La expresión ‘hacer las américas’, en el caso que nos ocupa, no podría ser más oportuna. Sobre todo, debido a que las constructoras españolas, entre ellas Sacyr, ACS o FCC, han tenido que buscar concesiones en otros países, americanos la mayor parte, ante la inactividad del Gobierno español. Y sobre todo por una ley, la de Desindexación. Según destacan desde el sector, es la gran barrera para hacer atractivas las concesiones a la inversión privada. Incluso, en algunos casos, llega a limitar la licitación de nuevas concesiones de obra pública.
En el encuentro sobre infraestructuras de la consultora Deloitte, los principales actores del sector de la construcción e infraestructuras pedían un cambio en el modelo de contratación de obra pública en España. Santiago García, director general de Dragados, es claro sobre las concesiones: «Hoy por hoy no se está haciendo ninguna concesión en España. Hemos pasado de ser uno de los más importantes a prácticamente estar abandonando el modelo. ¿Y por qué? El marco regulatorio lo hemos tenido, y si se han hecho es que se pueden hacer. Pero, en mi opinión, se están poniendo una serie de trabas últimamente que lo dificultan o imposibilitan», incidió en el encuentro.
El marco regulatorio al que se refiere es la ley de Desindexación. La patronal de la construcción, Seopan, cree que esta regulación es inadecuada y, sobre todo, es la gran barrera que desincentiva la inversión del sector privado. En principio, esta ley se planteó para contratos de obra de corto y medio plazo, pero ahora mismo supone un obstáculo para los contratos de concesión a largo plazo, ya que el período de recuperación de la inversión es determinado por el órgano de contratación.
De la misma opinión es Pedro Sigüenza, CEO de Sacyr, que destacó en el encuentro que «estamos aquí las mayores concesionarias del mundo licitando por todo el mundo y, sin embargo, en España no tenemos ninguna concesión a la vista. Esto es una pena, porque hay dinero en el mercado y nos van a obligar a ir a la senda de control de las cuentas públicas». Para más inri, Sigüenza apuntó que ellos se definen «como una empresa concesionaria, el 80% de nuestra cartera viene de concesiones. El éxito de nuestra concesionaria es tener una constructora que le permite hacer las obras en buena calidad, precio y plazo».
En los últimos cinco años, las concesiones de las compañías en España han sido del 2,5%
MODELO DE CONCESIONES
Según los últimos datos de Seopan, las compañías españolas han contratado concesiones internacionales por valor de 61.066 millones de euros en todo el mundo. Esta cifra ha sido recaudada por las constructoras durante los últimos cinco años. Pero de este total de contratos solo 1.577 millones, es decir, el 2,5% del total, pertenecen a proyectos surgidos de la colaboración público-privada en España. Es decir, según Seopan, la actividad concesionaria en el país realizada por empresas españolas es hasta seis veces inferior a la desempeñada en otros países.
El número de concesiones ha ido cayendo año tras año en España. Solo el pasado año se realizaron 51 concesiones, 4 de ellas del Estado, frente a las 240 que hubo en 2019, de las que 219 fueron realizadas por el Estado, según Seopan. La mayor de estas 4 concesiones en 2020 fue la de la terminal portuaria del Puerto de Sevilla. Esta se adjudicó por 4 millones de euros, que irían destinados a obra civil e incluía la construcción de un atraque.
Las concesiones representan una parte importante del negocio de las compañías constructoras. En concreto, de los 38 países que canalizan esos 61.066 millones de euros a través del modelo concesional con compañías españolas, Australia, Canadá o Estados Unidos concentran más de la mitad del importe (31.248 millones). A estos les sigue el grupo formado por Colombia, México, Reino Unido y Chile, con 9.830 millones de euros. Y, sin embargo, el nivel de interés de los inversores en nuestro país es uno de los más altos, incluso al nivel de los primeros del mundo.
Para las compañías, es imprescindible recuperar el modelo concesional en la contratación pública, en desuso desde 2012, ya que no impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera la titularidad pública de la infraestructura y que sí es utilizado por el resto de países de la Unión Europea. Igualmente, y enlazado con esta problemática, está el tema de la colaboración público-privada. Desde el sector defienden que no hay otra alternativa posible para garantizar el nivel mínimo de inversión pública en infraestructuras.
Igualmente, como resume el CEO de Sacyr, «para mantener un nivel de infraestructuras necesitamos ir a un modelo concesional como el de los países vecinos. En Italia hemos licitado muchas concesiones este año y hemos ganado y firmado dos grandes».
FONDOS EUROPEOS
Los fondos europeos Next Generation se perfilan como la oportunidad que necesita España para impulsar las concesiones de obras y servicios tras una década en la que el volumen de licitaciones bajo esta fórmula se ha hundido drásticamente. Sigüenza destaca que «tenemos una oportunidad de oro con los Fondos Europeos, y para que sean un éxito, debemos cambiar el procedimiento de contratación».
Seopan advierte de que no resolver este «grave problema» implica no seguir las recomendaciones de la Comisión Europea para impulsar la financiación privada en España y no maximizar los objetivos en la presentación de proyectos a la línea de préstamos del fondo europeo. Para la patronal, la colaboración público-privada «constituye una eficaz herramienta para presentar proyectos que puedan beneficiarse del Fondo de Reconstrucción Europeo».
