es sobre todo porque las compañías de autobuses no tienen acuerdos con las concesionarias para pagar un peaje reducido en las vías que operan. «Pagamos los peajes exactamente igual que cualquier camión», destaca Antonio Vázquez, presidente de Fedintra. En los últimos cinco años previos a la pandemia, más de 14.600 millones de viajeros han utilizado este modo de transporte, por lo que con estas nuevas tasas no solo se penalizaría al sector, sino también a los miles de usuarios diarios del mismo, que verían incrementado el precio del servicio.
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Uno de los puntos que esgrimen todos los actores del sector es que el autobús es el mejor aliado de la movilidad sostenible. Aún más cuando han invertido en mejoras para convertirse en una alternativa de peso al transporte individual. Según Confebus, en el plano medioambiental, se trata del modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera. Además, es responsable del 0,42% del total de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en España.
«Estamos intentando, en términos de sostenibilidad, quitar vehículos de la carretera y promover el transporte colectivo en vez del individual. Por tanto, esto va en contra de los objetivos de desarrollo sostenible», explica Antonio Vázquez. A esta reivindicación se suma Confebus, que señalan que incrementar la elevada carga fiscal del sector aplicando nuevas figuras impositivas a los operadores desincentivaría el uso del transporte colectivo. Por el contrario, esto otorgaría un tratamiento más favorable al vehículo privado, una clara contradicción con los objetivos medioambientales.
